Junto a Miguel Ángel Pichetto, y con la coautoría de otros 13 diputados nacionales de diversos bloques (UCR, PRO, Encuentro Federal, Unión por la Patria) presentamos en el Congreso de la Nación el proyecto del Régimen de Inversiones para el Desarrollo Agroindustrial (RIDA), que algún periodista denominó “el RIGI del campo”. La metáfora es acertada, ya que el RIGI (Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones) que impulsó el gobierno nacional fue diseñado fundamentalmente para la actividad minera e hidrocarburífera, pero no encaja bien en lo que ha sido el motor de las exportaciones argentinas en el siglo XXI: la actividad agroindustrial.
El RIGI sancionado ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios por treinta años para proyectos superiores a los 200 millones de dólares, que son magnitudes y plazos propios de aquellas industrias; nuestro RIDA, en cambio, no pone pisos al monto de la inversión, contempla los beneficios a lo largo de cinco años, e incluye modos de valuación, promoción, cálculo y certificación que son propios de la actividad agroindustrial.
Creemos que el campo y la agroindustria, fuertemente castigados desde hace tiempo, merecen esta oportunidad. Pese a ello, el complejo agroindustrial siguió siendo fundamental para sostener las exportaciones y el ingreso de divisas al país.
Un sector de la política lo convirtió, en algún momento, en un verdadero enemigo, y la confrontación con el sector más productivo de la economía nacional se convirtió en un sello, casi como una huella genética de identidad, enmascarado en debates “campo vs. industria” o “federalismo vs. centralismo” que solo sembraron grieta y desunión. Y el gobierno de Alberto Fernández durmió sobre estas mismas ideas.
Si el actual gobierno del presidente Milei representa el cambio, tiene que dar una señal inequívoca de que la discriminación al sector agroindustrial quedó en el pasado. De que estamos en un tiempo de encuentro entre el campo, el Gobierno y el pueblo, y del interior del país y Buenos Aires, todos juntos detrás del objetivo compartido de la producción, el agregado de valor, la transformación de la biomasa y la generación de empleo.
Por eso es necesario unir todas las fuerzas para que la agroindustria, que genera siete de cada diez dólares que ingresan al país, tenga otro empuje. Herramientas fiscales que incentiven la inversión y la utilización de tecnología significa más actividad económica y más empleo de calidad.
El mundo demanda alimentos. La Argentina, junto con Brasil y demás integrantes del Mercosur, tiene el potencial para aprovechar estas oportunidades y seguir desarrollándolas. Somos uno de los tres principales proveedores de cereales y oleaginosas del planeta, el primer exportador de harina de soja y de aceite de soja, el segundo exportador mundial de semillas de girasol, el tercer exportador mundial de maíz, el séptimo de trigo y el quinto productor y principal exportador mundial de biodiésel.
El lenguaje de la libertad debe permitir que todo sea escrito. Por eso me veo en la obligación de escribir sobre lo que defiendo, en la jerga que corresponde: hay que terminar la pugna entre el sector agroindustrial argentino que resiste, y los detractores seriales del sector, que solo han entorpecido y retrasado su desarrollo.
Con el RIDA, el RIGI del campo, queremos levantar el mapa de la Argentina y reconocer a su gran motor productivo. Contra el anticampo militante, queremos destrabar al sector y generar las condiciones para que tenga lugar en un proceso virtuoso de inversión, generación de empleo, exportación y crecimiento. Las zonas productoras apuestan a una mayor tecnificación del agro, que redundará en un incremento de la producción y del valor agregado para sus productos primarios.
Somos lo que defendemos.
*Diputado nacional por Entre Ríos (UCR).
