Hace quince días asumí como titular de la Defensoría del Público, que tiene como prioridad difundir y defender el derecho a la comunicación democrática, de las audiencias de los medios de comunicación audiovisual y escucha los reclamos de las mismas, en el marco del derecho a la comunicación de la sociedad.
Fui designada por la Comisión Bicameral de seguimiento de la Ley de Servicios de Comunicación audiovisual, integrada por representantes del oficialismo y la oposición. El organismo a mi cargo, venía de cuatro años de inmovilismo y un año y medio de intervención.
En los últimos días y después de una entrevista que me realizaron en Radio Con Vos, en redes sociales y en algunos medios de comunicación, sacaron de contexto mis declaraciones sobre un reclamo que la Defensoría recibió sobre expresiones públicas del señor Angel Etchecopar.
A partir de entonces, una catarata de acusaciones me colocó injustamente en el lugar de censora. Se puso en mi boca un discurso autoritario que nunca fue, ni será mío. Recibí amenazas de muerte en redes sociales y mensajes discriminatorios y antisemitas, que denunciaré ante la DAIA y el INADI.
Jamás hablé de censura en relación a Etchecopar porque soy una defensora a ultranza de la libertad de expresión y del derecho a la comunicación de todas las personas.
Jamás hablé de censura en relación a Etchecopar porque soy una defensora a ultranza de la libertad de expresión y del derecho a la comunicación de todas las personas
La Defensoría existe para garantizar que todas/os puedan expresarse y visibilizar especialmente a los colectivos con derechos vulnerados, como migrantes, LGTBI, pobres, minorías religiosas personas con discapacidad, afrodescendientes y mujeres, niñas y niños, entre otros.
¿Puede alguien pensar de verdad que existe la intención de acallar alguna voz o de hacer “desaparecer” a alguien, como se dijo?
En un país en el que el Estado, hace más de 40 años se convirtió en terrorista, la libertad es un bien preciado y los argentinos y argentinas sabemos valorarlo. Por esta razón, cuando en democracia, se asesinó al reportero José Luis Cabezas, la sociedad se puso de pie y exigió el esclarecimiento del crimen.
Mi extensa carrera profesional está a la vista. Fui periodista de investigación muchos años y mi trabajo colaboró con el esclarecimiento de algunos delitos graves, como el abuso sexual a menores, por el que fue juzgado y condenado ex sacerdote Julio Grassi.
Como sobreviviente de dos centros clandestinos de detención y tortura, soy consciente de mi responsabilidad histórica. Presté testimonio ante la Conadep, en el Juicio a las Juntas y en decenas de juicios de lesa humanidad. Y Abracé el periodismo, para ayudar a fortalecer la libertad de expresión y la justicia.
La Defensoría del Público no tiene potestad sancionatoria. Es un espacio mediador, que tiende puentes, que emite recomendaciones, promueve la discusión, propicia la presencia de más voces y opiniones.
La Defensoría del Público no tiene potestad sancionatoria. Es un espacio mediador, que tiende puentes, que emite recomendaciones, promueve la discusión, propicia la presencia de más voces y opiniones.
En contra de Etchecopar existen veinticuatro presentaciones por manifestaciones de odio ante la Defensoría desde el 2013. Se recibieron reclamos por sus dichos contra las mujeres, discriminación por clase social, por orientación sexual, personas privadas de la libertad y hasta al Papa Francisco.
En noviembre de 2018, por citar un ejemplo, la intervención del Inadi del gobierno de Mauricio Macri recomendó que Etchecopar debía retractarse por sus calificaciones de “negros, sucios e hijos de p…” a un grupo de manifestantes. Etchecopar nunca tomó nota de ninguna recomendación ni se avino a mediación.
Esta actitud no tuvo consecuencias en la libertad de expresión de Etchecopar, precisamente porque no hay potestad, ni intención punitiva en el accionar de la Defensoría.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, la fiscal, Verónica Guagnino después de una denuncia judicial, determinó que Etchecopar debía emitir micros de voces de mujeres feministas como reparación a expresiones violentas contra una integrante del Movimiento Evita. La intervención de la Defensoría a cargo de Emilio Alonso ordenó y autorizó la producción de esos micros en el organismo.
La Defensoría promueve el intercambio y la difusión de ideas pero advierte que los discursos violentos y discriminatorios son peligrosos para la democracia.
La Defensoría promueve el intercambio y la difusión de ideas pero advierte que los discursos violentos y discriminatorios son peligrosos para la democracia.
Desde este lugar, seguiremos a un cambio cultural, a una toma de conciencia y una comunicación responsable que no hiera, no estigmatice y que no eche mano de insultos, ni descalificaciones o de informaciones falsas que denigran el debate público.
*Defensora del público.
