La corrupción y la mala administración fueron los grandes argumentos para llevar adelante las privatizaciones de empresas públicas en los años 90. A la vez, se dijo, cuanta menos regulación estatal exista, menos corrupción habrá en Argentina. Hoy estos argumentos se repiten en las vísperas de un nuevo proceso privatizador.
En los años 90, al poco tiempo de iniciados los expedientes administrativos para la venta de activos públicos, se supo que estos procesos estaban plagados de trampas, irregularidades y delitos de este tipo. Falsas competencias entre postulantes, selecciones arbitrarias, condiciones abusivas. Luego se supo también que ahí no se terminaba la cosa. Los nuevos dueños, en general grandes compañías extranjeras (a veces asociadas a capitales nacionales), habían capturado los organismos que debían controlar el servicio luego de la adquisición.
Siguieron años de buenos ingresos para las compañías que, en general, se fueron al exterior. Inversiones en infraestructura que en muchos casos no se hicieron y funcionarios que se enriquecieron permitiendo este proceso con pocos ganadores.
Con la compra de las empresas llegaban los dólares, claro, pero la corrupción venía consigo. En algunos casos la privatización no tenía por finalidad desarrollar un negocio sino vaciar una compañía, romper políticas públicas.
El reciente decreto 695/2024, que reglamenta la Ley Bases en lo que refiere a la reforma del Estado y las privatizaciones de empresas públicas, no ha incluido ninguna política para prevenir la corrupción. Sin dudas una mala señal"
“Robo para la Corona” se apodó al sistema de recaudación ilegal que antes de llegar a la cabeza dejó unos cuantos millonarios en el camino. Para ello unos cuantos funcionarios debían mirar para otro lado, y todos los organismos de control debían quedar desactivados.
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Entre los organismos podemos mencionar al Tribunal de Cuentas, que dejó de existir y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas,que fue vaciándose hasta quedar inmóvil. Al mismo tiempo nacieron los Tribunales de Comodoro Py, allí se nombraron, a dedo decenas de jueces y fiscales sólo por exclusiva afinidad política. El resultado de esta fórmula consistente en la nula política de prevención y control de la corrupción, sumada a la inacción judicial no sorprendió a nadie. Se consagró la impunidad absoluta.
Corrupción e impunidad en las privatizaciones
Con innumerables escándalos, durante el gobierno de Carlos Menem y en el breve gobierno de De la Rúa, se iniciaron muchas causas judiciales por estos hechos. Como era de esperar nunca prosperaron. Los expedientes donde se investigaba la corrupción en el proceso de privatizaciones no morían ni avanzaban. Transitaban una agonía que, pasados unos diez años, se dio por terminada.
Con el argumento de violarse la garantía de los acusados de ser juzgados en un plazo razonable, con el paso del tiempo como factor determinante para su prescripción, empezaron a llegar los cierres de estos expedientes. El último cierre ocurrió hace poco, se trata del caso “Thales Spectrum”.
Este expediente, en el cual se investigaba (seamos buenos, digamos así) la concesión del espacio radioeléctrico a la empresa multinacional de origen francés, terminó de morir hace dos meses. El Tribunal Federal Nº 3 declaró prescripta la causa iniciada por la Oficina Anticorrupción en el año 2001, en la cual se denunciaban presuntos pagos de soborno a cambio de una concesión por 20 años con una gran rentabilidad asegurada y enorme perjuicio para el Estado.
La causa se inició a raíz de una denuncia del entonces director de investigaciones de la Oficina Anticorrupción, Manuel Garrido. En aquellos tiempos el extraordinario José “Pepe” Massoni estaba a cargo de la Oficina Anticorrupción.
En la causa en cuestión, a lo largo del tiempo, estuvieron imputados el expresidente Carlos Menem; Germán Kammerath, ex secretario de Comunicaciones; y el abogado especialista en derecho administrativo Juan Carlos Cassagne, quien fuera presidente de Thales en Argentina.
No hubo ni una sola condena por estos hechos de corrupción público-privada. Para peor, con el paso de los años quedó claro que el sistema de administración de justicia, cuando participan grandes grupos económicos, carece de vocación por investigar y sancionar"
Actualmente, Carlos Menem, que murió condenado por una causa de corrupción, recibe homenajes por parte del gobierno e incluso tiene un monumento en la Casa Rosada. Cassagne sigue con su estudio jurídico, en el cual se escriben leyes y decretos para esta nueva etapa de privatizaciones.
