Pobreza, desigualdad, inseguridad, polarización, fragmentación, violencia. También el tamaño del Estado (Estado gobierno), el rol de las provincias y municipios, el alcance de las políticas públicas, el lugar que ocupan las organizaciones intermedias (sindicatos, movimientos sociales, asociaciones de todo tipo), el lugar del mercado, etc, etc, etc. El debate sobre la justicia social no es una discusión conceptual, es una discusión muy concreta y palpable en torno al modo de concebir la vida social, a los fundamentos de la ética social, al modo de relacionarnos.
El presidente Milei sostiene que la justicia social es una aberración (en España), es injusta (en Davos) y es violenta (en Washington). Estoy en absoluto desacuerdo.
En primer lugar, la justicia es un valor que acompaña al ejercicio de la correspondiente virtud moral cardinal (“constante y firme voluntad de dar a cada uno lo que le es debido”).
Luego, la “justicia social” expresa particularmente una norma en el marco de una ética social que no solo pone en el centro la dignidad de toda persona miembro de una misma comunidad, sino que también expresa un deber y una responsabilidad muy concreta que brota del reconocimiento de dicha dignidad. Por tanto, no se entiende la idea de justicia social por fuera de una visión particular del ser humano. La justicia no es una convención humana, porque lo que es justo no está determinado originalmente por la ley, sino por la identidad profunda del ser humano.
La comprensión de esta identidad, bien expresada en corrientes como el humanismo cristiano, el humanismo integral o el personalismo, es la que hoy está en debate. Milei no solo discute con lo que él llama progresismo, socialismo, la izquierda, “los zurdos” y más. Hay muchas otras miradas que reconocen la libertad personal y la primacía ontológica de la persona sobre la comunidad, pero entienden que la plenitud de esa persona también ocurre (u ocurre completamente) cuando tiene oportunidad de desplegar su sociabilidad natural, su capacidad natural de comprometerse con los demás, su capacidad de empatía y sacrificio por el prójimo. Por esta razón, persona y comunidad son inseparables, y un Estado que refleje esta dimensión comunitaria no es ni comunista ni totalitario, es simplemente un Estado que expresa una dimensión de la vida en comunidad.
La discusión sobre las instituciones políticas, sus funciones y tamaño es totalmente válida y necesaria pero nunca separada de cierta conciencia ética que entiende que es una exigencia que toda la persona y todas las personas sean parte (ser parte y participar, ambas cosas) del desarrollo y el bien común. Somos responsables del pobre, del abuelo, del desempleado, de la madre que busca trabajo, de los jóvenes que no consiguen trabajo. Esa responsabilidad asumida bajo formas institucionales (legislación, políticas públicas, presupuesto) y también asumida por la sociedad organizada (familia, asociaciones civiles, colegios, organizaciones de todo tipo) refleja una comunidad que practica el principio de la solidaridad y la justicia social, aportando al bien común. Dicho de manera más concreta: los problemas sociales no pueden ser resueltos solo por el mercado (mercado que encima asume dimensiones globales, desenraizado de la cuestión social); deben ser asumidos, también, por la sociedad organizada y el Estado con criterios de actuación que exceden la medida de lo “útil”.
La justicia social, entonces, no es una aberración. Es un valor complejo y profundo que adquiere un significado pleno y auténtico cuando se lo entiende desde una antropología adecuada, donde la solidaridad y la participación real se vuelven principio, norma y valor de la ética social que informa el modo de vivir y convivir.
*Universidad Católica Argentina.
