Por décadas, el mercado inmobiliario argentino ha estado secuestrado por regulaciones arcaicas que restringen la competencia, encarecen los costos y limitan el acceso a la profesión. La exigencia de matrícula obligatoria, la intervención de colegios profesionales monopolizados y la imposición de honorarios regulados no han servido para garantizar una mejor calidad de servicio, sino para consolidar un mercado cautivo, dominado por intereses corporativos y estatales o pseudo aventuras políticas de los auto-denominados referentes institucionales, que rara vez aportan valor real a la industria, sin mencionar otros aspectos macabros, como ser que todo el andamiaje regulatorio encuentra su origen en contextos de una dictadura militar que ya nada tiene que ver con la realidad actual.
Sería interesante que el famoso “principio de revelación” opere en dirección de reconocer quiénes defienden o validan estás medidas y acciones de dicha época.
Pero la mayor reforma des-regulatoria de la historia puede ser posible. La eliminación de las restricciones impuestas por las leyes nacionales 20.266 y 25.028, neutralizarían las posteriores barreras provinciales (como por ejemplo la Ley 10.973 y la Ley 14.085 en el caso de la Pcia. de Buenos Aires), abriría el mercado inmobiliario a la libre competencia, permitiendo que el talento y la eficiencia determinen el éxito, en lugar de la regulación estatal, tal como ocurre con éxito en países como España, México o Inglaterra.
El corretaje y el remate ya no estarían en manos de burócratas, sino de los consumidores y los profesionales que realmente aporten valor.
El fin del monopolio de los Colegios Profesionales
Durante décadas, los colegios de martilleros y corredores operan como carteles de mercado, controlando quién puede y quién no puede ejercer la profesión. Exigencias de matrícula, títulos universitarios obligatorios y regulaciones territoriales que sirvieron para restringir el ingreso de nuevos actores y encarecer artificialmente los servicios.
Se propone que cualquier persona realice remates y operaciones inmobiliarias, sin estar matriculada"
Con la reforma a nivel nacional, el Estado dejaría de intervenir en la regulación de la matrícula de manera exclusiva. La inscripción pasaría a ser voluntaria y gestionada también por entidades privadas, incluso por aquellos modelos que de manera cotidiana trabajan efectivamente en la instrucción del capital humano para certificar su idoneidad, que no casualmente son en gran medida elegidos voluntariamente por los individuos que deciden confiar sus necesidades de mediación inmobiliaria. En un mercado verdaderamente libre, los consumidores determinarán la calidad del servicio, y no un ente burocrático con intereses corporativos basado en la validación del monopolio legal de la fuerza, que es el Estado.
Impacto inmediato:
- Cualquier persona podrá operar como martillero o corredor sin requerir aprobación estatal
- Las asociaciones privadas competirán por ofrecer certificaciones y garantías basadas en reputación, en lugar de barreras impuestas por una ley obsoleta
- Se desmantela el poder discrecional de los colegios profesionales, que hasta ahora podían sancionar arbitrariamente a quienes no se alinearan con sus intereses
Eliminación del título universitario obligatorio
Un título universitario no es garantía de ética ni eficiencia en el mercado inmobiliario. La exigencia del título solo ha servido para convertir a la educación en un peaje obligatorio para acceder a la actividad, sin asegurar que quienes egresan sean realmente competentes, ni que aquellos que no hayan pasado por un sistema de formación oficial carezcan de talento o capacidad.
El nuevo marco normativo derogaría esta imposición. La experiencia, el conocimiento práctico y la capacidad de negociación serían los verdaderos determinantes del éxito en la profesión. No más licencias estatales. No más castas privilegiadas. No más barreras de entrada artificiales.
Impacto inmediato:
- Se democratiza el acceso a la profesión
- La competencia se basará en la reputación y el servicio, no en el monopolio de la educación formal
- Se promueve la innovación en el sector, eliminando la homogeneidad impuesta por estructuras educativas rígidas
Fin de las restricciones territoriales
Hasta ahora, el ejercicio profesional se encuentra restringido por límites jurisdiccionales absurdos. Un corredor de una provincia no puede operar en otra sin enfrentar costos burocráticos adicionales, forzando un mercado fragmentado y poco dinámico, y lo que es peor no respetando la libertad de los usuarios a elegir a sus referentes comerciales.
Con la reforma, el corretaje y el remate inmobiliario se convertirían en actividades nacionales y sin restricciones geográficas. Un profesional podrá operar libremente en cualquier parte del país sin necesidad de trámites innecesarios.
Impacto inmediato:
- Más oferta de servicios en regiones donde antes había monopolios locales
- Mayor competencia, lo que reducirá los costos para consumidores y empresas
- Expansión de plataformas digitales para conectar oferta y demanda sin intermediarios estatales
Derogación de sanciones por ejercicio sin matrícula
Con las regulaciones vigentes, una persona que quisiera operar sin matrícula enfrentan multas, allanamientos y hasta el cierre de su oficina. Esta persecución solo sirvió para limitar el derecho a trabajar libremente.
La reforma derogaría estas sanciones y permitiría que cualquier persona realice remates y operaciones inmobiliarias sin estar matriculada. La confianza en el servicio será el único factor que determinará el éxito.
Impacto inmediato:
- Cualquiera puede ofrecer servicios de corretaje y remates sin miedo a represalias estatales
- Se eliminan los costos burocráticos, facilitando el acceso a la actividad
- Los clientes tendrán mayor variedad de opciones y precios más competitivos
Fin de los honorarios reguladosa cambio de un acuerdo voluntario
Los aranceles mínimos y máximos, así como también los honorarios fijos son una forma de control de precios y son una trampa para los consumidores y una protección artificial para quienes ya están establecidos en el mercado. Si el Estado no fija el precio del tomate, ¿por qué debería fijar el precio del corretaje o los remates?
Con la reforma, los honorarios serían pactados libremente entre las partes, permitiendo que la competencia reduzca costos y mejore la calidad del servicio. La eficiencia reemplazaría a la regulación.
Impacto inmediato:
- Se termina la fijación de precios artificiales.
- Mayor competencia generará mejores servicios y costos más accesibles.
- Se abren nuevas oportunidades para modelos de negocio innovadores.
Argentina está frente a una de las transformaciones más importantes de su historia y en un verdadero cambio de época en materia inmobiliaria. La eliminación de las regulaciones impuestas vía los colegios monopólicos, y que son, en última instancia, un subterfugio del intervencionismo estatal, empoderará a los verdaderos profesionales y beneficiará a los consumidores, permitiendo que la calidad del servicio y la confianza entre las partes sean los únicos reguladores válidos.
Este cambio no es solo legal, sino que principalmente cultural. Pasamos de un modelo corporativo y cerrado, a un mercado abierto y dinámico. Dejamos atrás el concepto de que el Estado debe "autorizar" a trabajar, para reconocer que el derecho a comerciar libremente es inalienable. Eliminamos la burocracia como filtro de "calidad", para darle ese poder a los consumidores. El mercado inmobiliario argentino finalmente pertenece a sus protagonistas: los profesionales que se ganan la confianza de sus clientes y los consumidores que eligen con total libertad.
