Alerta Sofía es una herramienta invaluable para activar la búsqueda inmediata de ñiños y adolescentes desaparecidos. Sin embargo, debería revisarse para que se ponga en marcha de modo más ágil, sin requerir una investigación penal previa y un pedido formal a la autoridad judicial.
Sin embargo, su efectividad se ve limitada por requisitos que podrían ralentizar su activación.
La normativa actual exige que exista una denuncia penal previa y una investigación en curso que verifique la privación ilegítima de la libertad de niñas, niños y adolescentes, descartando otras hipótesis alternativas.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Comparando con el sistema Amber de Estados Unidos, en el cual se inspiran las bases de nuestro sistema, los reportes del año 2022 dan cuenta que la mayoría de las alertas se ponen en marcha en las primeras horas (en un promedio de 3 a 6 horas posteriores desde el reporte de desaparición), lo que demuestra su eficacia para la rápida localización de los niños.
En contraste, si bien la propia normativa que dio nacimiento a la Alerta Sofia, parece reconocer la importancia de la activación en las primeras horas, citando estadísticas criminales del país que dio su origen, prevé una serie de requisitos que parece sujetarla a una burocracia que podría mejorarse significativamente.
El Protocolo de actuación del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, aprobado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, debería revisarse para permitir un inicio más ágil y menos condicionado de la Alerta Sofía.
Es esencial que nuestro sistema garantice un enfoque en donde entendamos que cada vez que una niña, niño adolescente desaparece -sea cual sea el motivo- puede estar en situación de riesgo"
En lugar de requerir una investigación penal previa y un pedido formal en cabeza de una autoridad judicial, que deje sujeto al sistema procesal de cada provincia (esto es, un sistema donde el juez o el fiscal tenga a su cargo la investigación), se podrían considerar otros mecanismos, garantizando una mirada en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño en cuanto exige que los estados apliquen medidas administrativas y legislativas eficaces, que garanticen el principio del interés superior del niño.
Es esencial que nuestro sistema garantice un enfoque en donde entendamos que cada vez que una niña, niño adolescente desaparece -sea cual sea el motivo- puede estar en situación de riesgo.
Por otra parte, es fundamental visibilizar el modo de funcionamiento de estos sistemas, a fin de facilitar que todos los mensajes de alerta que se emitan, efectivamente sean diseminados y lleguen -a través de las distintas compañías de celulares y de redes sociales con las cuales se haya conveniado- a los usuarios.
La Alerta Sofía es una herramienta invaluable, pero necesita adaptarse mejor a las realidades que presentan las emergencias de los chicos que desaparecen.
La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y la eficacia en la respuesta estatal deben ser nuestras prioridades absolutas en este debate.
* abogada especializada en infancia y adolescencia
