Durante el malogrado gobierno de Alberto Fernández signado por una regulación ineficaz que terminó en muchos casos profundizando las asimetrías que se desarrollan en el interior del sistema. Para explicarlo concretamente, la diferencia entre los ingresos de los financiadores (gerenciadores de fondos) del sistema y de los prestadores en definitiva quienes ejecutan, efectúan las prestaciones que realizan los médicos a los pacientes.
Durante el gobierno kirchnerista, pandemia de por medio, con todas las discrecionalidades que la caracterizaron, los financiadores tuvieron incrementos en sus ingresos y los prestadores quedaron atrasados en el período 2019 – 2023, en el caso de oftalmología un 235%.
Ya durante el actual gobierno y a pesar de distintos anuncios que tienden a la desregulación, los prestadores oftalmológicos seguimos profundamente atrasados en el valor de la consulta cuyo retraso asciende a más del 300% y en caso de las cirugías oftalmológicas deberían actualizarse entre el 280% y en algunos casos hasta el 400%, como por ejemplo las cirugías vitroretinales complejas.
Las causas para haber llegado a este estadio son concurrentes. En primer término, el incremento a tasas geométricas de la estructura de costos. La oftalmología, es una especialidad absolutamente atada a la tecnología y los costos de inversión, mantenimiento y amortización de equipos como todos los insumos están atadas a la evolución del dólar.
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Las variaciones cambiarias de diciembre a la fecha, la escasez de insumos y sobrevaluación en algunos casos producto de lo anterior es determinante en el aumento de un factor central en la estructura de costos. A esto hay que adicionar la inflación y las paritarias que terminan de completar las causas que fundamentan el incremento de los costos. Por ejemplo, montar un consultorio básico implica una inversión no menor a U$S 30.000. El valor de los equipos que realizan estudios complementarios necesarios para una atención relativamente normal entre 50.000 y 200.000 U$S en promedio y el caso de un quirófano tipo con un volumen constante de pacientes trabajando de lunes a viernes, el costo de acostar un paciente sin considerar prótesis, medicamentos y descartables, ni salarios del personal que interviene en el acto quirúrgico, asciende a no menos de $350.000. Estos datos surgen de un estudio multicéntrico que concentra datos de las principales instituciones oftalmológicas del país que se actualiza trimestralmente.
La segunda causa, esta referida al atraso en la actualización de valores o aranceles vigentes ya que los financiadores sean obras sociales o prepagas, se niegan sistemáticamente a reconocer esta realidad lapidaria para los oftalmólogos descripta anteriormente. Sumado a plazos de pagos insostenibles de entre 90 y 180 días de diferimiento, que transforman el valor actual de las prestaciones considerando el valor del dinero en el tiempo y el devenir inflacionario en cifras miserables. Ejemplo, una de las principales prepagas del país paga la consulta médica en capital federal y Gran Buenos Aires $5000, percibidos a 120 días significan $3960,47.
Una vergüenza más y una libertad menos. Del estudio multicéntrico realizado por CAMEOF que fuera citado, se establece para un volumen razonable y para amortizar un consultorio básico pagando alquiler, tarifas, impuestos y el sueldo de una secretaria y demás gastos, que la consulta no debería pagarse menos de $35000 sin diferimiento a un volumen dado.
Regulado o desregulado el sistema tiene resortes donde la posición dominante de los intermediarios del sector asfixia financieramente a los prestadores, en algunas especialidades esas unidades asfixiadas financieramente y con serios problemas económicos por esta razón, son comprados por financiadores que se integran hacia delante comprando centros de diagnóstico, parte de otras prepagas, o parte de institutos como el cardiovascular de Buenos Aires.
El sistema de salud tiene problemas estructurales de orígenes remotos. Fragmentación, descoordinación, falta de acuerdos interjurisdiccionales, superposición de servicios, indefinición del modelo prestacional a ser financiado, judicialización del derecho a la salud, problemas de financiamiento, debilidad regulatoria del Estado, problemas de cobertura, desigualdades sociales y regionales en el acceso al derecho a la salud, déficits en la formación y distribución del recurso humano en salud.
El sistema está estructurado en tres subsectores cuyo corazón es el sistema de obras sociales sindicales, además el Estado y las prepagas. El sistema fue construido en la década del cincuenta sobre supuestos de funcionamiento del mercado de trabajo inexistentes en la actualidad. Sistema de tipo contributivo que se nutre de aportes que son porcentajes de salarios y, por lo cual, todo cambio en el mercado de trabajo le impacta de manera evidente.
Este modelo de funcionamiento de la seguridad social se agota a partir de las sucesivas crisis económicas que sufrió el país desde la década del setenta, que fueron transformando de manera permanente las características del mercado de trabajo. Altas tasas de desocupación, aumento de la informalidad laboral, salarios que se atrasan en relación con la inflación o que se deterioran en su referencia al dólar por las sucesivas devaluaciones de nuestra moneda, son algunos de los factores que han ido deteriorando de manera permanente el “pool” de recursos administrados por las obras sociales.
“Pool” de recursos que deben servir para financiar un sistema prestacional que aumenta sus costos de manera incesante, debido a la incorporación necesaria y permanente de nuevas tecnologías o medicamentos y la inflación en algunos períodos descontrolada.
En el medio de financiadores y prestadores, un Estado cuya crónica debilidad financiadora y regulatoria ha sido incapaz de financiar al sistema de seguridad social con los fondos complementarios necesarios, pero tampoco ha podido definir el modelo prestacional que el mismo debía financiar. Así, fue la lógica corporativa la que fue primando en la búsqueda de acuerdos o salidas de coyuntura, que sólo servían para postergar las soluciones de fondo resintiendo, desde hace mucho tiempo, la calidad de los servicios que se prestan.
Junto al sistema de obras sociales, en las últimas décadas se ha ido consolidando un sector estatal de la salud crónicamente desfinanciado. Desfinanciamiento producto, también, de las recurrentes crisis económicas y de las políticas de estabilización y ajuste reiteradamente implementadas para superar las mismas.
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Pero, además, el ajuste del sector público ha sido simultáneo al aumento de la demanda al mismo, debido a la crisis del mercado de trabajo. Aumento de la demanda debido a la mayor cantidad de personas sin cobertura de la seguridad social, más desfinanciamiento, sólo podía producir deterioro de los servicios e instituciones estatales de la salud desde hace por lo menos cuarenta años.
A su vez, el sector privado de la salud (la medicina prepaga) ha intentado a lo largo de este tiempo capturar como afiliados a los sectores de altos ingresos de nuestra sociedad, o a los aportantes de altos ingresos del sistema de obras sociales, a través de convenios con algunas obras sociales que les permiten abrir la puerta de la competencia, puerta que hoy se intenta abrir al interior del sistema de seguridad social. El “descreme” de las obras sociales sindicales ha sido otro factor que desde la década del noventa ha afectado los fondos de estas. Los fondos de las “prepagas”, también, han ido encontrando dificultades para financiar un modelo prestacional sin límites ni restricciones.
En este marco los prestadores de salud, con regulación o sin la misma siguen condenados a no percibir los fondos necesarios para funcionar. Los pacientes cada vez pagan más y los médicos cada vez perciben menos. La salud y la educación son las bases fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad. La salud no figura en la agenda política, solo llama a la puerta cuando algún actor la necesita. La atención y cuidado de la salud visual está en peligro.
*Mgter. en Adm. de Serv. de Salud, Secretario General de CAMEOF
