“Hoy, durante el desayuno, mi hermano me dice que ‘sólo’ el 10 por 100 de la judicatura está corrompido. ‘Excluyendo, por supuesto’, añade, ‘a la Corte Suprema: ahí todos los miembros son corruptos”.
Alberto Manguel en Diario de Lecturas (2004), entrada del Martes 4 Junio del 2002.
1. El legado de la Corte Suprema será sepultar la Constitución que sus miembros reformaron.
El sistema político y su Corte Suprema estuvieron en sintonía profunda estos últimos quince años. En lugar de reducir la velocidad del proceso de decadencia y declive democrático y constitucional, lo aceleraron con guerras internas y externas totalmente estériles e inútiles. Sin pensar el largo plazo de forma estratégica, la pobreza institucional y la brutalidad política a la que contribuyeron no podía sino alejarnos de un orden constitucional estable.
El proceso de decadencia constitucional, de desconstitucionalización, en la sociedad argentina no es nuevo pero el actual Gobierno lo profundiza de formas inéditas, entre megadecretos, derogaciones masivas, silencios supremos y un sacrificio económico mesiánico, un salto al vacío, que todo indica termina en otra medida inconstitucional: la dolarización.
Para una potencial dolarización, la Corte Suprema de la Nación es fundamental en varios escenarios así como lo fue en cada una de las históricas crisis económicas y sus procesos de estabilización institucional y política.
La dolarización será desconstitucionalizante, despolitizante y una renuncia de la soberanía y política monetaria que será imposible de revertir aunque todos ya sepamos que es contraria a la Constitución. Inconstitucional pero irreversible esa parece ser la estrategia. Se ha explorado en el pasado justificaciones constitucionales a la canasta de moneda y otras opciones como vía indirecta de un camino dolarizador.
Cabe resaltar que antes de intentar revertir la dolarización, el sistema político parece poco interesado en querer responsablemente evitarla. Posiblemente repita su propia historia, sorprenderse de algo que ya sabe sucederá gracias al acceso de información privilegiada y culpar a algo/alguien para repetir el ciclo de vivir del desastre del gobierno anterior y nunca solucionar el problema estructural.
El sistema político parece con vocación de trabajar para estabilizar los problemas que debería evitar o solucionar. Eso se puede deber a que los problemas estructurales que deja crecer (inflación, anomia, concentración económica, Poder Judicial poroso, etc) permiten negocios extraordinarios para actores permanentes mientras la sociedad se empobrece y se vuelve más irreconocible.
Los actores económicos y políticos constantes de un sistema político que hizo transversalmente todo para autodestruirse y engendrar una crisis política y económica sin igual colaboran con el Gobierno que resultó de esa polarización extrema y su juego suicida. Todos esperan que se debilite sin oposición institucional externa un Gobierno en el que todos -con pocas excepciones- negocian y participan en segundas líneas. Todos se hacen los desentendidos con la destrucción de la capacidad política estatal, el desempleo en una recesión mortal, los despidos semanales de empleados públicos, con la construcción de espacios de vigilancia y patrullaje, con la descomposición social en expansión.
En estas semanas se pueden derogar masivamente instituciones —imperfectas pero mejorables– de estas últimas décadas democráticas y hasta se puede ampliar el número de jueces de la Corte Suprema por decreto. Otra forma de desconstitucionalización que es claramente regresiva: la desregulación por derogación masiva. Esa desregulación es una forma intensa de desconstitucionalización.
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Pensar el uso del decreto como una forma de derogación en bloque, como un veto posterior masivo, de la legislación vigente es tan novedoso como antirrepublicano. Dudo que alguien haya imaginado y argumentado esa posibilidad en el corazón de la Convención Constituyente de 1994.
Se está usando la imaginación constitucional para destruir y vaciar la Constitución y al mismo Estado, para un proceso de desconstitucionalización sideral. Un paso más intenso que recuerda cuando se usó al Poder Judicial para impedir el cumplimiento de una ley dictada por el Congreso o cuando los supuestos constitucionalistas que viven de destruir la Constitución buscan una excepción judicial tan retorcida como forzada. Nuestro futuro tiene el brillo de la oscuridad con constitucionalistas que destruyen constituciones, garantistas que destruyen garantías, liberales que destruyen libertades, todos en sintonía con los economistas que destruyen economías.
La Corte podría ser clave, en un escenario, para detener una dolarización si estuviésemos ante una Corte con compromiso con la Constitución y responsabilidad ante las futuras generaciones.
