Ramona G. lo presenta como “mi primo” a sus compañeros de estudio, alguien que la sigue a sol y a sombra. En realidad, el hombre que la acompañó durante toda la adolescencia es el custodio que le da el Estado por ser la testigo clave del crimen de su amigo Ramón González, de 11 años, cometido en 2006 en Mercedes, Corrientes.
Ahora Ramona tiene 21 años y vive lejos de su ciudad natal. Desde los 15 se refugió en un lugar donde nadie la conoce.
El caso Ramoncito, como lo llamó la prensa, no fue un crimen más. Ramona declaró dos veces ante la Justicia que su amigo fue torturado, violado y degollado ante un grupo de personas que le dieron un significado mágico-religioso al asesinato. Su testimonio sirvió para condenar a cadena perpetua en 2011 a nueve personas que planearon matar a Ramoncito e integraban una banda que vendía drogas y explotaba sexualmente a niños.
Ramona pasó su adolescencia en un hogar de menores del que trató de huir, donde tuvo intentos de suicidio y sufrió amenazas de muerte. Finalmente el Estado provincial le dio una casa, custodia y un subsidio.
Pero la ley correntina no prevé la figura del testigo protegido. La cobertura que recibe Ramona no incluye la atención psicológica ni médica.
La joven presenció un asesinato y violaciones de niños, por lo que sufrió cuadros depresivos y traumas. La ONG Infancia Robada, liderada por Martha Pelloni, le dio asistencia legal y psicológica, que la ayudó a recuperarse. Ya terminó el secundario y empezó una carrera terciaria.
Sin embargo, el 11 de febrero tuvo que declarar otra vez por el crimen de su amigo. Es que, cuando se llevó a cabo el juicio por el caso, Daniel Alegre, supuesto autor material, estaba prófugo. Se lo capturó meses después y recién se lo pudo empezar a juzgar en octubre de 2014.
En el nuevo proceso, María Alicia Colombi, defensora de Alegre, pidió al Tribunal Penal Oral de Mercedes que Ramona declarara otra vez. Hermindo González, abogado de la joven, presentó un informe psicológico que consideraba “perjudicial someterla a cualquier tipo de interrogatorio que la colocara en situación de revivir situaciones traumáticas”. Entonces el fiscal Juan Alegre pidió que se incorporaran por lectura dos declaraciones que Ramona había hecho en el primer juicio.
Finalmente, Ramona declaró desde las 14 hasta las 22.30 en una audiencia que debía interrumpirse cada vez que le pedían detalles sobre las torturas a Ramoncito o le exhibían fotos de la escena del crimen. La joven se quebraba y una psicóloga intentaba contenerla.
Ella confirmó lo dicho en el primer juicio: quién era el asesino, quienes formaban el grupo que planeó el ritual y quiénes lo financiaban –el fallecido estanciero Luis Enciso–, e involucró al actual intendente de Mercedes, Víctor Cemborain.
Luego de la audiencia, González pidió “que la Justicia, tan celosa por el testimonio de Ramona, investigue quiénes financiaron el crimen. Esa causa está cajoneada desde 2010”.