En la causa “Thales Spectrum”, donde los funcionarios y empresarios fueron imputados por una defraudación al Estado Nacional de 320 millones de pesos, se indagó sobre un contrato con la empresa de origen francés que recién fue rescindido en el año 2003. Esta decisión ocurrió luego de un informe de la Auditoría General de la Nación, que hacía referencia a un millonario perjuicio al Estado.
Además de esta causa, derivaron en expedientes judiciales, entre otras, las privatizaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Aerolíneas Argentinas yla Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL). También llegó a tribunales la privatización de los aeropuertos argentinos, así como los servicios de asistencia de aeronaves en tierra.
La corrupción, ya sea para entregar el negocio o para no controlarlo después, fue acompañada de un desguace de los organismos de control. Un sistema de control que, en parte, cambiaría con la reforma constitucional del año 1994. Un proceso de vaciamiento que sucedió en el marco de una ampliación de la Corte Suprema de Justicia, con la conformación allí de una “mayoría automática”, y la construcción de un fuero especial para intervenir en los casos de corrupción, el Criminal y Correccional Federal, con asiento en Comodoro Py.
Carlos Menem, que murió condenado por una causa de corrupción, recibe homenajes por parte del gobierno e incluso tiene un monumento en la Casa Rosada"
En el año 2002 el mencionado José Massoni, que antes de ser titular de la OA fue juez, ya se quejaba de las demoras en investigar los grandes casos de corrupción. Decía esto: “Es inadmisible la dilación de los procesos judiciales que deben decidir acerca de las sanciones penales a aplicarse a quienes han cometido actos de corrupción. Esta Oficina presentó, desde el comienzo de su gestión, más de seiscientos casos ante la justicia. Como se verá más adelante en este informe, esto constituye una fuente de información acerca de las condiciones y los efectos de la corrupción. Sin embargo, sin una clara señal de afirmación del imperio de la ley y de que los desvíos en la gestión pública serán castigados, se vuelve a herir la ya erosionada aludida confianza de los ciudadanos en las instituciones, y aquellos que cometieron actos de corrupción, lo seguirán haciendo”.
El tiempo le dio la razón a “Pepe”. No hubo ni una sola condena por estos hechos de corrupción público-privada. Para peor, con el paso de los años quedó claro que el sistema de administración de justicia, cuando participan grandes grupos económicos, carece de vocación por investigar y sancionar.
Los recientes fallos a favor de Techint o Calcaterra en la causa cuadernos dan crédito de ello.
Y así surge una pregunta, si este nuevo proceso repite protagonistas en cuanto a personas e instituciones, qué resultado podemos esperar al respecto. A riesgo de prejuzgar, deberíamos suponer que veremos nuevos casos de corrupción. A la vez, difícilmente, si ocurriera un caso de este tipo, podríamos augurar rigurosas investigaciones o ejemplificadoras sanciones.
Así, ante un nuevo escenario de privatizaciones estamos mal si nos enfocamos en mecanismos de corte sancionatorio. Una vez más, para enfrentar la corrupción sería importante enfocarse en aspectos preventivos, reforzar las acciones de transparencia e integridad. Incorporar a ellas al sector privado y a la sociedad civil, desde un comienzo. Lamentablemente hasta el momento no se aprecia nada en esa línea.
Vale agregar, el generosísimo programa de beneficios para grandes empresas que dispone el RIGI parece ir por el mismo camino. Estamos ante un sistema que crea privilegios a cambio de inversiones, terreno fértil para posibles casos de corrupción.
Sin embargo, por el momento, el RIGI no tiene una sola política de integridad asociada.Debería enfocarse a una participación activa de los organismos de control y asegurarse independencia de los funcionarios respecto de las compañías que podrían beneficiarse. A la fecha tal cosa estaría lejos de suceder. Algunas de las empresas que impulsaron el RIGI en post de jugosos negocios, por ellas mismas o vía sus estudios de abogados, tienen influencia absoluta sobre un Estado capturado, rehén en sus decisiones de compañías que colocaron a funcionarios en puestos claves.