Dado que todo indica -esperamos equivocarnos- que estamos en otro escenario, uno más cínico, la Corte es clave tanto para estabilizar una forzada dolarización como para legitimar una medida inconstitucional una vez realizada. En la línea de tantas medidas inconstitucionales que la Corte a lo largo de su historia ha legitimado con sus omisiones, silencios o en una creativa forma de justificar la excepción de una emergencia diseñada como trampa económica. Después de establecido el mecanismo excepcional, se llamará democracia a un juego condicionado en una cancha inclinada.
2. Repetir la tragedia constitucional: una nueva Corte de 1930.
Es más fácil imaginar el fin de la democracia y de nuestros derechos que una Corte Suprema que sea fiel guardiana de ambos. Podrá ser un árbitro instrumental, ejercer un populismo judicial conservador -que estuvo ejerciendo esta última década- y un populismo judicial con perfume progresista -que performó desde 2005- para ocultar la estabilización del corralito financiero del 2001/2002. En el medio tuvo varios zig zag conforme a ofertas del bloque de poder para firmar acuerdos políticos, presupuestarios o codificadores. Ambos populismos ocultaron medidas y sentencias fundacionales de la crisis que vivimos hoy.
El Gobierno de Milei es un síntoma y un acelerador de la enfermedad que tiene todo el sistema político. Es un síntoma que dice querer y poder curar una enfermedad de un sistema cuyos órganos vitales ya están colapsando. Reformulamos: es un síntoma de la enfermedad de un sistema político disfuncional que está colapsado y al mismo tiempo es un acelerador exponencial de los efectos de la enfermedad que nos puede matar.
La Corte Suprema es una muestra cabal del colapso constitucional, de la ausencia de frenos y contrapesos frente a medidas de inconstitucionalidad manifiesta. Encerrados en sus burbujas y cámara de ecos, sus jueces supremos parecen tener vocación de encarnar una nueva Corte de 1930. Una Corte que pasó a la historia por justificar el primer golpe de Estado que según un conocido autor “fue el primer paso de la involución hacia el subdesarrollo” de nuestro país. En esta recreación, pasaremos del subdesarrollo a la desintegración.
Tanto con la dolarización como los silencios supremos ante una destrucción del Estado, todo se está configurando para cometer otro error supremo, para repetir una histórica tragedia constitucional.
3. Los aportes de la Corte al gobierno de Milei.
Los miembros de la Corte Suprema, en su roles de convencionales constituyentes de la reforma constitucional de 1994 o en su roles de asesores de convencionales constituyentes, colaboraron con el actual gobierno, directa o indirectamente, al participar en la pésima regulación constitucional de los decretos delegados y de necesidad y urgencia en el Art. 76 y 99 inciso 3 de la Constitución Nacional. Su redacción es tan desorganizada, contradictoria, con artículos desacoplados en las partes claves y con varias lagunas de diseño que terminan permitiendo lo que dicen prohibir.
La Corte Suprema acarrea problemas serios desde antes del 2015. Sin embargo, después del escándalo de los decretos de designación de jueces supremos hacia fines del 2015, todos sus miembros fomentaron regresiones institucionales, económicas y hasta firmaron directa o indirectamente la amnistía encubierta, supuestamente solicitada por el gobierno de Macri, con el “Fallo del 2x1” en 2017.
Esa fue la crisis política más impresionante creada por una Corte Suprema en la historia Argentina, incluso después de las rondas de protesta y manifestación en las casas de los jueces supremos -la mayoría en un radio de pocas cuadras en el barrio de Recoleta- a razón del fallo (“Kiper”) que justificó el corralito de Cavallo y De la Rúa, un 28 de Diciembre del 2001.
En los últimos años, hubo cuatro aportes fundamentales de la actual Corte para lo que será el gobierno de Milei: 1) debilitar al sistema federal y a las provincias, 2) socavar el sistema político al que pertenece, 3) rediseñar y controlar al Consejo de la Magistratura y 4) sepultar a la Constitución como programa de Gobierno. Pasamos a explicarlos a continuación.
El año pasado, de forma intempestiva, la Corte tomó dos decisiones sobre procesos electorales provinciales a días de celebrarse los comicios en San Juan y Tucumán. El primer aporte de la Corte a Milei fue 1) debilitar el sistema federal y a las provincias. Esas decisiones fueron tan sorpresivas como intrusivas. Esa humillación del sistema federal por la Corte Suprema anunciaba una reformulación. Lo afirmamos hace un año en esta nota. La fragilidad del sistema federal actual fue anunciada y aprovechada. El sistema federal se perfila para su reconfiguración en tres formas: debilidad por desfinanciamiento público y contraccion económica, destrucción de las capacidades estatales en Estados ya fragilizados y posible reforma constitucional en el mediano plazo.
