Días atrás, se conoció que el ministro de Defensa Luis Petri envió, al Congreso de la Nación, un proyecto de ley que consiste, entre otras cuestiones, en reformar el artículo 27 de la ley 24.059 de Seguridad Interior para que las fuerzas armadas participen de la lucha contra el terrorismo y en otras actividades de este ámbito realizando patrullajes, controles de personas y vehículos y detenciones en flagrancia. En síntesis, lo que hacen los militares venezolanos.
Tal es el disparate que no merece ningún análisis técnico mayor, pues la iniciativa presentada por el álter ego de Patricia Bullrich en Defensa se realiza cuando todos los argentinos vemos en Venezuela lo que significa poner en práctica un proyecto de esta naturaleza, que pretende cambiar un consenso político consolidado para darle a un gobierno de turno la potestad de intervenir militarmente sin recurrir a la declaración de “Estado de sitio”, que es el mecanismo previsto por la institucionalidad vigente.
Otro punto crucial de esta iniciativa es la declaración de quien es terrorista. Tal como ocurre en Venezuela, la ministra de Seguridad (Interior) Bullrich ya tildó como terroristas a ciudadanos que se manifestaban, gremialistas y opositores. En Rosario, también lo hizo con las bandas de narcomenudeo. Hubo –a principios de este año– un episodio donde la ministra también acusó de terroristas a ciudadanos extranjeros que ingresaron al país. Por ahora, se salvan los periodistas. Todas las acusaciones fueron desechadas por la Justicia por improcedentes y disparatadas.
Una gobernanza rústica de la seguridad
Es cierto que Argentina tiene riesgos de ser impactada por el terrorismo, pero ante esto tenemos aquí una peligrosa banalización. El terrorismo no se combate como lo piensan Bullrich y Petri. La falta de seriedad con que se toma este asunto es tremenda.
Pero la iniciativa trae al análisis otras cuestiones más profundas e inquietantes. ¿Tiene conducción presidencial el Sector Seguridad del Poder Ejecutivo Nacional? ¿Existe un peligroso laissez faire del Presidente hacia sus ministros? Los asuntos de seguridad internacional y de seguridad nacional (defensa, seguridad interior y seguridad institucional) del país requieren conducción. No es un asunto de libre albedrío. ¿Tiene el Presidente una doble vara para promover el uso de las fuerzas armadas tal como lo hace su par Nicolás Maduro en Venezuela? ¿El Presidente no tiene a nadie que evalúe lo que le proponen sus ministros? Todo indica que hay una efectiva colonización de la agenda en esta materia por parte de la dupla perdedora en tercer lugar en las elecciones presidenciales, por sobre lo que proponían los ciudadanos Javier Milei y Victoria Villarruel, que era todo lo contrario a lo que Petri ahora envió al Congreso.
Es obvio que el Presidente no domina estos temas. Temerariamente no tiene asesores que lo asistan en su responsabilidad de conducción en este campo. No tiene un Asesor de Seguridad Nacional como tienen presidentes de los Estados que él dice admirar. No abreva en el modelo que nos presentan los países de la OCDE que él dice también quiere seguir. Este gobierno presenta un déficit inocultable aquí. Sin Política y Estrategia de Seguridad Nacional el Gobierno está ciego. No sabe para dónde ir. No tiene principios ni prioridades. El tiempo del aprendizaje y de echarle culpas a otro se está acabando. Esperemos que este intento de venezuelización de la seguridad nacional del país no prospere en el Congreso. ¿Comprenderá el Presidente la magnitud de este error?
*Ingeniero. Magíster en Defensa Nacional.
