“Si mis conciudadanos quieren irse al infierno, yo los ayudaré. Es mi trabajo”.
Oliver Wendell Holmes, Juez Supremo EEUU (1902-1932) en Cartas con Harold Laski (1916-1935).
1. Una democracia zombie necesita un constitucionalismo gore.
Al día siguiente de un histórico debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió una batería de casos para ponerse en sintonía y acelerar lo que serán transformaciones extraordinarias en su sistema político, en su debilitado “rule of law” y en la transmutación privada del sector público. El deterioro cognitivo de Biden se transformará en deterioro colectivo.
Esa batería de casos, por un lado, incluyó la decisión del pasado lunes 1 de julio sobre la “inmunidad limitada” de Trump (Trump vs. USA) frente a los hechos en el Capitolio del 6 de Enero de 2021. Con esa decisión, la Corte Suprema blinda parcial pero estratégicamente a Trump de toda responsabilidad criminal por lo sucedido en Washington ese día.
Por otro lado, también incluyó la decisión del 28 de Junio en las que la Corte replega el rol del Estado y sus agencias administrativas (Loper Bright Enterprises vs. Raimondo) y la respectiva a las personas en situación de calle que permite desde expulsarlas del espacio público hasta detenerlas por 30 días por dormir en la calle con una manta sin que eso se considere como “trato cruel e inhumano” (Grant Pass vs. Johnson, ver todo en Scotus Blog).
Todas permiten una mutación constitucional hacia las políticas de la crueldad y la deshumanización más profunda: la soberanía corporativa sin control de los ricos y poderosos y la deshumanización de los excluidos por un sistema que ya ni los necesita como trabajadores ni como consumidores. Dos formas de necropolíticas que piensan un Estado benefactor de las corporaciones y un Estado penal en lo social.
Heredarás el caos: padres construyen un futuro de desintegración y violencia para sus hijos
La sociedad entre un posible nuevo gobierno de Trump y la Corte del Juez Roberts, Presidente de la Corte Suprema (2005-2024), con Clarence Thomas y Samuel Alito como sus miembros más extremos con vínculos corporativos ya públicos, será fundamental para hacer cambios institucionales en la intensidad que obliga un único mandato de alguien, como Trump, que ya tiene 78 años.
La alianza entre corporaciones y sistema político profundizará las mutaciones constitucionales, sus regresiones. Aunque no debería ser necesario, cabe aclarar que la Corte Suprema es parte del sistema político en Estados Unidos y en el mundo. Quizás, la Corte Suprema es la representante del sistema político con más lazos y vasos comunicantes entre ambas esferas. Cualquier semejanza a otros contextos mesiánicos es mera coincidencia.
La profunda crisis de las elites del norte es tan notable como multifacética y se da en un contexto internacional explosivo, de desafíos existenciales, algunos reales y otros imaginarios, para el bloque que pretende “liderar a Occidente”. La presidencia imperial estará en plena expansión, los derechos y sobre todo las garantías constitucionales entrarán en contracción. Una contracción que la economía, la pandemia, los conflictos bélicos y las plataformas –también beneficiadas por una decisión judicial de la misma Corte Suprema la semana pasada– ya iniciaron hace tiempo.
En 2016 Trump ganó con “el evangelio de la prosperidad” que repetía “vamos a cansarnos de ganar dinero”. Pero en 2024 sus discursos son intensamente mesiánicos apelando a sincretismos de las “guerras santas” que sus bases pueden interpretar como invitaciones a nuevas acciones en línea del mítico 6 de Enero del 2021.
En estos últimos tiempos, Trump se consolidó como un líder religioso de mayorías frente a una encrucijada nacional y civilizatoria. No importan sus pecados ni sus condenas ni las cosas que haya dicho o hecho, su base lo apoya incondicionalmente. El mesianismo y la religiosidad no son exclusivos de la derecha, se retroalimenta tanto en las minorías intensas de la izquierda identitaria “woke” como en sectores de la derecha cristiana y evangélica.
