En los últimos días, decenas de personas en situación de calle fueron detenidas por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Luego de requisadas, se les secuestraron cuchillos y otros elementos utilizados para abrir latas de comida, cortar cartones y otras actividades de subsistencia propias de esa situación socioeconómica.
Esas actuaciones fueron declaradas ilegales e inconstitucionales por el Poder Judicial porteño, ya que las personas fueron detenidas sin orden judicial y sin ningún motivo válido, más que el hecho de vivir en la calle. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad tomó una serie de decisiones que violan su deber de ser garante de la legalidad y comprometen la responsabilidad internacional del Estado Argentino.
Las fiscalías porteñas no sólo avalaron ese inadmisible hostigamiento, pese a que Argentina fue recientemente condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por casos similares. También les imputó a esas personas la contravención de poseer “armas no convencionales” y luego apelaron el fallo judicial que anuló las detenciones.
Horas después, el Jefe de Gobierno local declaró que “ya apelamos la medida”, atribuyéndose una acción del Ministerio Público Fiscal y poniendo en duda su autonomía.
En CABA, en apenas un año, creció un 14% la cantidad de personas en situación de calle
Además de violar derechos básicos, estos hechos demuestran la utilización ineficiente de los recursos siempre limitados del Ministerio Público Fiscal, así como la despreocupación de la Fiscalía General por una gestión inteligente de la eventual conflictividad.
El propio Fiscal General de la Ciudad estableció en su Plan Estratégico 2020-2024, en referencia a otras contravenciones que afectan el espacio público, que corresponde “brindar herramientas para facilitar la inserción económico social de las personas que infringen las normas contravencionales, ya que la exclusión en el goce de derechos y la desigualdad social pueden presentarse como causas de la conducta infractora”.
En los últimos 3 años ingresaron a las fiscalías de la CABA 1181 casos contravencionales por “portación de armas no convencionales en la vía pública, sin causa que lo justifique”, pero se obtuvieron sólo 31 condenas"
Pero ese interesante abordaje no se traduce en prácticas.No existe información criminal que evidencie un problema de violencia callejera vinculada con la posesión de elementos cortantes por parte de personas en situación de calle. Si existiera, lo que el MPF debería hacer es implementar una política orientada a incidir integralmente sobre ese problema, que incluya medidas para atender la situación socioeconómica previa. En lugar de eso, el Gobierno y la Fiscalía responden a un grave problema social con actuaciones policiales ilícitas.
El hábitat de las personas en situación de calle
Se trata, además, de una respuesta inconducente. Según estadísticas del Gobierno de la Ciudad, en los últimos 3 años ingresaron a las fiscalías de la CABA 1181 casos contravencionales por “portación de armas no convencionales en la vía pública, sin causa que lo justifique”, pero se obtuvieron sólo 31 condenas. Es decir,el 98% de esos casos no recibieron una condena:el propio sistema judicial reconoce que no se trata de un fenómeno grave, pero la Policía, con aval de las fiscalías, aumentaron exponencialmente su judicialización.
Mientras que en 2021 se iniciaban sólo 7 casos a la semana por esta contravención, según lo informado mediáticamente ese número habría notablemente en las últimas semanas.
El agravamiento de las condiciones socioeconómicas de los sectores más vulnerables no puede ser respondido con medidas estatales violentas, arbitrarias, ilegales e ineficaces ejecutadas por la Policía y avaladas por una Fiscalía que prometió trabajar por la inserción económico social de personas a las que, en los hechos, no hace más que perseguir. El Estado debe tener políticas sociales para evitar que las personas vivan en la calle; políticas de gestión de la conflictividad que prevengan y reduzcan las violencias, en lugar de agravarlas; y una política criminal que concentre sus recursos en los verdaderos problemas de criminalidad que afectan a la Ciudad.
