El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, adoptó en Ginebra, una resolución cuyo propósito es conseguir un consenso mundial y planes de trabajo entre los Estados, la comunidad jurídica internacional y las organizaciones no gubernamentales, para acabar “con las desigualdades y estar en condiciones de poner fin al SIDA en 2030” (VIH). De América Latina, presentaron el texto Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay y Perú. En vano, Rusia intentó, via 7 enmiendas, desnaturalizar el contenido de la resolución, siendo rechazadas por votación. Finalmente, el proyecto original, fue aprobado por consenso.
El documento aceptado estima que “aproximadamente 39 millones de personas viven” hoy “con SIDA en todo el mundo”, de las cuales “1,3 millones se infectaron en 2022”. Y precisa que el 14 % de los enfermos de VIH “desconocen su estado serológico”, mientras 9,2 millones de los que padecen el mal “siguen sin tener acceso al tratamiento, debido en parte a las desigualdades, a las formas múltiples e interseccionales de discriminación y a las barreras estructurales”.
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Sin desconocer la existencia de “poblaciones clave, que tienen más posibilidades de estar expuestas al VIH o de trasmitirlo”; admitiendo “que el 53% de las personas que viven con VIH son mujeres y niñas”, y tomando en cuenta que por el “contexto epidemiológico y social de un país concreto, otras poblaciones pueden verse expuestas a un mayor riesgo y contraer VIH”, el desafío para la ONU es sin fronteras y la fecha limite del 2030 para erradicarlo imprime urgencia.
Se enumeran como personas expuestas a ese “mayor riesgo … las mujeres, las jóvenes y las adolescentes y sus parejas masculinas, los jóvenes, los niños, las personas con discapacidad, las minorías étnicas y nacionales, los pueblos indígenas, las comunidades locales, las personas que viven en la pobreza, los migrantes, los refugiados, los desplazados internos y las personas que se encuentran en situación de emergencia humanitaria y de conflicto y posconflicto”.
En esa dirección, para la ONU cobran entonces protagonismo “otras partes interesadas de la sociedad civil, los medios de comunicación, el mundo académico y el sector privado, como catalizadores de las respuestas al VIH basadas en los derechos humanos y fundamentales de la ciencia, y reconociendo también la contribución de larga data de esos grupos a la respuesta mundial al sida”, aportando informes de seguimiento, brindando apoyo técnico y financiero.
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A tales fines, la parte resolutiva del dispositivo preconizado, recoge 38 puntos para que los Estados y demás órganos implicados en la lucha contra el VIH, adhieran a un consenso planetario. Establece como “elemento esencial” de toda persona” que aspire a la salud física y mental”, buscando “erradicar” al SIDA, cuente con “el respeto, la protección y el ejercicio de los derechos humanos, incluido el acceso universal a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el VIH”.
La resolución “exhorta a todos Estados, fondos, programas y organismos pertinentes de la ONU”, así como a instancias “intergubernamentales y no gubernamentales, a que sigan adoptando todas las medidas necesarias … para prevenir y eliminar el estigma, la discriminación, la violencia y los abusos en el contexto del VIH, como parte esencial de los esfuerzos”. De tal modo es imperativo “el acceso universal a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la atención y el apoyo combinados … para lograr una cobertura sanitaria universal”, contra el SIDA.
La resolución exige que las víctimas de SIDA “no sean objeto de discriminación, acoso o persecución, respetando y protegiendo” a su vez “el derecho a la privacidad, la confidencialidad y el consentimiento libre e informado como elementos fundamentales”. Alienta campañas para que los “trabajadores sanitarios, agentes del orden, trabajadores de los servicios públicos y agentes no estatales, como líderes comunitarios, religiosos y confesionales, disipen el estigma que rodea al VIH”, criterio “fundamental para reducir las desigualdades en la respuesta al SIDA”.
Los Estados son paralelamente invitados por la ONU “a que examinen o deroguen los marcos jurídicos y normativos que sean restrictivos, punitivos o discriminatorios y afecten negativamente a la ejecución satisfactoria, eficaz y equitativa de los programas y servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento, atención, y apoyo en relación al VIH, así como el acceso a estos, para todas las personas que viven o se presume que viven con el VIH, corren el riesgo de contraerlo o se vean afectadas por él, en particular las poblaciones clave”.
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La resolución “insta a los Estados a que combatan las actitudes y políticas discriminatorias hacia las personas que viven”, y como se ha dicho, se supone que viven con el VIH, o están expuestas a contaminarse o se ven afectadas por su propagación, incluyendo los infectados “también por la tuberculosis, entre otras cosas aprovechando el potencial de lo que se conoce como indetectable=intrasmisible”, para que se garantice “su acceso a los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento, atención y apoyo”.
El texto recomienda a los Estados poner fin “a la impunidad de las violaciones y abusos de los derechos humanos contra las personas que viven con el VIH”, que pueden contagiarse o se ven afectadas”, garantizándoles “su acceso a la justicia”. Para ello la ONU propone impartir “programas de conocimientos básicos de derecho, un mayor acceso a la asistencia y representación letrada y el aumento de la capacitación a los jueces, los agentes de las fuerzas del orden, los trabajadores sanitarios y sociales y otros garantes de derechos”.
