En tiempos de incertidumbre y transformación, resulta esencial volver a mirar con claridad las bases sobre las cuales se construye el porvenir de una nación. La República Argentina atraviesa desafíos enormes que son, en esencia, de carácter institucional. No se trata sólo de problemas coyunturales, sino de una deuda estructural prolongada que compromete el desarrollo económico, la estabilidad social y la confianza ciudadana. Y en ese marco, el sistema de justicia ocupa un lugar central.
Para alcanzar un modelo de crecimiento sostenible, con inversiones genuinas, creación de empleo y progreso social, es indispensable consolidar un Estado de Derecho robusto.
La seguridad jurídica no es una consigna retórica: es una condición necesaria para la estabilidad económica. Sin estabilidad jurídica, no hay reglas previsibles ni garantías para quienes arriesgan capital, trabajo o innovación. Por ello, fortalecer el servicio de justicia debe ser una prioridad impostergable para todo el arco institucional.
Sin embargo, el panorama actual de la Justicia argentina evidencia signos alarmantes. Más del 30% de los cargos del Poder Judicial de la Nación están vacantes, lo que equivale a 305 juzgados sin titular. A pesar de los esfuerzos del Consejo de la Magistratura —que logró elevar 96 ternas el año pasado gracias a un amplio consenso entre los distintos estamentos—, el Poder Ejecutivo no ha remitido al Senado ni un solo pliego durante el año 2024. Esta parálisis afecta directamente el acceso a la justicia, dilata los procesos y erosiona la percepción de eficacia del sistema.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación, órgano supremo del Poder Judicial, tampoco está exenta de esta crisis de cobertura. Actualmente cuenta con cuatro de sus cinco miembros, uno de los cuales —el Dr. Manuel García-Mansilla— fue designado en comisión por el Poder Ejecutivo durante el receso legislativo, y su nombramiento se mantendrá vigente hasta el cierre del actual período ordinario del Congreso.
Esta designación, realizada por fuera de los consensos constitucionalmente exigidos, fue aceptada por la propia Corte. En cambio, la postulación del Dr. Ariel Lijo, en idénticas condiciones, fue objetada por el Tribunal ante su decisión de no renunciar a su cargo de juez federal. En este contexto, el 3 de abril se presenta como una fecha clave: el Senado deberá decidir si presta o no acuerdo a ambos pliegos, conforme al procedimiento constitucional previsto. Es indispensable que la definición se concrete por las vías institucionales y con los consensos exigidos por la Constitución. La prolongación de esta indefinición debilita el funcionamiento del más alto tribunal del país y acrecienta la incertidumbre institucional.
La situación del Ministerio Público Fiscal no es menos grave: el 42% de las fiscalías se encuentra vacante y apenas cinco fiscales han sido designados en los últimos cinco años. Sin embargo, en ese contexto crítico, es justo destacar la figura del Procurador General interino, doctor Eduardo Casal, quien desde hace ocho años ejerce sus funciones con integridad, profesionalismo y una firme vocación de servicio. A pesar de su carácter interino, su gestión ha sido clave para sostener la estructura institucional del MPF en un escenario adverso.
Paralelamente, la Argentina avanza —aunque con recursos limitados— en la implementación del sistema acusatorio. Este modelo procesal penal, que transfiere la responsabilidad de la investigación al Ministerio Público y acota los tiempos del proceso, constituye un avance en transparencia, celeridad y eficacia. La decisión política de impulsar su implementación es acertada. Sin embargo, su éxito exige una inversión adecuada en infraestructura, capacitación y tecnología, sin la cual corre el riesgo de frustrarse.
Otro eje postergado es el traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su reciente fallo “Levinas”, la Corte Suprema reafirmó la obligación constitucional de avanzar en esta transferencia y calificó como un “desajuste institucional grave” la demora en su implementación. En esa sentencia, el Tribunal estableció que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad es competente para revisar las decisiones de la Justicia nacional ordinaria con asiento en la Ciudad, marcando un hito en la progresiva consolidación de una justicia local.
Este pronunciamiento, que reconoce el carácter autónomo de la CABA y su potestad para ejercer plenamente la función judicial, pone de manifiesto la necesidad de adecuar el diseño institucional a lo previsto en la Constitución.
Si bien algunos sectores de la justicia nacional han expresado reparos frente a esta nueva configuración, lo cierto es que concretar el traspaso no sólo consolidaría el federalismo, sino que permitiría concentrar la Justicia federal en los delitos de mayor gravedad. Además, contar con una justicia porteña plenamente integrada, ágil y eficiente es clave para mejorar el servicio que reciben los ciudadanos y reafirmar la capacidad institucional de la Ciudad. La postergación de este proceso perpetúa una superposición de competencias que compromete la eficacia del sistema judicial en su conjunto.
Por último, no puede soslayarse la profunda crisis de confianza que atraviesa el Poder Judicial. Las encuestas revelan un 80% de imagen negativa. Esta percepción debe ser abordada con firmeza y compromiso, mediante herramientas concretas como un Código de Ética para la justicia federal, estándares más exigentes de desempeño y una cultura institucional que rinda cuentas y promueva la excelencia.
La justicia no puede ni debe ser rehén de disputas coyunturales ni de intereses sectoriales. Su fortalecimiento es una causa nacional, porque sobre su solidez descansa la vigencia de la República, la protección de los derechos y la posibilidad de construir un futuro con desarrollo, inversión y estabilidad. Resolver las deudas pendientes del sistema judicial no es una opción: es una necesidad urgente para consolidar una Argentina viable, equitativa y moderna.
* Consejera de la Magistratura de la Nación
