OPINIóN
Hasta cuándo

Milei dice que el hambre puede esperar

“Con la mitad de la población pobre, el gobierno no puede tomar la decisión de no asistir, de no entregar alimentos”, sostiene el autor. Y agrega que el Estado “tiene el mandato constitucional, legal y moral de promover una sociedad más igualitaria”.

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Casi siete millones de niños, niñas y adolescentes argentinos que viven en la pobreza. | cedoc

El hambre puede esperar, dice el presidente Javier Milei y eso hace cada uno de los integrantes de su gobierno. Esa consigna perversa es la que ejecuta con mano firme su ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, cumplió con la decisión política de no asistir la emergencia de quienes tienen hambre ni las que se produzcan por algún tipo de catástrofe climática o estructural, resultado de años de pobreza y exclusión. 

La necesidad indiscutible de buscar transparencia en los procedimientos de entrega de alimentos y evaluar la tarea de las organizaciones de la sociedad civil, que atienden la demanda de miles y miles de familias, no es razón para despojarlas del derecho a la alimentación. Tampoco para romper una política de estado que, con sus más y su menos, se viene desarrollando desde el estado nacional desde hace más de 40 años. 

El gobierno hizo de un hecho puntual -malversación de fondos y prácticas malhabidas de algunos integrantes de organizaciones- una excusa para desconocer el trabajo de miles de colaboradores sociales, que asisten en forma solidaria a millones de ciudadanos inmersos en la pobreza.

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La improvisación y desidia se expresó en innumerables contradicciones, no compró ni entregó alimentos. Primero porque -dijeron- debían auditar, después por que se guardaban para emergencias climáticas y, por último, por culpa de la propia gestión del ex secretario de Desarrollo Social. 

Renuncias de funcionarios, denuncias voladoras sin fundamentos, mentiras y desmentidas, es el resultado de la gestión que supuestamente debe sostener a los sectores más vulnerables, víctimas de una desregulación salvaje de los precios de los alimentos. Los pibes y pibas que no toman leche, no incorporan calcio y eso es irreversible en el futuro. Está cayendo el consumo de carne y lácteos. No pueden mirar para el costado.

Con la mitad de la población pobre, el gobierno no puede tomar la decisión de no asistir, de no entregar alimentos. Además de opinar, criticar, la ministra y su equipo deben gestionar. En otro momento discutiremos quién es responsable de la pobreza, hoy hay que actuar.

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Quiero proponerle a la ministra que hable con la gente, que salga del escritorio. Se va a dar cuenta de las necesidades y también se va a sorprender de la solidaridad.

Durante la pandemia me tocó trabajar y recorrer el país, tuvimos además del covid, incendios en Lago Puelo, Córdoba, Corrientes, inundaciones y aludes en el norte, el terremoto de San Juan, tornados en Misiones y provincia de Buenos Aires. Siempre estuvimos ahí, presentes acompañando a los afectados y coordinando con autoridades Provinciales y Municipales, no es ningún mérito, es lo que corresponde y lo que este gobierno abandona y ahora propone “resolver” en una suerte de privatización de la asistencia. Un seguro de emergencias a cargo de empresas proveedoras que actúen cuando el gobierno lo solicite. Un nuevo negocio que remite a la experiencia de las AFJP, donde los únicos que ganan son los administradores de los fondos del estado. 

Es de una ignorancia profunda entender la relación del Estado con las comunidades más pobres como una relación de proveedor, un hecho administrativo donde el único vínculo es entregar mercancías. La pobreza es un fenómeno multidimensional y social, como tal requiere un abordaje integral y de reconocimiento del tremendo esfuerzo por defender la vida que hacen las comunidades y las personas privadas de sus derechos y el acceso a los bienes básicos. 

El Estado tiene el mandato constitucional, legal y moral de promover una sociedad más igualitaria, con oportunidades para todos los ciudadanos. Nuestro país, tiene una gran diversidad territorial y cultural, de ahí la necesidad de respetar el federalismo, de promover la organización y la participación social. Las políticas públicas de asistencia fracasan si no integran a los propios afectados y las realidades locales. 

Un pueblo libre, es un pueblo organizado con la capacidad colectiva de construir una sociedad para todos, atendiendo prioritariamente a quienes más lo necesitan.

*ex viceministro de Desarrollo Social