La palabra “guerra civil” aparece en discursos más intensamente alimentada por los dos extremos irreconciliables, sus cámaras de ecos, la imposibilidad de diálogo y una economía que sigue golpeando a las mayorías de forma transversal. En las guerras de fragmentación social, el supuesto antifascismo combate al supuesto fascismo con las herramientas del fascismo y se vuelve su hermano siamés con odio y crueldades gemelas. Eso se puede ver a lo largo de los Estados Unidos como quizás en otras pampas donde reinan las escuelas del resentimiento y las iglesias de la violencia.
El falso “constitucionalismo pop” de la presidencia de Obama (2008-2016) anunciaba el necroconstitucionalismo que ya está en expansión en EEUU y Europa. Sus políticas tenían más carisma que sustancia, eran claramente demagógicas y de progresismo hueco. Prometían prosperidad con decisiones imposibles de sostener en el largo plazo, ocultaban el costo de la letal crisis financiera del 2008 mientras expandía su política internacional de ataques con drones (“drone strikes”) sin permiso parlamentario. Terminaba sus dos mandatos en 2016 con Guantánamo todavía funcionando –contradiciendo una decisión de la propia Corte en el 2008– y un panorama social en claro declive, especialmente para las sectores sociales que decía representar.
La historia de la Corte Suprema de Estados Unidos –salvo rarísimas excepciones y más allá de la demagogia judicial de Earl Warren– es la de colaborar activamente con la expansión de las corporaciones económicas y de los Presidentes que las representan en el Poder Ejecutivo.
2. La Corte Suprema y su constitucionalismo gore.
La soberanía de las corporaciones históricas y de las plataformas en la derogación de derechos (privacidad, intimidad, libertad de expresión, etc), que nominalmente tenemos pero hace tiempo desaparecieron, es parte de una cara del constitucionalismo gore. Esta faceta está representada en las decisiones por las decisiones sobre Trump, las agencias administrativas (Loper) y la decisión sobre plataformas hace una semana (Moody vs. Netchoice). El Estado benefactor para las corporaciones con acciones afirmativas para ellas. El “constitucionalismo de club social” para una minoría privilegiada a la que se pertenece y frecuenta. Quizás el constitucionalismo social más frecuente para las Cortes.
La otra cara del constitucionalismo gore es la faz represiva y punitiva. El Estado penal pensado para gestionar lo social en su faz de desintegración. El caos organizado necesitará una contención que se delega en la misma sociedad desconfiada y dividida. Vigilancia y Estado total expandido para la sociedad que se autodestruye en la periferia de los nuevos centros de poder feudal y sus barrios cerrados militarizados.
En síntesis, repetimos, el constitucionalismo gore y sus políticas públicas, las necropolíticas, piensa un Estado dual: un Estado de bienestar para las corporaciones y un Estado penal para las mayorías empobrecidas sin capacidad de cooperación y en guerra cultural de fragmentación.
En este contexto, la Corte Suprema de EEUU agregará un capítulo intenso a su historia de constitucionalización de injusticias. Así en el pasado afirmo la “constitucionalidad” de la esclavitud (Dred Scott 1858), la segregación racial (Plessy 1896), de la censura y persecución política (Debs 1919), las ejecuciones y linchamientos judiciales de Sacco y Vanzetti (Sacco Vanzetti 1927), la detención de japoneses en campos de concentración sin proceso (Korematsu 1944), la pena de muerte con inyección letal como una forma que no configura “trato cruel e inhumano” (Baze vs. Rees 2008) y ahora incluirá el mismo Estado penal expandido que se alimentará de los pánicos creados por los espacios progresistas puritanos y conservadores dementes, dos hermanos gemelos separados al nacer.
Desde los linchamientos raciales hasta la brutalidad policial, los ritos culturales de la violencia (ver el caso de Kyle Rittenhouse) pasando por las cancelaciones y patrullajes reales o virtuales en las universidades, el goce de la “crueldad” es uno de los motores transversales en la descomposición de la paz social, también en los Estados Unidos.
