En el sector privado, la innovación es una cuestión de supervivencia. Las empresas saben que, si no adoptan nuevas tecnologías y capacitan a sus recursos humanos, quedarán fuera de juego. Este dinamismo las obliga a evolucionar constantemente, implementando soluciones digitales que optimizan su competitividad. Mientras tanto, en el sector público, los cambios ocurren a un ritmo mucho más lento. El Estado, atrapado en una maraña de procesos obsoletos y una cultura profundamente arraigada en la frase: “esto lo hacemos de esta manera porque siempre se hizo así”, justifica la falta de innovación y perpetúa una burocracia ineficiente.
Este contraste no es solo una cuestión de ritmo, sino de mentalidad. La resistencia al cambio es común en todas las instituciones públicas, donde cada avance tecnológico suele encontrar una barrera invisible de excusas y reticencias. Si bien el sector privado está continuamente innovando para sobrevivir, el Estado se aferra a sus viejas costumbres, sin advertir que la ineficiencia burocrática tiene un impacto directo y negativo sobre la calidad de vida de los ciudadanos.
La pandemia de COVID-19 fue un claro ejemplo de esta realidad. Mientras el sector privado encontraba maneras de adaptarse a las nuevas circunstancias, los gobiernos luchaban por mantener los servicios básicos en funcionamiento. El retraso en la adopción de herramientas digitales expuso la vulnerabilidad de las estructuras públicas ante situaciones de crisis. Y, aunque el Estado hizo grandes esfuerzos para adaptarse inicialmente, una vez pasada la emergencia tendió a retomar viejas prácticas burocráticas, sin enfocarse lo suficiente en las necesidades cambiantes de los ciudadanos ni en sostener la innovación.
Innovar o fracasar: El desafío urgente del Estado
Para cerrar esta brecha, es fundamental que el Estado adopte un “cambio de chip”. Debemos entender que la implementación de tecnología ya no es opcional. Si no innovamos, la burocracia seguirá entorpeciendo el acceso a servicios esenciales, afectando a quienes dependen de ellos. El Estado tiene la obligación de ser más eficiente, transparente y accesible, y esto solo es posible si nos sumamos a la revolución digital.
Al asumir, nos encontramos con un diagnóstico preocupante: el 95% de los trámites se gestionan en papel, el 50% de las escuelas no cuentan con conectividad, y no existe una plataforma única de contacto con la ciudadanía"
La transformación del Estado para satisfacer las expectativas de la sociedad requiere un enfoque integral que aborde, como mínimo, tres elementos clave. En primer lugar, desarrollar una estrategia digital respaldada por una inversión real en tecnología. Esta estrategia debe ir más allá de la improvisación, estableciendo una hoja de ruta coherente para la implementación de soluciones innovadoras y realizando inversiones significativas en infraestructura tecnológica.
En segundo lugar, la toma de decisiones efectiva en el ámbito público debe basarse en datos objetivos y medibles. La elaboración y seguimiento de indicadores claros no solo mejora la transparencia de la gestión gubernamental, sino que también permite ajustar las políticas públicas a las necesidades reales de la ciudadanía.
Rogelio Frigerio, al asumir como Gobernador de Entre Ríos, dijo: la transformación digital no solo debe ser un eje de gestión, sino la columna vertebral que impulse la eficiencia y modernización de la administración pública"
Por último, pero no menos importante, la transformación del Estado requiere un profundo cambio cultural y organizacional. La digitalización no se trata solo de implementar nuevas tecnologías, sino de preparar a las personas para utilizarlas eficazmente.
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Es esencial que los recursos humanos de la administración pública reciban capacitación continua para enfrentar los desafíos del mundo digital. Este proceso de aprendizaje y adaptación debe enfocarse en que los trabajadores estatales comprendan la importancia de adoptar nuevas herramientas y procesos, con el objetivo final de mejorar el servicio a los ciudadanos.
El mandato de la transformación digital en Entre Ríos
Rogelio Frigerio, al asumir como Gobernador de Entre Ríos, fue muy claro: la transformación digital no solo debe ser un eje de gestión, sino la columna vertebral que impulse la eficiencia y modernización de la administración pública. Nuestro objetivo es hacer de Entre Ríos una provincia de vanguardia, donde el Estado esté verdaderamente al servicio de la ciudadanía y sea un facilitador de soluciones.
Al asumir, nos encontramos con un diagnóstico preocupante: el 95% de los trámites se gestionan en papel, el 50% de las escuelas no cuentan con conectividad, y no existe una plataforma única de contacto con la ciudadanía. Esta situación refleja una administración obsoleta y la necesidad urgente de un cambio estructural.
Nuestros ejes principales del plan de transformación digital y modernización del Estado tienen metas claras: eliminar progresivamente el uso del papel, conectar el 100% de las escuelas a internet de alta velocidad y crear una plataforma unificada de servicios para la ciudadanía. Estamos convencidos de que, con una inversión real en tecnología y una estrategia digital sólida, lograremos posicionar a Entre Ríos como una provincia moderna y eficiente, liderando la transformación estatal en Argentina.
¿Estamos preparados para avanzar rápidamente y enfrentar el desafío de la digitalización? La respuesta está en nuestra capacidad para adaptarnos y, sobre todo, en nuestra disposición para abrazar el cambio. La transformación digital del Estado no es una opción, es una necesidad urgente. Solo si innovamos podremos construir un Estado más eficiente, transparente y verdaderamente al servicio de todos.
