A una semana de que seis delincuentes se escaparan de la alcaidía de Caballito, otro preso se fugó de una comisaría porteña este domingo. En esta ocasión, el prófugo estaba alojado la Comisaría Vecinal 1D, ubicada en Lavalle al 400, en el microcentro porteño.
Según indicaron fuentes policiales, el hombre fue identificado como Wilson Marcelo Ramírez Ríos, quien vestía una musculosa azul y un pantalón negro corto al momento de su escape. Es de nacionalidad peruana, mide 1,65 metros y estaba detenido desde el 13 de enero por los delitos de encubrimiento agravado, falsificación de documentación pública y resistencia a la autoridad.
La evasión se habría producido durante el horario de visitas, cerca de las 16, en circunstancias que aún se investigan. En tanto, la Policía de la Ciudad revisa las cámaras de seguridad en busca de pistas sobre su paradero, mientras continúa la preocupación por la falta de espacio en las alcaidías y la demora en el traslado de detenidos al Servicio Penitenciario Federal.
El escape de Ramírez Ríos es el más reciente de una serie de fugas que se han registrado en la Ciudad en las últimas semanas. En esa línea, exactamente una semana atrás, el domingo 9 de febrero, seis presos escaparon de la Comisaría Vecinal 6A de Caballito, entre ellos Eduardo Ajalla Cabrera, de 39 años, acusado de homicidio y aún prófugo.
El 22 de enero, otro intento de fuga fue frustrado en la alcaidía 8 Bis cuando se descubrió que los detenidos intentaban perforar un boquete en una de las celdas. Sin embargo, el 24 de diciembre del año pasado, diecisiete presos lograron huir de la Alcaidía Comunal 9 en Liniers utilizando el mismo método.
Las polémicas en torno a las fugas de los presos
Estos incidentes generaron cruces entre el Gobierno porteño y el nacional. Sumado a esto, desde el bloque de la Legislatura porteña de Unión por la Patria pidieron que el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, brinde explicaciones sobre la seguidilla de fugas. La citación está prevista para el martes 18.
La polémica también incluye a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien criticó al Gobierno porteño por frenar la construcción de una alcaidía en Villa Soldati. Sumado a esto, recordó que fue Horacio Rodríguez Larreta quien paralizó la edificación de un penal en Marcos Paz, ahora retomado por Jorge Macri.
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Por su parte, Wolff responsabilizó al Gobierno nacional y respondió que los delitos de robo y hurto no fueron transferidos a la Ciudad, indicando que corresponden al Servicio Penitenciario Nacional. "Este Gobierno nacional se tiene que llevar los presos y no se los lleva", sentenció.
En ese sentido, fuentes del Gobierno porteño recalcaron este domingo a Noticias Argentinas que "más del 90 por ciento" de quienes se encuentran alojados en alcaidías dependientes de comisarías porteñas pertenecen a causas de la Justicia nacional, que deberían cumplir su detención en cárceles federales.
"Desde 2020 el Gobierno nacional dejó de cumplir el compromiso de ponerlos en cárceles federales", sostuvieron las fuentes. "La ley y los habeas corpus son claros en cuanto a que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) se los tiene que llevar, más allá del avance de cualquier transferencia, e independientemente a una fuga en comisaría", agregaron.
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En junio de 2020, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad presentó un habeas corpus colectivo y correctivo ante el Juzgado Penal N°3 de la CABA, denunciando que las restricciones del SPF y las medidas del Ministerio de Seguridad de la Ciudad agravaron la vulneración de derechos de los detenidos. El juzgado ordenó la creación de una "Mesa de Aproximación" para desalojar las comisarías y restablecer el funcionamiento normal de las alcaidías.
En tanto, el 25 de noviembre de 2024 el Juzgado resolvió ejecutar la sentencia firme del 6 de julio de 2020, ordenando al SPF a trasladar en tres meses a todas las personas condenadas alojadas en dependencias policiales y, en cuatro meses, habilitar 1.600 plazas para detenidos con situación procesal resuelta.
La Cámara de Apelaciones en lo Penal y Contravencional de la CABA rechazó in limine el recurso de apelación interpuesto por el SPF contra esta decisión, indicando que efectivamente la resolución que el juzgado de primera instancia ordena ejecutar se encuentra firme.
MB/ML