Los Estados de excepción, hoy fácilmente fabricables en ámbitos diversos, combinan la posibilidad de manipular políticamente terror y usar las escenas de crueldad, de sangre y violencia represiva (gore), como vía de legitimación popular, de formas de control social espectacular. Así fue en la primera gestión de Trump la política de detención de familias migrantes.
Con pánicos reales o sintéticos se pueden crear climas enrarecidos para construir sugestión de masas para acciones demenciales como las sucedidas el 6 de Enero en EEUU o casi sincréticamente en Brasilia dos años después (el 8 de Enero del 2023). Las noticias falsas manipuladas a través de Whatsapp, las redes de rumores y las práctica de pensamiento de enjambre pueden producir lo peor. Esto es, el terror que necesita una sociedad adicta al pánico para ser controlada y el show de crueldad para distraerla.
Una sociedad que percibe la decadencia social y la crisis de la democracia no piensa en términos de legalidad estricta y división de poderes exigente. En pánico no se piensa. Por el contrario, se postula que se ponga un “orden”, que “frene a los inmigrantes en la frontera”, por ejemplo, no sólo ilegal e inconstitucionalmente sino también cinematográficamente. Eso adelanta la suspensión de garantías constitucionales como viene sucediendo desde la década de los ochenta. Con leyes que relativizan las garantías y procesos sociales –y mediáticos– que atraen atención y temor en ciertos sectores, típicamente, los niños. La estructura de los pánicos satánicos de los ochenta se pueden ver reproducidos en diferentes teorías conspirativas presentes actualmente en las esferas sociales y académicas de la izquierda y la derecha. Sus cámaras de ecos aseguran su estabilidad.
Si para restablecer el orden se tiene que suspender el “orden constitucional”, las mayorías los apoyarán, desesperadas, ilusionadas por las “soluciones rápidas” que serán respuestas atroces y espectaculares.
La legalidad en el constitucionalismo gore está muerta pero no termina de morir, como la democracia en la democracia zombie. Una legalidad tan reactiva e irreflexiva como un zombie. Una democracia delegativa donde las corporaciones gobiernan con permisos presidenciales y vacíos institucionales de espacios y actores capturados por aquellas.
La performatividad del mal: el diálogo entre un hipócrita insensible y un cínico sádico
Los demócratas han sido irresponsables en desacoplarse de las clases populares y encapsularse en las minorías de clase alta universitarias y medios que hablan un lenguaje alejado de las mayorías sociales empobrecidas y enojadas. Su elitismo, insensibilidad y la falta de renovación en su dirigencia –aunque con espacios de razonabilidad y responsabilidad– no colaboró en este contexto.
Es muy probable que una ola internacional de Estados de excepción producto de conflictos variados –guerras reales o artificiales contra el narcotráfico, inseguridad, trata de menores, delitos sexuales o catástrofes ambientales– acompañen las regresiones económicas más intensas. Ese modelo de gobernanza local e internacional, iniciado en los ochenta, está hoy reforzado por una sociedad desbordada por resentimiento e histeria social en plataformas.
La Corte Suprema de EEUU tiene una tradición de acompañar los linchamientos sociales con linchamientos judiciales (Debs 1919, Sacco y Vanzetti 1927) y la posibilidad de construirlos con las cosas más en apariencia ridículas –desde antenas de 5G hasta la vuelta del mito popular de los devoradores de niños– hace pensar que no habrá protocolo contra los nuevos pánicos. Usualmente, el miedo anula toda ley y la construcción del pánico se vuelve protocolo de acción de quienes quieren una ganancia rápida dejando el daño y el trauma de largo plazo para la sociedad ya empobrecida.
De la teocracia del petróleo estamos viendo el ascenso de un mesianismo de plataformas. En espejo a la pintura de Francis Bacon, nuestro actual “paisaje con Papa / Dictador” no es nada prometedor. El deterioro cognitivo de Biden no sólo refleja la demencia de todas las elites que niegan problemas estructurales sino que anuncia sus respuestas atroces para una sociedad como la de Estados Unidos que, en sintonía con otras en el mundo, cada vez más parece votar a sus mesías apocalípticos.
Lucas Arrimada es Profesor de Derecho Constitucional y Estudios Críticos del Derecho.