Se suele criticar al derecho público provincial y sus conflictos con ciertas reglas electorales. Existen y deben ser mejoradas. Sin embargo, cabe recordar que la única jurisdicción que tuvo problemas estructurales que amenazaron de forma operativa su comicio durante el 2023 fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La licuación de la coparticipación y de las competencias federales hoy es un hecho. A la dependencia de las provincias con el Estado nacional se le suma su relativa debilidad ante agentes externos y un endeudamiento que promete menos autonomía con los años. Además, provincias como Córdoba, Santa Fe y -sobre todo- la provincia de Buenos Aires sufrirán los efectos de los empobrecimientos masivos que sin duda tendrán consecuencias políticas estructurales.
El segundo aporte fundamental de la Corte al gobierno de Milei fue 2) Socavar al sistema político democrático al que pertenece. El sistema político estaba en un juego totalmente autodestructivo y la Corte también participó con una intensidad que nos hace recordar los conflictos del periodo 2002-2003. ¿Qué roles tienen las Cortes Supremas en las crisis de la democracia a nivel global? ¿Cuál fue el rol de nuestra Corte Suprema en la crisis política? ¿Fue la Corte una guardiana del proceso democrático o siquiera de la Constitución interpretada literal y moderadamente? Tristemente, la Corte Suprema ha jugado un juego de desgaste institucional con algunos actores políticos y de alianza política con otros que han socavado la estabilidad del sistema político y el mismo orden constitucional. El sistema político está en crisis y no podemos decir que la Corte haya sido una voz racional ni de moderación o equilibrio republicano.
La guerra política entre diferentes sectores del Poder Judicial, dentro y fuera de la Corte Suprema, es evidente. Y el enfrentamiento con operaciones internas y externas en la Corte y con el kirchnerismo en la comisión de juicio político en Diputados ha sido tan infértil como improductivo. En conclusión, la Corte se ha demostrado sin agenda para estabilizar los conflictos institucionales ni ofrecer puentes para moderar contiendas, siendo también totalmente indiferente a la crisis del ecosistema político al que pertenece.
Mientras tanto, en esa crisis institucional y en el marco de la debilidad de las fuerzas partidarias, ciertos actores externos y para-estatales crecieron y van a seguir creciendo en poder y desarrollo de redes de influencia sobre el Poder Judicial a nivel nacional, federal y provincial.
La fragilidad del sistema político y económico no puede sino terminar impactando en la fortaleza de la propia Corte y en todo el sistema judicial. En última instancia, si las elites judiciales y políticas no logran estabilizar su juego autodestructivo es probable que haya más recambios y un horizonte de ampliaciones, ya señalado en esta otra nota de Marzo pasado.
Un tercer aporte nada desinteresado de la Corte al gobierno de Milei fue 3) el rediseño y control sobre el Consejo de la Magistratura. El objetivo de la Corte (en 2006, en 2013, en 2021), más allá de sus diferentes composiciones y presidencias, fue siempre debilitar, condicionar y controlar al órgano que la reforma constitucional de 1994 diseñó para gobernar coordinadamente al propio Poder Judicial, reducir el poder de una Corte hegemónica -en ese tiempo muy afín a Ménem que pactó ese y otros cambios con Alfonsín- y quitarle facultades de superintendencia: el Consejo de la Magistratura.
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La Corte se negó a perder facultades que ya no le pertenecen según la Constitución. Por ejemplo, el ajuste del Poder Judicial a la virtualidad de la pandemia lo hizo la Corte por acordadas aunque la facultad está reglada en el Consejo de la Magistratura en el Art. 114 inciso 6 de la Constitución. De hecho, las reformas procesales en el pasado eran discutidas públicamente y legisladas por los Códigos Procesales Provinciales y Nacional respectivamente conforme a la regla -y su excepción- del Art. 75 inciso 12.
Las diferentes Cortes han compartido con el kirchnerismo la total aversión que tienen al órgano que la reforma de 1994 pensó para mejorar el Poder Judicial. La política judicial con el Consejo de la Magistratura fue relativamente parecida en el kirchnerismo, el macrismo y con los diferentes Presidentes de la Corte en los últimos veinte años. Tanto Ménem y Alfonsín, como el mismo Julio Nazareno, han sido mucho más republicanos y respetuosos del mandato constitucional en lo respectivo al Consejo de la Magistratura que lo que han sido los protagonistas en el periodo 2003-2023.
Los discípulos de los autores del Pacto de Olivos quizás empeoraron el legado del pacto constitucional. Así, cabe recordar que la primera Ley sobre el Consejo de la Magistratura (Ley 24.937) fue sancionada en 1997 por la mayoría agravada requerida por la Constitución, e incluso algunos hablan de unanimidad. El propio Julio Nazareno, incluso en tiempos de crisis institucional extraordinaria como 2001 y 2002, presidió ese Consejo de la Magistratura.
