El sistema de coparticipación federal de impuestos en Argentina es uno de los pilares de la relación fiscal entre la Nación y las provincias. Establecido a través de la Ley 23.548 en 1988, este sistema determina cómo se distribuyen los recursos provenientes de los impuestos nacionales.
En su intervención en Expoagro 2025, el presidente Javier Milei sugirió una alternativa a este modelo: el federalismo fiscal, una propuesta que busca una mayor autonomía para las provincias a la hora de gestionar sus recursos y establecer sus políticas de recaudación.
El modelo de coparticipación vigente distribuye los impuestos nacionales entre la Nación y las provincias. De acuerdo con la ley, aproximadamente el 60% de lo recaudado va a las provincias, mientras que el 34% queda para Nación. El sistema fue pensado para descentralizar el poder nacional y equilibrar las desigualdades entre las jurisdicciones, pero el resultado, a ojos del objetivo, fue un fracaso. Las provincias más pobres del país, como Formosa o Chaco, son también las más subsidiadas por el modelo actual.
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La acumulación de pobreza por parte de gobiernos provinciales derrochadores y adictos al empleo público perpetraron una dependencia nociva hacia la Nación, desincentivando la capacidad de autogestión. A la larga, esta herramienta terminó reforzando la centralización a través de la redistribución de recursos que casi nunca responden a las necesidades locales.
¿Qué es el federalismo fiscal?
La alternativa podría ser un modelo de federalismo fiscal, donde las provincias tendrían mayor libertad para establecer sus propios impuestos. El enfoque estará puesto en una sana competencia entre provincias para atraer inversiones y mejorar la calidad de los servicios públicos, tal como ocurre en países más federales como Estados Unidos o Brasil.
Por ejemplo, las provincias que logren reducir su déficit fiscal y fomentar el crecimiento económico local podrían retener una mayor parte de los recursos recaudados, mientras que las provincias que no logren hacerlo tendrían que recurrir a otros mecanismos para financiar sus necesidades.
El concepto de federalismo fiscal es un caso de estudio para la teoría económica. Musgrave (1959), uno de los principales teóricos en este campo, sostiene que la descentralización fiscal puede ser beneficiosa, ya que permite a los gobiernos locales adaptar las políticas a las necesidades específicas de sus poblaciones. Además, según Oates (1999), un sistema descentralizado permite a las provincias tener un mayor conocimiento sobre las preferencias y necesidades de los ciudadanos, lo que mejora la asignación de recursos.
Entre las desventajas planteadas suele argumentarse que un sistema así podría generar tensiones, ya que las provincias más pequeñas o menos desarrolladas podrían enfrentarse a mayores dificultades para generar ingresos de manera autónoma, lo que podría llevar a una mayor desigualdad. Pero ¿acaso esa desigualdad no se observa actualmente entre el centro y noreste del país, por poner un caso?
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La desigualdad siempre será inevitable entre jurisdicciones con recursos diferentes, eso no es lo relevante. La clave está en generar los incentivos adecuados para liberar la potencialidad de las economías regionales. Y en este aspecto sobran lecciones internacionales de modelos de federalismo fiscal que podrían servir como referencia.
En Suiza, por ejemplo, un país sin salida al mar, los cantones tienen un alto grado de autonomía fiscal, lo que les permite establecer sus propios impuestos y gestionar sus recursos de manera independiente. Este sistema ha permitido que los cantones compitan entre sí en términos de calidad de los servicios públicos y atracción de inversiones.
De manera similar, en Estados Unidos, cada Estado tiene la capacidad de establecer sus propios sistemas fiscales. Esa diversidad económica es necesaria para que las inversiones privadas financien proyectos ambiciosos sin depender del gobierno central.
Desafíos de implementación
A pesar de los beneficios potenciales, la implementación de un modelo de federalismo fiscal en Argentina no está exenta de desafíos. En primer lugar, sería necesario diseñar un sistema que permita a las provincias más pequeñas y desfavorecidas mantenerse competitivas. Esto podría requerir un apoyo federal temporal para facilitar la transición de sistema.
Además, como señalan Tiebout (1956) y otros economistas, la competencia fiscal podría generar desigualdades artificiales entre provincias en un principio, ya que aquellas con mayores recursos e infraestructura ganarán más inversiones, mientras que las provincias con menos capacidad económica quedarían en una situación más difícil.
En ese sentido, sería similar al modelo actual, pero con la diferencia que el gobernador de turno de la provincia más pobre deberá innovar a cualquier costo porque Nación ya no le girará recursos discrecionales.
La estructura fiscal de Argentina necesita una reforma que todo especialista conoce de su impostergabilidad. El sistema actual de coparticipación fracasó porque las desigualdades se volvieron insalvables. Hace falta replantearse un nuevo modelo basado en un federalismo fiscal, que aunque requiere una cuidadosa planificación que proteja a las regiones más débiles, es ilógico seguir con un esquema que no funciona. Tal como supo decir Albert Einstein, “locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes”.
*Project Manager de la Fundación Internacional Bases
