El paquete de reformas políticas promovido por el presidente Javier Milei representa el quiebre radical con una concepción intervencionista del Estado en la vida política, afianzada durante el kirchnerismo, y el tránsito hacia una mirada liberal que busca garantizar el pleno ejercicio de la libertad de asociación y pensamiento sin intromisión estatal.
Ante un contexto de profunda crisis de representación y desarticulación del sistema de partidos, en las últimas décadas se les otorgó a dichas fuerzas políticas, tal como remarca Gerardo Scherlis (2008), una suerte de estatus de “servicio público” que el Estado debía proveer, sostener a la par que asegurar sus condiciones de reproducción para revertir su descrédito.
Esta noción se materializó, predominantemente durante la era kirchnerista, en el impulso de sucesivas reformas políticas orientadas a instaurar el control estatal de los procesos de selección de candidaturas y consolidar el financiamiento público de los partidos, considerados como los privilegiados detentores monopólicos de las postulaciones.
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Los objetivos teóricos que perseguían estas medidas eran los de democratizar las nominaciones de candidatos ante la tendencia hacia la oligarquización partidaria de estas decisiones, ordenar la oferta electoral frente a la creciente fragmentación del sistema de partidos y asegurar condiciones de equidad en la competencia electoral con el fin último de recuperar la confianza perdida en las instituciones de la democracia representativa.
Sin embargo, los resultados prácticos presentan una gran distancia en relación a sus cometidos teóricos. En primer lugar, las PASO no han cumplido con el objetivo central de la reforma que fue el de ampliar la participación en la selección de las candidaturas.
El nivel de competencia en el seno de los partidos es bajo, en apenas el 20% de las primarias para elegir diputados nacionales se han postulado dos o más listas, según destacan expertos. Así, ante la prevalencia de listas únicas, las PASO terminan operando, desnaturalizadamente, como una mera encuesta preelectoral.
Adicionalmente, los sectores dominantes de las coaliciones imponen, en sus reglamentaciones internas, umbrales restrictivos que terminan excluyendo a los derrotados y, de ese modo, reforzando el proceso de concentración de poder en las cúpulas aliancistas. Los datos en este sentido son contundentes: sólo el 4,19% de los diputados electos en el período 2011-2021 había competido en las primarias en una lista vencida (Gallo, 2022).
En segundo lugar, se ha remarcado el impacto de las PASO en la compresión de la oferta electoral y el consecuente reordenamiento del espacio político en dos grandes coaliciones electorales estables.
No obstante, el número de partidos reconocidos se expandió de 659 a 718 en el orden distrital y de 38 a 47 a nivel nacional durante el período 2009-2024, de acuerdo a datos oficiales. Además, los hechos dejaron de manifiesto el carácter volátil y electoral de los frentes partidistas.
En tercer lugar, las modificaciones en materia de financiamiento público contribuyeron a montar un esquema de incentivos económicos para la creación y reproducción de partidos flash, muchos de ellos auténticos sellos de goma creados para hacer negocios con la política. Asimismo, la inequidad en las condiciones de competencia electoral se torna prácticamente irreversible en contextos en los que los oficialismos utilizan irregularmente los recursos públicos a su favor.
A estos magros resultados se agregan los elevadísimos costos que conllevan las PASO, el hastío ciudadano que generan las sucesivas elecciones en escenarios de combinación de PASO con desdoblamiento electoral y la parálisis institucional que suscita la seguidilla de comicios en un contexto en de enraizada patrimonalización de los recursos estatales.
Y, finalmente, si se analiza el impacto global del paquete de reformas electorales kirchneristas es posible advertir que tampoco contribuyeron a reconstituir los resquebrajados lazos entre la ciudadanía y la política, manteniéndose el nivel de desconfianza en los partidos políticos por encima del 80% entre el 2009 y 2023. En lugar de legitimar a los partidos, las reformas han agudizado el proceso de repliegue de los partidos políticos en las oficinas públicas y su dependencia de los fondos públicos y su conversión, según señalan especialistas, en agencias de gobierno paraestatales desconectadas y aisladas de la sociedad.
El conjunto de reformas promovidas por el Presidente Milei busca revertir el proceso de estatización de los partidos políticos apalancado por el kirchnerismo y contribuir a enraizarlos en sus bases sociales. Los partidos dejan de ser concebidos como servicio público para ser considerados como entidades privadas que gozan de plena autonomía para la definición y organización de sus asuntos internos, sin injerencia estatal. Son los propios partidos los responsables exclusivos de definir sus candidatos y de financiar sus gastos y no los ciudadanos.
Desmontar una estructura estaticista y cargada de privilegios de élite es central para recuperar la confianza perdida en los partidos políticos y fortalecer el sistema representativo.
