La primera vez que el nombre de la funeraria Dilon apareció en los medios fue por una situación bizarra y similar a una recordada escena de la película Esperando la carroza. La noticia era que habían velado a la persona equivocada.
Fue en julio de 2021. Lo que en ese momento pocos sabían es que desde febrero de 2013 esta empresa familiar estaba en la mira de la Justicia por sospechas de narcolavado. La causa se había iniciado a partir de la denuncia de un testigo protegido que advirtió sobre posibles hechos vinculados al tráfico de droga y la trata de personas con cobertura policial.
El dato que aportó es que en un predio de Estación Camet, en el partido General Pueyrredón, ingresaban gran cantidad de personas, camiones –algunos de ellos con patentes de Paraguay– y autos de alta gama.
La investigación, a cargo del fiscal federal Santiago Eyherabide, no fue fácil y demandó varios años. “Hubo frustrados intentos de intervención telefónica en el predio central de la organización por negativa de la prestataria, cuyo titular resultó tener vínculos con las personas investigadas, como también dificultad para realizar las tareas de inteligencia por las características del lugar que tenía paredones de gran altura y descampados a su alrededor”, destacó en su dictamen el juez federal Santiago Inchausti, quien dictó el procesamiento de los siete acusados, entre ellos un expolicía de la Bonaerense y dos contadores.
Para la Justicia, Ricardo Oscar M. sería el líder de una banda de la que también formarían parte sus hijos Ricardo Alberto y Carolina, y su nieto Gastón. También su yerno, el expolicía Juan Marcelo G.
El juez Inchausti, en coincidencia con el fiscal Eyherabide, entendió que junto a los contadores Sebastián M. y Yamil S. conformaron una organización a través de la cual “compraron y administraron bienes inmuebles, vehículos y hasta una embarcación, sin sustento ni justificación patrimonial y bajo la sospecha de que fueron adquiridos con dinero del narcotráfico”.
Hola Corrientes. Un dato que hoy cobra mayor relevancia es que el supuesto cabecilla y su mujer abandonaron Mar del Plata en el año 2018 para instalarse definitivamente en la ciudad correntina de Goya. El destino elegido no parece casual: la investigación por la misteriosa desaparición de Loan Peña (5) destapó un escándalo que involucra a policías y dirigentes políticos, y que ubica a esta provincia como una de las principales rutas de la droga y el tráfico de personas, entre otros delitos.
En Corrientes, según la investigación, Ricardo y su pareja pusieron en marcha nuevos emprendimientos y siguieron controlando las actividades comerciales que tenían en Mar del Plata, que aparentemente quedaron a cargo de sus hijos.
Negocios. Desde 2013 y hasta la actualidad, la organización habría “adquirido numerosos bienes, tanto muebles –en su mayoría rodados de alta gama– como inmuebles, sin poseer respaldo económico para ello”. Esto lo convirtieron en una práctica habitual, con la intención de camuflar como genuino ese patrimonio.
Entre los emprendimientos detectados como posibles “fachadas”, se encuentra el predio de dos hectáreas ubicado en el barrio Estación Camet de Mar del Plata, que sería epicentro del accionar delictual; y una vivienda en el barrio Los Zorzales, donde se pudo observar una carpintería y fábrica de ataúdes y puertas, que en realidad no funcionaban como tal.
La organización familiar contaba con un comercio ubicado en San Juan al 3000, donde funcionó la Funeraria Dilon, que luego atendería en otro local cercano sobre la calle La Pampa, aunque con el nombre de fantasía Funeraria Memorial.
También adquirieron una granja y fiambrería ubicada en el centro de Mar del Plata, que debió ser cerrada en pandemia; una propiedad de dos pisos en Goya, que compartía una funeraria en planta baja y vivienda en planta alta; otro inmueble en la misma ciudad correntina que funciona como maderera; y hasta un complejo de catorce cabañas a la vera del río, que también brindaba servicios de pesca, en la localidad de Esquina, Corrientes.
Además, en la investigación patrimonial se detectó un excesivo gasto de dinero, por ejemplo, en viajes frecuentes realizados al exterior.
Para la fiscalía la organización se dedicaría a gestionar, mantener y administrar distintos emprendimientos comerciales y sociedades, con apariencia de licitud, utilizando las mismas como fachada para poder volcar al mercado fondos de origen espurio provenientes de la comisión de ilícitos.
Dictamen. Como primera medida la Justicia resolvió procesar a los siete acusados por el delito de lavado de activos y les trabó un embargo de mil millones de pesos a cada uno. También dispuso el decomiso de diez vehículos, una embarcación, un predio de dos hectáreas en Mar del Plata, una vivienda en Goya y el complejo de catorce cabañas que habían adquirido en la localidad de Esquina.
Según las fuentes, la investigación permitió “desentramar numerosas maniobras de conversión, administración y/o puesta en circulación en el mercado de bienes por un monto superior a 140 millones de pesos, según se desprende de la documentación analizada, como boletos de compraventa, escrituras, legajos B, entre otros, en relación con la valuación de los automotores analizados y las operaciones realizadas con los inmuebles”.
Durante las tareas de campo los investigadores advirtieron que el clan recibía avisos de posibles operativos de parte de funcionarios policiales. “Se detectó la supuesta connivencia que existía, en ese sentido, entre la organización y al menos un funcionario policial, pareja de la hija del líder de la banda, que dependía de la subcomisaría con jurisdicción en el predio en cuestión, en Parque Camet”, se detalló en el dictamen.
La relación con el principal narco de Mar del Plata
Los investigadores del caso están convencidos de que el dinero que esta familia utilizó para comprar bienes, instalar negocios o viajar al exterior proviene del narcotráfico. En la ruta de esta causa aparecen varios nombres pesados, entre ellos el de Hugo Alberto Esteban, alias “Coco”, un histórico capo narco de Mar del Plata que estuvo más de dos años prófugo y en junio pasado fue condenado a 13 años de prisión.
Una de las principales pistas surgió del análisis del teléfono fijo que había en el predio de Estación Camet, donde ingresaban y salían camiones todo el tiempo. Cuando se logró intervenir esa línea detectaron un flujo de más de cien comunicaciones con la vivienda particular de Coco, vinculado entre otros delitos con el transporte de casi tres toneladas de marihuana desde Misiones, posiblemente traída desde Paraguay.
Según se pudo determinar en la causa, los miembros de la banda tenían numerosos cruces hacia este país limítrofe a bordo de diversos vehículos, uno de ellos, una Toyota Hilux a nombre de una mujer vinculada a la causa denominada Lavado Total.
Otro indicio surgió del teléfono de contacto de la sociedad anónima que integraba el policía que formaba parte de la organización: curiosamente tiene como domicilio de facturación la vivienda familiar de los Esteban.
