Un plexo normativo que se torna obsoleto ante la nueva realidad agrava el problema que procura resolver y agrega confusión a una situación que se asemeja con un laberinto.
El Poder Ejecutivo puso en vigencia una nueva Directiva Política de Estrategia Nacional. Por motivos que cuesta entender, insiste en definir el ámbito de actuación de las Fuerzas Armadas con la Resolución 3314 de 1974 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Es decir, definimos el empleo de nuestras Fuerzas Armadas según el mundo que existió hace más de 40 años.
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Más aún, se lo hace remitiéndose a lo dispuesto por un decreto que impropiamente modifica el contenido de la propia Ley de Defensa sancionada oportunamente.
En efecto, nuestra ley de Defensa se discutió y se aprobó prácticamente por unanimidad durante 1987/1988. Nadie en el debate hizo alusión a la resolución de Naciones Unidas de 1974, y mucho menos se la tuvo en cuenta al redactar el texto. Nuestra ley es la que definitivamente tiene vigencia y no un decreto posterior que la reforma. Nunca un decreto puede reformar una ley.
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Es verdaderamente disparatado seguir con este equívoco y utilizar ese decreto como base para una nueva directiva estratégica.
En lugar de adaptar nuestra normativa a la realidad, creamos una realidad inexistente para adaptarla a una normativa que ni siquiera tiene validez jurídica.
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La sanción de una nueva Directiva Política de Estrategia Nacional era una oportunidad para abocarnos a la tarea de modernizar nuestro instrumento militar y la legislación aplicable. La hemos desperdiciado.
* Horacio Jaunarena, director del Centro de Estudios para la Defensa Nacional de la Universidad de Belgrano.