La calidad de los pactos judiciales depende de la vitalidad política de sus próceres. El Pacto de Olivos en 1993 incluyó varios pactos judiciales, más o menos explícitos, que no fueron respetados en el largo plazo.
4. La dolarización como desconstitucionalización profunda.
La frase inicial de Alberto Manguel es impactante y áspera pero quizás imprecisa y hasta injusta en varios niveles para alguien que conoce la complejidad y los matices de los laberintos judiciales. El Poder Judicial podría ser otro laberinto borgeano lleno de sinsentido y absurdo, de arbitrariedad y falta de certezas. Lo que sí sabemos es que nos esperan décadas oscuras si no se estabilizan pacíficamente los conflictos de las elites judiciales, políticas y económicas. El rol del Poder Judicial en general y de la Corte en particular en esos tiempos será crucial.
Una democracia sin energía social democrática es un cadáver. Una Constitución sin política constitucional, o sea, sin su sistema de frenos ni contrapesos, sin división de poderes, es una estatua. Entre cadáveres y estatuas, estamos ante una democracia constitucional sin vitalidad política ni energías sociales. Sin política y sociedad no se podrá reconstruir la economía en vía de destrucción.
En esa democracia constitucional en crisis, 4) la dolarización sepultará la Constitución como programa de gobierno para la Nación. En todos los escenarios el costo económico, social y político de la dolarización significa anular a la Constitución como carta de navegación de manera definitiva y directa. Es equivalente a entrar en una segunda trampa económica extraconstitucional para una nación sofocada que se empobrece cada día más con el pago imposible de la deuda externa como sistema de castración de soberanía. Sería acelerar el empobrecimiento y atarse a destinos ajenos en un mundo cada vez más complejo y multipolar.
La dolarización significa la medida más profunda de desconstitucionalización porque de alguna medida el dinero una forma de lenguaje de la economía, de la creación de valor y de la política económica de la Constitución. No es el único lenguaje pero sí el principal, el socialmente mayoritario. La confianza en el dólar es resultado de una desconfianza social con la propia moneda que debe reconstruirse no reemplazarse. Cambiar la moneda con medidas inconstitucionales e irreversibles sería restringir una libertad constitucional fundamental para la Nación Argentina.
Absolutamente nadie en la tradición liberal desde Alberdi hasta Roca pensó una Nación sin moneda propia. Sin moneda no hay soberanía ni independencia ni Nación. El desmanejo de las clases dirigentes de estos cuarenta años con la moneda se empeorará con un nuevo fracaso falta y letal si se dolariza. Una dolarización forzada y una crisis económica posterior nos perfila como una sociedad todavía más expuesta a la narcoeconomía y su narcopolítica.
El dólar ya está instalado como referencia, como unidad de valor, por razones históricas. Sin embargo, reconocer el desmanejo de la moneda propia, su política económica y constitucional desastroza, no debe invitar al suicidio económico. En un país con muchos recursos estratégicos se podría pensar una moneda con un respaldo mucho más fuerte y sólido. La energía es la moneda de la vida y la naturaleza ha sido muy generosa con la Argentina. Nuestra sabiduría y responsabilidad con esa generosidad es otra cosa. Mantener la seguridad de los usuarios del dólar y reconstruir una moneda nacional no es inviable sino es lo que les conviene a todos, casi sin excepciones. Dolarizar es cerrar una puerta para siempre y empobrecernos todavía más
Vivimos en una democracia en crisis que ya no tiene próceres políticos ni principios ni valores sino “celebridades políticas” que performan. Esas celebridades políticas hablan, cuentan anécdotas, con “influencers con audiencia” encarnando hasta el hueso el narcisismo que generó estos tiempos oscuros y el cinismo que niega un horizonte de descomposición.
Mientras esas “celebridades políticas” construyen audiencias, la destrucción política del patrimonio público de todos los argentinos crece y se expande. Esa destrucción estatal es sobre todo una desconstitucionalización material y será fuente de violencia y desamparo social.
Esas celebridades políticas son en su mayoría abogados/as que diseñaron un sistema constitucional desatendiendo la destrucción paulatina de la moneda nacional y de la economía. Hoy parece que los economistas y sus jefes están pensando un futuro desconociendo derechos, el sistema democrático y la misma Constitución; ignorando el daño social que están realizando. Con la pasividad de un sistema político sin sensibilidad ni responsabilidad, tienen todo para ser exitosos en su proyecto de destrucción de lo público y desconstitucionalización profunda.
Lucas Arrimada es Profesor de Derecho Constitucional y Estudios Críticos de Derecho.
