La educación pública ha sido y sigue siendo una marca identitaria de la sociedad argentina. Desde la Ley 1420 sancionada en 1884, pasando por los logros de la Reforma Universitaria, la creación de la Universidad Tecnológica Nacional, la obtención de los Premios Nobel y la etapa de normalización y democratización de las universidades que impulsó el Presidente Alfonsín, el sistema educativo y el sistema de ciencia y tecnología integran uno de los acervos más preciados de nuestro país.
En estos días, el debate público en torno a la amenaza del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario vuelve a poner en foco a una de las instituciones que más valoran los argentinos y que más reconocimiento tiene en el plano internacional. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué es lo qué está en juego? ¿Por qué una parte muy importante de la sociedad va a acompañar el reclamo que los universitarios vamos a protagonizar este 2 de octubre?
Los millones de personas que se movilizaron en todo el país, expresan a su vez a muchos millones más de compatriotas que quieren que nuestro país, priorice la educación como plataforma de desarrollo, como vector de movilidad social ascendente y cómo eje central de las políticas públicas, tal como lo hicieron todos los países que se desarrollaron y crecieron en democracia.
¿Cuál fue y cuál sigue siendo el punto de desacuerdo? El emergente de estos meses de conflictividad es que los docentes, investigadores y trabajadores del sistema universitario ya perdieron al menos el 25% de su poder adquisitivo en lo que va del año, que las partidas para infraestructura están raleadas y que la actualización de las tarifas de los servicios públicos, impacta de manera directa sobre el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio.
Para subsanar esta situación y para poder empezar a normalizar el funcionamiento del sistema educativo, desde el Congreso de la Nación, avanzamos con la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario que intenta recuperar las pérdidas del presente año y que establece criterios asequibles para garantizar la continuidad de la docencia, la investigación y la extensión universitarias, pilares de nuestro sistema. Dicha Ley, representa el 0,14% del PBI para las cuentas públicas y no lesiona la racionalidad del superávit fiscal, en tanto herramienta necesaria para el ordenamiento del Estado.
Por ello, la amenaza del veto genera un inmediato estado de alerta y de preocupación a buena parte de la sociedad.
En este contexto, se gesta la Segunda Marcha Nacional Universitaria que vuelve a reunir a millones de ciudadanas y ciudadanos a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Es lógico preguntarse entonces: ¿Por qué marchamos?
Se trata de una pregunta que nos interpela como ciudadanos y que actualiza esa dimensión cultural y esa representación simbólica que tiene la educación pública en nuestro país. Las respuestas que tienen su expresión en diversos estudios de opinión -actuales y realizados en otras coyunturas-, abrigan la perspectiva de construcción de un país mejor, con un Estado ordenado, inteligente y sensible a las necesidades primordiales de su población. La respuesta es individual y colectiva a la vez.
Marchamos porque la educación es una herramienta - quizás la única - que nos asegura condiciones y perspectivas reales y tangibles de desarrollo y de superación de la exclusión.
Marchamos porque el superávit fiscal es compatible con la ley de financiamiento universitario.
Marchamos porque la autonomía y el cogobierno democrático de las universidades son fortalezas del sistema universitario argentino ponderadas en todo el mundo.
Marchamos porque el deterioro presupuestario en las Universidades no sólo lesiona el derecho a la educación de millones de personas sino que daña la producción de conocimientos y el rol decisivo que tienen las Universidades para el desarrollo.
Marchamos porque las mejoras necesarias e impostergables para un mejor funcionamiento de las Universidades requieren de acuerdos que nos trascienden y que pongan al bienestar general por encima de cualquier divergencia.
Y marchamos porque esta demostración ciudadana de apego a la educación gratuita y de calidad no es atributo ni capital de ningún dirigente ni de ninguna corporación en particular, sino que es un activo de toda la sociedad argentina, quizás uno de los pocos que perduran desde 1983.
Maximiliano Abad
Senador Nacional por la provincia de Buenos Aires. Presidente de la UCR Bonaerense.
