Durante la campaña electoral uno de los videos virales publicado en las redes sociales de quien sería luego electo Presidente, nos devolvía la imagen de Milei despegando posiciones del organigrama del Estado al grito de “afuera”, simbolizando de esta manera el recorte del gasto público que estaba planeando llevar adelante. En otras palabras, se apuntó sin ningún eufemismo a la “casta política” como blanco de los ataques y también se la utilizó como mascarón de proa del ajuste puesto en marcha desde diciembre del año pasado, el cual, por si había algún distraído en la sala, se graficó con el uso de una motosierra en sus actos.
Efectivamente la reducción del organigrama estatal se llevó a cabo, comparados con la foto del último gabinete de Alberto Fernández, los cargos políticos (nivel de subsecretario en adelante) se redujeron de 479 a 385, casi el 20%. En esa reingeniería se pasó de dieciocho ministerios y una Jefatura de Gabinete, a ocho carteras y una Jefatura de Gabinete. Pero no todo es lo que parece.
En ese proceso de eliminación de posiciones y nueva configuración de la Ley de Ministerios se observa que no todas las áreas achicaron su plantel. Por un lado, es lógico que ante la reducción de ministerios haya otros que concentren más cargos políticos, producto de tener que absorber áreas de gobierno: es el caso del Ministerio de Economía (el más grande de todos en la gestión Milei) o Capital Humano. Hasta ahí tampoco hay grandes conclusiones a exponer.
El dato que llama la atención es cuando se hace zoom en Presidencia de la Nación. Es aquí donde la motosierra se queda sin combustible, llamativamente en el corazón de la gestión libertaria y en los despachos más cercanos al Presidente. Comparados nuevamente con el proceso político anterior, vemos que los cargos políticos de la jurisdicción aumentan 159%: se pasa de veintidós a cincuenta y siete en tan sólo once meses de gobierno.
Este incremento no sólo obedece a la absorción de áreas, dado que se han creado nuevas secretarías que no existían en el gobierno de Alberto Fernández. Es el caso del puesto de María Ibarzábal Murphy (Planeamiento Estratégico Normativo) o la superposición de funciones entre otras, como la de Manuel Adorni (Comunicación y Medios) y la de Eduardo Serenellini (Prensa).
¿Por qué es importante prestar atención a esto? En primer lugar, porque permite visualizar la concentración de poder del Presidente. Por ejemplo, una de las secretarías de Estado que forman parte de la lista es la de Inteligencia (recupera el siniestro nombre de SIDE), la cual volvió a ese rango luego de la experiencia de la AFI disuelta en julio.
En segundo lugar, porque no es secreto para nadie que el manejo superestructural de muchas de estas áreas recae en lo que Milei denomina “triángulo de hierro”, conformado por Santiago Caputo, Karina Milei y él mismo. Sobre ambos funcionarios es importante resaltar algunas curiosidades: la hermana del Presidente fue nombrada en el cargo estableciendo una excepción impuesta desde el gobierno de Mauricio Macri acerca de la prohibición de nombrar familiares en el sector público nacional (decreto 93/2018); Santiago Caputo concentra mucho poder, pero sólo tiene rango de asesor presidencial vía contrato de monotributo, pudiendo eludir de esta forma los mecanismos de control establecidos para los funcionarios públicos.
En tercer lugar, ligado a lo anterior, en estos funcionarios recaen muchas de las acciones que lleva adelante el Gobierno para librar su “batalla cultural”. No es casual que de Presidencia dependa también desde esta semana la Secretaría de Cultura, que fue transferida desde el Ministerio de Capital Humano o que, uno de los funcionarios que no han tenido que presentar la renuncia en Cancillería sea Nahuel Sotelo Larcher, secretario de Culto y Civilización y uno de los hombres que reportan directamente a Santiago Caputo.
Esto nos permite entender que, más allá de los discursos de campaña, hay lugar en el Gobierno para aumentar la cantidad de cargos políticos. Sobre Presidencia de la Nación no recae el ojo entrenado de funcionarios que tienen una obsesión por la limitación de las capacidades estatales, pareciera ser todo lo contrario. Es decir, la motosierra es selectiva: si para llevar adelante la batalla cultural es necesario aumentar las estructuras, sortear normas sobre nepotismo o la propia Ley de Ética Pública, el cielo es el límite.
* Analista Político.
