El precio de no tener un área laboral fuerte en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, se paga con interminables movilizaciones, paros, protestas, cortes, piquetes, bloqueos, desorden, desinversión, subproducción y desempleo.
El próximo Jefe de Gobierno tiene la oportunidad (y necesidad) de encarar una política laboral integral con el fin de estimular la registración laboral, reducir el conflicto y recuperar la cultura de la producción y el trabajo.
Con independencia de lo que haga el próximo Presidente, la envergadura de CABA exige una reforma laboral, sindical y empresarial amplia, con el fin de administrar más eficazmente las modernas relaciones laborales, promover el trabajo verdadero, combatir el “pobrismo”, fiscalizar y reducir la litigiosidad.
Si bien un Ministerio o una Secretaría no garantizan una mejor política laboral y empresarial, luce insuficiente la actual Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, limitada a realizar “conciliaciones” voluntarias que constituyen una pérdida de tiempo porque el 90% de los casos terminan en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación o en la Justicia federal.
Reclamando mejoras salariales, trabajadores de la salud protestarán
La subsecretaría local no fiscaliza ni ejerce poder de policía, no coordina reclamos, no administra manifestaciones, no se anticipa a los problemas, no impide los bloqueos y, por ende, no garantiza el derecho a la libre circulación de los porteños. Además, se desconocen sus acciones en materia de empleo y seguridad social.
La Ciudad está sitiada por reclamos y conflictos, pero no se dispone de un área de magnitud equivalente para atenderlos. Todos los meses cortan el Subte, principal medio de transporte capitalino, cierran las Escuelas, único modo de darle futuro a nuestros hijos, y paralizan los Hospitales que atienden la salud de los argentinos y extranjeros. Todas las semanas cortan la avenida 9 de Julio y las principales esquinas porteñas, paralizandola Ciudad y demorando o “secuestrando” a los porteños que pretenden trabajar, estudiar o curarse.
Los funcionarios porteños se limitan a culpar al “mal sindicalismo” (que sí existe, pero es solo una parte del problema) y a la “mala política nacional” (que no exime de responsabilidad a las autoridades locales). Con una postura simplista y evasiva, útil para ganar elecciones, se profundizan las malas relaciones laborales, se incumplen los derechos de la gente a circular libremente y crecen las medidas de acción directa y la anomia en una Ciudad anestesiada, que cree que nada puede hacerse frente al continuo atropello y abuso de poder de algunos en perjuicio de la mayoría.
Lo cierto es que los conflictos laborales ocurridos en las otras 23 provincias los resuelven las autoridades provinciales. ¿Acaso la Ciudad de Buenos Aires es menos autónoma?
CABA debe tener una autoridad laboral propia, autárquica y decidida a enfrentar los problemas; capaz de anticiparse al conflicto para que no perjudique a los terceros ni termine en sede judicial, cuyos únicos beneficiarios son los letrados.
El servicio del Subte debe encararse con responsabilidad: guste o no, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSYP) es, por especificidad, el gremio representativo de los trabajadores subterráneos, no la Unión Tranviaria Automotor, cuya actividad principal son los Colectivos. A pesar de que la UTA ostente la personería gremial, en Argentina rige el principio de libertad sindical y la Corte Suprema de Justicia ya estableció que:
1) “Pueden ser Delegados del personal los afiliados a asociaciones sindicales simplemente inscriptas”(ATE c/ Ministerio de Trabajo s/ Ley de Asociaciones Sindicales);
2) “Un sindicato simplemente inscripto tiene derecho a cobrar la Cuota sindical de afiliado de los trabajadores que así lo decidan, a través del empleador que deberá actuar en forma imperativa como agente de retención” (Asociación del Personal Superior de Autopistas e Infraestructura APSAI c/ Autopistas del Sol SA s/ Acción de amparo); y
3) “Una entidad sindical representativa, sea simplemente inscripta o con personería, puede promover la Huelga con los alcances del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.”
