Ítaca, Nueva York – En un artículo de 2022, introduje una alegoría que llamé el Juego del Encarcelamiento: un ejercicio académico que explora cómo los líderes autoritarios, cuando su popularidad decae, consolidan poder mediante tácticas cada vez más represivas. Mi análisis se inspiró en un trabajo de 1948 sobre la llamada “paradoja del examen sorpresa”, que mostraba cómo las expectativas racionales pueden desmoronarse bajo ciertas condiciones. El presidente estadounidense Donald Trump, enfrentando una caída en el apoyo público, parece decidido a seguir este manual autoritario.
El ejemplo más llamativo es el intento del gobierno de presentar cargos por fraude hipotecario contra críticos prominentes —en particular, la miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal Lisa Cook, el senador demócrata Adam Schiff y la fiscal general de Nueva York, Letitia James—. En el centro de estos esfuerzos está Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, un importante donante de Trump que ahora supervisa la industria hipotecaria estadounidense.
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Naturalmente, gran parte del debate en Estados Unidos se concentró en si estas acusaciones tienen algún sustento. Pero el tema más urgente es la búsqueda sistemática del gobierno de Trump de pruebas incriminatorias contra sus opositores políticos. Como señaló la senadora demócrata Elizabeth Warren, Pulte “está usando el acceso a los registros personales de quienes Donald Trump percibe como enemigos” para ajustar cuentas personales y políticas.
La persecución selectiva y la intimidación dirigida pueden desatar un efecto dominó. Como muestran las experiencias de Hungría y Turquía, lo que empieza como una represalia contra unos pocos opositores puede escalar rápidamente, desestabilizando la sociedad y socavando la gobernanza democrática. Con el Juego del Encarcelamiento quise ilustrar cómo el autoritarismo se afianza, con la esperanza de que se diseñen salvaguardas legales y constitucionales para evitar estos desenlaces.
En el corazón del juego hay un experimento mental sencillo. Imaginemos un país con 1.000 adultos, todos opositores al líder. Si la mitad saliera a la calle, el líder caería. La gente está tan convencida que, salvo estar segura de ir presa, está dispuesta a protestar. El problema del líder es que las cárceles solo pueden albergar a 100 disidentes. Con 1.000 personas listas para protestar y espacio para encerrar apenas a 100, el riesgo de ser detenido es tan bajo que el miedo deja de funcionar como freno. En ese escenario, parecería no haber forma de suprimir la oposición.
Pero un líder astuto podría idear una vuelta de tuerca: dividir a la población en diez grupos de 100 —dirigentes opositores, periodistas, sindicalistas, académicos y otros—. Luego ordena a sus leales reunir información comprometedora sobre el primer grupo y anuncia que solo sus miembros irán presos si protestan. Si se movilizan menos de 100 de ese grupo, las autoridades pasarán al segundo, luego al tercero, y así hasta llenar las 100 plazas de la cárcel.
Con este mecanismo, el líder puede silenciar a los 1.000 ciudadanos. Como nadie se rebelará si el encarcelamiento es seguro, los dirigentes opositores —el primer grupo— callarán. Sabiendo que les toca después si protestan, también se guardarán los periodistas. Y con líderes y medios en silencio, los sindicalistas seguirán el mismo camino.
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Este proceso de “inducción hacia atrás” garantiza que nadie proteste ni exprese disenso. La gente seguirá con su rutina diaria en silencio, mientras el país se hunde más en el autoritarismo.
Bielorrusia ofrece un ejemplo valioso de cómo puede desplegarse esta dinámica en la vida real. Hubo un tiempo, no hace mucho, en que parecía que la mayoría de los bielorrusos se oponía al régimen de Aleksandr Lukashenko y estaba dispuesta a salir a la calle. Pero, sea por diseño deliberado o por azar, Lukashenko logró transformar a una población de potenciales manifestantes en una sociedad de disidentes reprimidos, que ocultan su enojo mientras hacen rituales de lealtad.
Ese es precisamente el peligro que Estados Unidos debe evitar. El Estado de derecho exige trato igualitario: si Cook es castigada por fraude hipotecario, entonces todos los culpables del mismo delito deben enfrentar las mismas consecuencias. De lo contrario, la justicia se convierte en un instrumento de opresión.
Puede sonar como una preocupación meramente académica. Pero, como señaló John Maynard Keynes, las ideas, tanto cuando son correctas como cuando son erradas, “son más poderosas de lo que se suele pensar. De hecho, el mundo no se gobierna por otra cosa”. Si se le permite a Trump erosionar el principio de igualdad ante la ley, la idea de una justicia selectiva echará raíces y corroerá la democracia desde adentro.
*Kaushik Basu, ex economista jefe del Banco Mundial y ex asesor económico principal del Gobierno de India, es profesor de Economía en la Universidad de Cornell y miembro sénior no residente de la Institución Brookings.
Project Syndicate