Algunas propuestas
Hay cierto consenso entre los especialistas respecto a qué políticas públicas anticorrupción podrían llevarse adelante en procesos en los cuales intervienen el sector público y el privado, como son las privatizaciones. El acuerdo radica en que se debe intervenir en ambos lados del mostrador, con mecanismos de integridad que deben implementarse desde el inicio del proceso, garantizando transparencia, con plena publicidad y una amplia participación de la oposición política y,claro, de la sociedad civil.
Un antecedente respecto de este tipo de iniciativas ocurrió en tiempos de Gabriel Katopodis como ministro de Obras Públicas. Allí se constituyó un Observatorio con participación de funcionarios, ongs, universidades y cámaras empresariales. La historia de las obras públicas en nuestro país, desde la cartelización hasta la digitación de los procedimientos, justificaba soluciones amplias e innovadoras. De este espacio formaron parte la Cámara Argentina de la Construcción, la UOCRA, Poder Ciudadano, CIPPEC, UNSAM y la Universidad Austral, entre otros.
De allí, a la vista de todos, surgieron compromisos e iniciativas tales como el Mapa de la Obra Pública, el trámite digital de los expedientes, el sistema de monitoreo de obras, etc.
Sería de gran utilidad para garantizar la transparencia en el nuevo proceso de privatizaciones, así como para la implementación íntegra del RIGI, la constitución de un espacio similar, con amplia participación social. El Observatorio podría tener su anclaje en el Congreso o en el Poder Ejecutivo. En caso de optarse por esta última opción debe, a la par, invitarse a los partidos de la oposición a que designen sus representantes en él.
En cualquier caso, resultará fundamental la actividad que cumpla la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones. Una Comisión que a la fecha no está conformada, pero que tiene importantes competencias. Veremos.
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La ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, impulsada por el gobierno de Mauricio Macri en el año 2018, abre desde su faz preventiva, otro camino para explorar acciones destinadas a reforzar el compromiso del sector privado en evitar casos de corrupción.
En ese sentido, debería activarse con un enfoque específico el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas, el RITE. Se trata de una plataforma digital desarrollada por la Oficina Anticorrupción en el año 2021, y que otros países de la región han imitado posteriormente.
Sería de gran utilidad utilizar esta plataforma para que las empresas que quieran participar en las privatizaciones, o las que sean beneficiarias del RIGI, asuman compromisos activos y específicos respecto a la integridad en los procesos administrativos, y luegohagan lo propio en la gestión de las empresas en caso de resultar ganadores.
Podría crearse la obligatoriedad de la inscripción en el RITE con un piso mínimo en cuanto al desarrollo de políticas anticorrupción en las empresas interesadas. Podrían agregarse pautas a las que hoy existen y, por ejemplo, establecerse la obligación de cargar información sobre políticas ambientales o de derechos humanos. Lo propio respecto al deber informar y publicitar sobre composición accionaria, las personas físicas que las gestionan e incluso los beneficiarios finales.
Pero, antes que nada, una aclaración: no hay política de anticorrupción posible si el Estado está capturado por las corporaciones.
Quienes, desde el sector privado, gestionaron la incorporación de artículos al RIGI lo hicieron haciendo lobby desde la oscuridad. Otro tanto ocurrió con quienes desde importantes estudios jurídicos trabajaron en la redacción de las leyes, incluida la que determina las empresas a privatizar.
No hay política de anticorrupción posible si la gestión de estas políticas continúa rehén de las corporaciones. Un Estado capturado mal puede controlar la integridad de este tipo de negocios. Lo primero que debiera pasar para no repetir la historia de corrupción en los procesos de privatizaciones es trazar claramente la línea que separa sector público y privado. No parece avizorarse nada de esto desde el gobierno nacional, pero ahí también asoma el deber de controlar que tiene la oposición y el derecho a hacerlo de las organizaciones sociales.
Lamentablemente el reciente decreto 695/2024, que reglamenta la Ley Bases en lo que refiere a la reforma del Estado y las privatizaciones de empresas públicas, no ha incluido ninguna política para prevenir la corrupción. Sin dudas una mala señal.