Los metrodelegados pararon desde las 19 todas las líneas de subtes
Inclusive, según el inciso b) del artículo 23 de la ley 23551, los sindicatos con inscripción gremial pueden “Representar los intereses colectivos, cuando no hubiere en la misma actividad o categoría asociación con personería gremial”, por lo que sobran argumentos para reconocer a los Metrodelegados y negociar con ellos las condiciones laborales, los salarios, el asbesto y los demás temas propios de dicha actividad, en lugar de insistir con la UTA que ni siquiera puede atender las complejas necesidades de los colectiveros.
Reconociendo a los verdaderos actores, que ya no podrán tensar la cuerda hasta que se corte, se podrán encontrar las soluciones que necesitan todas las partes: la empresa que debe dar un servicio eficiente y rentable, el gremio que debe atender las necesidades de los trabajadores y un Estado que debe cuidar a la gente que necesita viajar sin problemas.
Cuáles son las reformas laborales que reclama el sector empresarial
Por otra parte, si se quiere resolver el conflicto hospitalario, resulta indispensablereconocer el interés diferenciado que poseen los heterogéneos trabajadores de la salud. Las necesidades del médico difieren de las del enfermero, de las del bioquímico y de las del camillero. Si bien todos laboran en el mismo lugar, tienen roles y responsabilidades distintas. Como mínimo debe diferenciarse entre los profesionales, que tienen jerarquía, criterio propio y poder de decisión, y los técnicos y administrativos que reciben órdenes y carecen de autonomía. Todos son trabajadores, ni mejores ni peores, simplemente distintos.
Reconocer a los enfermeros licenciados es un problema gremial que debe encarar la cartera laboral que propongo crear en esta nota, no es incumbencia del Ministerio de Salud cuya función es garantizar la atención de calidad. La irresolución del conflicto de los enfermeros, responsable de gran parte de las medidas de fuerza de los últimos diez años, prueba la falta de un área que administre las complejas relaciones laborales que existen en la actualidad.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le hace el juego al viejo sindicalismo por el cual SUTECBA (Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires) en el ámbito público y FATSA (Federación Argentina de Trabajadores dela Sanidad) en el sector privado, se niegan a darle independencia y reconocer la diferenciación que poseen los profesionales enfermeros, bioquímicos, médicos y otros, que incluso ya tienen sus propias entidades sindicales reconocidas por el Estado.
Es decir que, consciente o inconscientemente, en los casos hospitalarios y del subte, el poder ejecutivo favorece a los gremios más poderosos (al unicato sindical que no hace nada ni deja que otros hagan), y con esa decisión perjudica tanto a los trabajadores como ala población,que se la entrega “a los leones” de la puja intersindical.
Los conflictos tampoco se resuelven desprotegiendo trabajadores, como hoy están los repartidores y trabajadores de aplicaciones informáticas que carecen de gremio y convenio colectivo de trabajo. No es sin sindicalismo sino con mejor sindicalismo. No es con empresas cerradas pero tampoco con empresas que esclavizan. Es con libertad sindical, con los sindicatos específicos elegidos por los trabajadores, sean de actividad, profesión o empresa, y con compañías que emprenden, producen y ganan dinero.
En las escuelas el problema es otro, el gremialismo está diferenciado pero el Estado local debe articular mejor las relaciones laborales, priorizando el derecho a estudiar al de protestar, impidiendo que el docente cobre sin ir a trabajar, y asegurando que los edificios públicos no se tomen, no se rompan y, por sobre todo, no se cierren. Culpar a “Baradel” no resuelve el problema educativo.
Todos estos problemas que aquejan a los porteños se encaran y resuelven con la creación de una autoridad laboral específicade la ciudad y una Justicia laboral local, con todas las competencias, que actúe como instancia superior, quedando como último nivel de resolución de conflictos en la Ciudad, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Hay que cumplir el deber de atender las necesidades y conflictos laborales y hacer valer la autonomía.
Una autoridad laboral fuerte, que comprenda las nuevas relaciones laborales y sea capaz de fiscalizary anticiparse a los conflictos, sumada a una justicia local competente, permitirá garantizar los servicios de transporte, salud y educación públicos y traerá paz a una ciudad que se encuentra amarrada e impedida de desplegar su potencial productivo.
*Candidato a Legislador Porteño (JXC), Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), Confederación de Trabajadores y Empleadores (CTE)
