El presidente de la Nación dijo sin ruborizarse que su objetivo era “destruir el Estado” desde adentro. No usó la palabra reformar, sino la palabra destruir. Por eso, dijo el Presidente entre risas, era un “topo” al interior del Estado.
Sacando lo poco afortunadas declaraciones del Presidente en Estados Unidos, yendo más a lo esencial, uno podría preguntarle al procurador del Tesoro, que tiene en su cabeza la defensa legal de la Argentina, cómo efectivamente va a llevar adelante su tarea si parte de la premisa de que el Estado, que la Procuración defiende, debe ser, en palabras del Presidente, destruido. ¿Es compatible la mirada presidencial con la existencia misma y la figura de un procurador del Tesoro? Musk dijo que “irían a buscar” de Bolivia lo que quisieran, cuando hiciera falta. En Bolivia no existía hace unos años Procuración del Tesoro. Nadie defendía legalmente al Estado. Esta mirada necesita de Estados mínimos (sin abogados preparados) para usar nuestros recursos como una gran factoría. La lógica de este saqueo encuentra otro aspecto que la enmarca históricamente: la deuda externa.
La Procuración es querellante en una causa sobre deuda externa que involucra al exministro Caputo, nuevamente ministro de Finanzas del país (cuando Dujovne llevó a Lagarde a la Universidad Di Tella, y no al Congreso de la Nación, como hubiera debido). Quisiera consultarle al procurador si la Procuración sigue siendo querellante en la causa que tramita el juzgado de la Dra. Capuchetti, donde tramita a su vez el atentado contra Cristina Kirchner. No se trata de indagar en el financiamiento poco claro de una mueblería –donde aparece la familia Caputo– sino de interrogar en términos institucionales si efectivamente la Procuración sigue adelante con su rol de querellante en una causa tan sensible para el país. Sería paradójico que abandonara la querella. Pero también que la sostuviera, siendo dos imputados (Sturzenegger y Caputo) ministros del actual gobierno. Nunca fueron llamados a declarar.
La doctrina administrativista de los 90, con Dromi a la cabeza, desguarneció a nuestro país, potenciando, como ahora, la pobreza y el desempleo. Se regaló el patrimonio argentino. El Dr. Barra acusó a quienes viven de la “teta” del Estado, muchos de los cuales cobran sueldos de hambre, sin embargo, es poco lo que ha dicho sobre la “teta” derivada de las privatizaciones regaladas de aquellos años, de las que formó parte. Investigar el endeudamiento ruinoso fue siempre un escollo para nuestro país. Pero hasta que la sociedad no haga un balance certero del robo de los 90, cualquier otro análisis se quedará corto.
En los 90, los dictámenes de la Procuración del Tesoro los escribía el Citibank, que los enviaba para que el equipo jurídico del país los tomara y copiara sin sacar ni una coma. Sería humillante para el cuerpo de abogados del Estado argentino volver a esa tradición de entrega bajo el eufemismo de la “modernización”. Cuando el procurador en el Congreso dijo no saber quién redactó la ley que él mismo fue a defender, hace pensar que otra vez el sector privado (los bancos y los estudios mediadores en los procesos de deuda) está(n) redactando nuestras leyes.
Lo primero que hicieron los españoles apenas pisaron Entel fue borrar una frase de San Martín de la entrada.
*Director del Instituto Latinoamericano de Criminologia y Desarrollo Social.
