La situación del sector de la discapacidad en la Argentina es realmente muy crítica. Si bien desde hace años enfrenta muchas dificultades, el escenario se ha agravado en los últimos meses en varios sentidos.
El Gobierno nacional parece haber elegido a las personas con discapacidad como uno de los principales responsables del gasto público y eso las vuelve víctimas de ataques permanentes. Al mismo tiempo, puso en marcha un ajuste presupuestario muy fuerte que deja a las instituciones que prestan servicios al borde del colapso.
Por un lado, se observa una caída brutal del sistema de prestaciones básicas, tanto en relación al acceso a los medicamentos y tratamientos como a la educación y los servicios de traslados. Hoy se les paga a los transportistas menos de la mitad del valor del litro de nafta. En términos prácticos, eso significa que alguien que tiene que trasladarse para hacer un tratamiento los cinco días a la semana, sólo lo llevan a dos.
En materia de educación, se promueve en el mundo y también a nivel nacional que un estudiante con discapacidad esté en una escuela común y eso requiere el acompañamiento de un asistente. Pero si el asistente cobra a los 60 o 90 días, está siempre buscando otro trabajo. Eso genera una gran rotación en la asistencia a los alumnos que están haciendo su proceso educativo.
También hay un retraso claro en el acceso a los medicamentos y tratamientos, con montos muy desacomodados, que complican la tarea que llevan adelante los prestadores que, en muchos casos, pertenecen a organizaciones de la sociedad civil. Hoy una persona con discapacidad que trabaja en un taller protegido, cuatro horas por día de lunes a viernes, cobra $ 28.000 por mes. No por día, sino por mes. Es algo que está fuera de cualquier regla y de cualquier lógica.
El desempleo alcanza al 86% de las personas con discapacidad
Ajuste brutal. El segundo problema es el acceso a las pensiones por discapacidad, que representan el 70% de la jubilación mínima. El Gobierno emitió la resolución 187/2025, que volvió a conceptos como "idiota", "imbécil" y "débil mental" como criterios de evaluación, generando mucho dolor en las familias. Se trata de un paradigma que atrasa un siglo y vulnera la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional en nuestro país desde 1994.
También hace 15 meses puso en marcha una auditoría para evaluar las pensiones ya otorgadas. Si hubo asignaciones mal otorgados, está claro que hay que suspenderlas y castigar todas las acciones fraudulentas. Pero se está desarrollando un proceso desprolijo y lento, que causa mucha angustia e incertidumbre en las familias. Hay escenas de personas con discapacidad que tienen que esperar diez horas para ser atendidas, cuando ya tienen certificados médicos.
A este ritmo, el Estado tardaría 75 meses más para evaluar 1.200.000 expedientes. Mientras tanto, hay más de 500 mil personas que hicieron sus trámites y todavía no accedieron a la pensión. En el último período, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dio 586 altas. Es decir, el 0,1 por ciento. Sólo puede explicarse por el ajuste brutal que se está implementado en el sector.
Una herramienta. En tercer lugar, el Gobierno decidió pasar a la ANDIS de la Jefatura de Gabinete al área de Salud. La normativa internacional plantea un abordaje integral y romper con el paradigma de la medicalización, porque las problemáticas y desafíos cruzan también con Educación, Transporte, Trabajo, etcétera. Por tanto, solicitamos que la Agencia vuelva a la órbita de la Jefatura de Gabinete o de la Secretaría General de la Presidencia.
Desde mi rol como presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación, presenté un proyecto de ley para declarar la Emergencia en Discapacidad. Esta herramienta daría prioridad presupuestaria al sector y no implicaría un aumento del gasto público, ya que obliga al Gobierno a reasignar partidas desde otras áreas no esenciales.
El proyecto obtuvo dictamen de mayoría en Discapacidad y en Salud, logrando consenso entre diversos bloques parlamentarios. Ahora fue girado a la Comisión de Presupuesto. Las personas con discapacidad están ante una situación realmente grave y de mucho maltrato.
Necesitamos que el Congreso esté a la altura y que la Emergencia en Discapacidad muy pronto sea ley.
