América Latina enfrenta dilemas de política económica que no se pueden atribuir sólo a la pandemia, sino que se remontan tiempo atrás.
La profundización de los cambios tecno productivos a partir de los noventa, que tuvo su eje en la globalización y en el avance tecnológico disruptivo, constituyó una revolución que delimita el marco más general de las transformaciones operadas en el subcontinente.
Resultado de ese proceso fue la necesidad de abordar cuestiones económicas, sociales y políticas, cuya resolución, siempre parcial, implicó su persistencia o agravamiento a pesar del paso de gobiernos de distintas ideologías. Si bien de naturaleza e intensidad diferente según el país, todas señalan problemas de larga data que tienden a evidenciarse o empeorar cuando la economía se estanca o declina.
Las crecientes fricciones de los últimos años entre los Estados Unidos y China agregan elementos que colocan a la mayoría de la región en una delicada situación. Por una parte, geopolítica, al reconocerse como hemisféricamente occidentales, pero con importantes vínculos comerciales y financieros con la potencia emergente. Por otra, ralentizando el crecimiento mundial lo que afecta sus exportaciones y sus posibilidades de alcanzar objetivos impostergables, como la creación de empleo, la reducción de la pobreza y la desigualdad.
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En los últimos dos años la evolución del contexto hizo emerger conflictos profundos velados por el progreso, como en los casos de Chile, Brasil, Colombia y Bolivia, o repotenciándolos en aquellos afectados por los desaciertos, como Venezuela, Ecuador y la Argentina.
En todos, de una u otra manera, se había iniciado un tiempo de crisis de los enfoques económicos aplicados cuyo interrogante de fondo era su versatilidad frente a los nuevos desafíos. Éste, sin embargo, quedó sin responder, ya que la pandemia puso en cuarentena a la población ya sus demandas.
La depresión resultante agigantó los problemas e incorporó los derivados de la desigualdad de oportunidades, sea sanitaria, de conectividad o de ingresos. En definitiva, instauró un tiempo de espera que suma mayores retos a la atribulada y, en ocasiones, desorientada, clase política regional.
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El mayor gasto público ya incoado durante el tiempo de crisis ha crecido en este tiempo de espera, impulsando de manera dramática el endeudamiento público y, en no pocos casos, el expansionismo monetario, los cuales, más temprano que tarde, resultarán insostenibles.
De esta manera, tanto aquellas dirigencias que actuaron con prudencia como las que hicieron gala de la impericia o la indolencia, se enfrentan, en diverso grado, a un escenario crítico que las obliga a transitar de aquí en más un tiempo de decisiones cruciales.
Deberán convencer a sus sociedades de que la brecha abierta entre objetivos deseados y recursos disponibles es suficientemente amplia que exige modificar las prioridades para poder lograr algunos de los objetivos socioeconómicos más urgentes y relevantes. Este cambio de rumbo implica abandonar, al menos por un tiempo, ciertos enfoques, formas y aspiraciones de toda o parte de la población, so pena de agravar las dificultades.
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El escenario delineado requiere dirigentes plenamente conscientes de las consecuencias de sus decisiones y les reclama la pericia de lograr la unidad, la organización y el consenso social y político necesarios para que los sacrificios que se deben afrontar, muy elevados de por sí, no conduzcan por sus errores al desasosiego, a la postración o, incluso, al conflicto disolutivo.
* Director del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del Salvador (USAL).