El odio al Estado y las ideas. El presidente Milei planteó en su última entrevista con el medio norteamericano “The Free Press” que “Occidente está en peligro”, reiterando sus habituales ataques al socialismo. Se refirió a la tesis que esboza Francis Fukuyama en su obra “El fin de la historia”. Claro que Milei no tiene en cuenta que las ideas se superponen y solapan: dependerán de su momento histórico y predominancia.
Sarmiento, a quien Milei ha mencionado y dice que admira, sostenía “las ideas no se matan”. Más allá de las problemáticas internacionales, pareciera que el presidente necesita enemigos en forma constante (los “zurdos”, la “casta”, etc.). Posiblemente Milei busque con esa confrontación desviar la atención de los problemas del país, tanto en plano nacional como internacional.
El odio al Estado, el “ser el topo desde adentro” para destruirlo, como afirmó en la nota con el medio estadounidense, permite preguntarse ¿cómo se organizará una sociedad sin Estado y quién protegería, por ejemplo, a los más débiles o vulnerables?.
Milei ha ganado las elecciones. Ese es un dato legal y legítimo. ¿Pero cuáles son las consecuencias de sus dichos? El primer mandatario parece no tener en cuenta que sus dichos impactan en la sociedad.
La amenaza del veto a la movilidad jubilatoria. Milei amenazó esta semana con vetar la reforma de ley jubilatoria, que legisladores opositores impulsaron contra la voluntad del oficialismo. Y el flamante Jefe de Gabinete Guillermo Francos, señaló que si finalmente se aprobara esa ley, porque en el Congreso se consiguieran dos tercios para rechazar el veto presidencial, “habrá recortes de otras partidas presupuestarias”.
El Jefe de Gabinete y el Presidente, en sus manifestaciones, “ignoraron” el artículo 83 de nuestra Constitución. Es cierto que Milei puede vetar total o parcialmente una ley. Es una potestad del Poder Ejecutivo. Pero su veto devuelve la ley al Congreso para su tratamiento, y según el artículo 83 de la Constitución se envía la ley (con su parte objetada total o parcialmente) a la Cámara en la cual se origino. Si se tratase de un veto parcial, es sólo con la parte observada. Entonces el parlamento tiene potestad de volver a tratar la ley con la redacción original. Su tiempo límite es el mismo año de redacción de dicha ley o el próximo año. El texto deberá volver a la Cámara que le dio origen, en esta caso Diputados, mediante mesa de entrada, y de ahí se giraría a las comisiones que intervinieron, en este caso Previsión y Seguridad Social, Presupuesto y Hacienda.
En caso de insistir con texto original, Diputados-sin agregar modificaciones al texto- deberá lograr dictamen de mayoría. Si hay dictamen deberá haber un debate ya en sesión y llegar a los 2/3 de los miembros presentes. Posteriormente pasará a la Cámara Revisora (en este caso al Senado) que luego de cumplir con el dictamen de comisión, también deberá aprobarlo con 2/3 de sus votos presentes. Es decir que si Diputados y Senadores llegan a conseguir los votos necesarios, Milei no podrá vetar y deberá promulgar la ley. Si no llegan a los 2/3, tendrá vigor en veto y el Congreso deberá esperar un año para insistir con el proyecto de mejora jubilatoria.
El artículo 83 de la Constitución destaca que tanto los nombres de los votantes, fundamentos y objeciones del Poder Ejecutivo deben ser comunicados a través de la prensa. ¿El Gobierno insistirá con argumentos fiscales por encima de las necesidades básicas? n impuesto a la riqueza podría solucionar algunos problemas de ese déficit fiscal que provocaría la ley impulsada por la oposición: ajustar a los de siempre ya se parece más a un capricho que a una estrategia o plan económico.
Milei aglutinó en su contra a sectores de la oposición que, en otros tiempos, hubieran sonado como enfrentados. Tanto UP como el radicalismo, Movimiento Popular Neuquino (MPN), Coalición Cívica (CC), Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal (IF) se unieron para llegar a esa aprobación. Ahora bien, si el Presidente se niega a respetar la Constitución y veta el proyecto a pesar de todo ¿puede ser posible pensar en otorgarle las facultades extraordinarias que implica la Ley “Bases”?.
La respuesta estará el próximo miércoles 12 de junio, a las 10 de la mañana, cuando el Senado trate el proyecto aprobado en comisión de la Ley Bases. Y los riesgos que conllevan estos comportamientos presidenciales podrían conducir no solo a lesiones institucionales, sino también sociales. Comportarse como un autócrata y hablar de "destruir el Estado" resulta una paradoja. Y dentro de esa paradoja se encuentra, atrapada, la sociedad argentina.
* Lic. en Ciencias Políticas