En similar sentido, la resolución preconiza que los países eliminen “los marcos jurídicos y normativos punitivos, poner fin a la estigmatización y la discriminación y erradicar las desigualdades y la violencia de genero y las practicas nocivas, que son fundamentales para la eficacia de la respuesta al VIH y el SIDA”, todo lo cual contribuye a “eliminar los obstáculos en el acceso a los servicios de salud y a facilitar una mejor protección de la salud y el bienestar tanto de las personas como de las comunidades”, sin dejar nunca de lado a quienes “están recluidos en prisiones y otros centros de detención”.
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A su vez, la ONU hace un llamado a los Estados “a que eliminen todas las formas de violencia sexual y de género, incluida la violencia de pareja y doméstica, aprobando y aplicando leyes, cambiando estereotipos de genero y las normas, percepciones y practicas sociales negativas” … considerando “las formas múltiples e intersecciones de discriminación y violencia a las que se enfrentan las mujeres y las niñas que viven con el VIH”, o se ven afectadas por él, observando y haciendo observar, “las orientaciones de la Organización Mundial de a Salud”.
Para que “los Estados hagan frente a las desigualdades y vulnerabilidades que enfrentan los niños afectados por el VIH o que viven con él”, la ONU preconiza “apoyo y rehabilitación”, entre otros, de los “servicios de pediatría y medicamentos … intensificando esfuerzos para eliminar la transmisión vertical y desarrollar y ofrecer herramientas de diagnóstico temprano, combinaciones de fármacos específicos para los niños y nuevos tratamientos para estos, en particular para los de corta edad que viven en entornos donde los recursos son escasos, y creando, en caso necesario, y desarrollando sistemas de seguridad social que los protejan”.
De igual modo, la ONU aborda “las necesidades específicas de los adolescentes y los jóvenes, especialmente las niñas y las mujeres jóvenes … para lograr una generación libre de SIDA”, creando “servicios y atención primaria de la salud de alta calidad que sean accesibles y asequibles y estén disponibles, incluidos servicios de salud sexual y reproductiva”, mediante “programas de educación relacionados con las infecciones de transmisión sexual, y a leyes sobre la edad mínima para el acceso de adolescentes y los jóvenes a los servicios relacionados con el VIH y la salud sexual y reproductiva”, garantizándoles participación activa “en respuesta al VIH”.
Al mismo tiempo, la ONU incita a “los países desarrollados y los que estén en condiciones de hacerlo”, a tomar “la iniciativa de facilitar la transferencia voluntaria de recursos financieros y tecnología en condiciones mutuamente convenidas y de promover la creación de capacidad cuando sea necesario”, sobre todo si se trata de “prevenir y diagnosticar el VIH y sus coinfecciones y comorbilidades”, aplicando “tratamientos inocuos, eficaces y asequibles para todos, sin discriminación, en el contexto de epidemias como las de VIH y el SIDA”.
Paralelamente la ONU “reconoce la necesidad de intensificar esfuerzos nacionales, regionales e internacionales” aumentando “las inversiones, la financiación, la asistencia oficial para el desarrollo y la transferencia de tecnología en condiciones mutuamente acordadas, para reducir la tasa de nuevas infecciones de VIH, y de muertes relacionadas con el SIDA … a fin de mantener los logros alcanzados y evitar que la epidemia repunte en algunos países”, no perdiendo de vista que el “envejecimiento” es, entre otros, factor agravante, a tomar en consideración “en los servicios de salud y apoyo psicosocial”. Debe por cierto consignarse, “la adopción de medidas para combatir las cepas de VIH farmacorresistentes, la resistencia a los medicamentos antirretrovirales, y a los antimicrobianos”, debiendo crearse sistemas de vigilancia y prevención.
Para dar seguimiento y continuar impulsando el plan de “poner fin al SIDA en 2030”, la resolución propone que en la primera sesión del Consejo de Derechos Humanos del año próximo, se celebre en Ginebra una “mesa redonda” con participación de los Estados, órganos de tratados competentes y procedimientos especiales, como la “Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental”, junto a representantes del “mundo académico y la sociedad civil”, a fin de “mantener y aumentar los logros alcanzados en respuesta al VIH”, siempre formulando “recomendaciones a los países al respecto”.
La resolución propone seguidamente encomendar al Alto Comisionado de presentar 2 informes al Consejo de Derechos Humanos. El primero dentro de un año, “tomando en cuenta” los resultados de la “mesa redonda” antes evocada, para dar “una respuesta sostenible con respecto a los derechos humanos de las personas que viven con VIH”, o son susceptibles de contaminarse, o están afectadas por él. El segundo informe dentro de 2 años, para compartir las repercusiones, los resultados y el grado de aplicación por parte de los Estados en el marco de las presentes conclusiones y recomendaciones, siempre actuando para “no dejar a nadie atrás”.
