En un país donde se vive al margen de la ley -como lo señalara visionariamente ese gran jurista que fue Carlos Nino-, no cabe esperar respeto alguno a las instituciones, aunque en forma reiterada se enmascaren las actitudes ciertamente hipócritas de dirigentes políticos que hacen un culto de la transgresión, disfrazándola con eufemismos y falacias de diversa naturaleza.
La marginación de la legalidad no se ha limitado a los sectores empobrecidos que tratan de zafar de su situación de alguna manera, a los proclives a la comisión de diversos delitos, y aquellos delincuentes ocasionales, sino que tiene una entidad mucho mayor en los sectores concentrados del poder económico, que habitualmente evitaran el cumplimiento de las normas para acrecentar sus negocios, a través de quiebras de bancos, insolvencias fraudulentas, obras públicas que costaron mas de los presupuestado y gastado, transferencia de deuda ficticias al Estado como en 1982, compra de voluntades, etc.
El sistema judicial se reveló impotente para enjuiciar a empresas y personajes que perjudicaron el patrimonio público, atiborrándose los juzgados penales de causas individuales, la acción de bandas organizadas y cuestiones relacionadas con la violencia en las relaciones sociales y familiares, no ocurriendo lo mismo con los delitos cometidos por grupos económicos a través de mecanismos como la fuga de capitales, la evasión impositiva, la corrupción de la obra pública.
La marginación de la legalidad estuvo presente en muchas negociaciones económicas, debido a que siempre se sortearon disposiciones legales, para beneficio y enriquecimiento de unos pocos. Ahí están los textos y el esfuerzo de ese Fiscal ejemplar que fue Federico Delgado, mostrando todos los vericuetos utilizados para escapar de cualquier reproche penal, y como la “injusticia” se apoderó del sistema.
Aunque el actual gobierno prometió dejar atrás esas viejas prácticas, no solo las ha conservado, sino que se ha propuesto gobernar, incentivando las mismas contando con el apoyo de legisladores, a los que poco les importa la institucionalidadsino las conveniencias partidarias y los intereses que defienden.
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Un ejemplo de tales vejeces resucitadas es lo ocurrido en los últimos días con la decisión de las autoridades del PRO, que se han opuesto a que se derogue el DNU 846/24, que modificara el artículo 65 de la Ley 24.156.
Después de reunirse, y dando un apoyo sostenido al gobierno resolvieron no dar quorum en la sesión convocada por la oposición, ya que según ellos no quieren poner “en riesgo la gobernabilidad y van a defender la institucionalidad” según lo que surge del comunicado que se publicó.
Idénticas posiciones van a ser sustentadas por legisladores que responden a mandatarios provinciales y otros que cultivan el “diálogo”, como si la suerte de la República pudiera ser objeto de negociaciones, donde no se respetara lo que manda la ley.
Para ciertos dirigentes la gobernabilidad y la defensa de las instituciones supone desconocer el estado de derecho, ya que una ley no puede ser modificada por un DNU cuando el Congreso funciona normalmente, aunque en el tiempo que vivimos tales criterios han sido definitivamente archivados, y solo son materia de las divagaciones de algún solitario profesor, que todavía cree en la vigencia de una pirámide jurídica que ha devenido inexistente en estas épocas de la motosierra.
El cuestionado DNU 846/24, le permite al ministro de Economía, liberarse de las restricciones de la ley 24.156 en cuanto a renegociar vencimientos de la deuda pública, ya que no estará limitado por la mejora de los plazos, intereses y condiciones a favor del Estado, sino que como lo establece el Decreto podrá hacerlo de acuerdo con las “condiciones del mercado”.
Esas “condiciones” son las que le permitieron al ministro Caputo endeudar irresponsablemente a la Nación durante la gestión de Macri, siendo un ejemplo el bono a 100 años emitido a una altísima tasa de interés en dólares, que vino a aumentar el sostenido crecimiento de la deuda pública entre los años 2016 y 2019.
Endeudamiento que fue aprovechado no solo por Caputo, sino también por el actual Presidente del Banco Central Santiago Bausili, y otros funcionarios, a quienes les interesó invertir en bonos que emitía el gobierno del que formaban parte.
A la proclamada “gobernabilidad” se suma también impedir que se limite el uso de los DNU, que le permite al gobierno legislar sin restricción alguna, ya que las decisiones presidenciales se han convertido en una nueva legalidad, donde las normas pueden ser modificadas a voluntad por el presidente Milei, contando con el apoyo de legisladores de su partido, del PRO, y otros extremadamente complacientes con la arbitrariedad con la que se maneja el Poder Ejecutivo, que ha logrado que hace meses no se reúna la Comisión Bicameral de trámite legislativo, y la cantidad de DNU emitidos, sigan sin ser tratados, como el 70/23, dictado apenas asumiera el gobierno.
Es asombroso a lo que se ha llegado, en esto de la desvirtuación de la política, cuando en nombre de la gobernabilidad y de la defensa de las instituciones se las avasalla sin pudor alguno.
Y los encargados de legislar son precisamente los que a través de inaceptables maniobras parlamentarias, obstruyen cualquier atisbo para que se respete la legalidad, utilizando un discurso mentiroso que solo pone en evidencia el sometimiento a las decisiones de quien pretende destruir al Estado, para que nada quede de él, y se construya una estructura, donde solo tengan preminencia los factores económicos y el interés privado, marginando toda posibilidad de que funcione el estado de derecho, que es la base del funcionamiento de una República democrática.
