En un libro muy importante Un país al margen de la ley, ese brillante jurista que fue Carlos Nino mostró ciertas particularidades de la sociedad argentina, respecto al cumplimiento de las normas legales, particularizando cómo desde los poderes del Estado se viola impunemente la legislación, y aun el ordenamiento constitucional. Es así como se ha estructurado un conjunto de instrumentos (facultades delegadas, DNU, decretos modificatorios de leyes, resoluciones ministeriales ilegales), que permiten en su caso que el Poder Ejecutivo tome decisiones al margen del Poder Legislativo, y gobierne de acuerdo a su sola voluntad.
El concepto de cómo se debe ejercer el gobierno que tiene el presidente Milei, los miembros de su gabinete y los legisladores que lo secundan, es impedir todo aquello que se oponga a los objetivos que se han trazado, entregar todo lo que se pueda a manos privadas, desfinanciar la salud, la educación, el presupuesto universitario y científico, con el único objetivo de cumplir con los acreedores y terminar con el déficit fiscal.
Además, la libertad para ellos, es solo para coartar las libertades públicas, silenciar el acceso a la información, difamar a todo aquel que cuestione el proyecto libertario, mediante un lenguaje soez, vulgar, insultante, que no tiene antecedentes en nuestra historia constitucional.
Impedir todo aquello que se oponga a los objetivos que se han trazado, entregar todo lo que se pueda a manos privadas, desfinanciar la salud, la educación, el presupuesto universitario y científico, con el único objetivo de cumplir con los acreedores y terminar con el déficit fiscal"
A partir del DNU 70/23, Milei mostró cuales iban a ser sus formas de gobernar, y la ley “Bases” original, fue el fundamento de todo un sistema a poner en ejecución con facultades delegadas sin limitación, que él mismo iba a poder prorrogar a su antojo. Significaba ejercer una especie de suma del poder para conseguir sus propósitos de demoler ese organismo “criminal” que es el Estado, estableciendo ese modelo anarco libertario que no existe en ningún lugar del mundo.
Fracasó en sus propósitos, y debió aceptar una versión restringida de su proyecto, pero con la concesión de algunas peligrosas facultades, que le permitieran ejercer el poder sin restricciones, y que los que integran Poder Legislativo le concedieron como una evidencia más que a la dirigencia política el cumplimiento del estado de derecho les interesa muy poco, ya que todo se puede negociar.
¿A quién le sirve una cultura desfinanciada?
La costumbre del decretismo, vieja conocida nuestra, ha resurgido en un gobierno que supuestamente venía a terminar con la vieja política, y la habitualidad de recurrir al DNU se ejerce sin contemplaciones, para acallar las voces y permitir que el ministro de Economía Caputo vuelva a endeudar al país, como lo hizo durante la gestión de Macri.
Los ejemplos se suceden: hace unas semanas Milei emitió el Decreto 780, modificatorio de la Ley 27.285 de acceso a la información pública para limitar el derecho a la información, ya que no le interesa, que exista transparencia en los actos del Estado. Pero además de limitar las disposiciones de esa ley con el pretexto de reglamentarla viola expresamente la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales suscriptos por la Argentina.
Continuando con la zaga, hace unos días, a través del DNU 846, se le dio facultades al Ministerio de Economía, para colocar títulos de la deuda pública sin autorización del Congreso como lo establece expresamente la ley 24.156 de Administración financiera, que en el artículo 65 indica que se podrán realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales.
El Gobierno de Javier Milei vetó la ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso
Mediante el decreto citado, ahora las colocaciones se harán de acuerdo a los valores del mercado, borrando de un plumazo la obligatoriedad de mejorar plazo, intereses y condiciones originales. Esas facultades ya estaban incluidas en la Ley de Presupuesto, pero parece que existe mucho apuro en tener este instrumento, ya que quizás temen que el Congreso no autorice lo proyectado.
Un decreto no puede modificar una ley, pero al Presidente nada de eso le importa, porque su voluntad es la que cuenta, y gobierna en consecuencia, con el inconcebible apoyo de legisladores que parecen haber olvidado que representan al pueblo de la Nación y no a sus intereses personales. Se gobierna al margen de la ley como diría Nino, y el presidente a través de algunas decisiones, pareciera que quiere llevarse por delante todo lo que se le oponga, hasta el extremo de atropellar el estado de derecho, aunque en los reiterados discursos exitistas se muestre un respeto por el ordenamiento jurídico que nada tiene que ver con la realidad.
