40 años de régimen democrático no han logrado construir una cultura política de la tolerancia, republicana, de oposición responsable ni de gobierno que contemple los intereses de todos los sectores de la sociedad. Esta aseveración vale para toda la sociedad política. Por su parte, la mayoría de la sociedad civil no ha logrado ser partícipe real y sigue expectante, observando como en un partido de tenis, cómo se pasa la pelota de una cancha a la otra, impotente y a sabiendas que ella pagará las consecuencias de un juego que no domina. “Estamos como cuando vinimos de España”. 40 años desaprovechados.
El tratamiento de la Ley Bases, que comenzó siendo un manifiesto inacabable del gobierno, termina reducido a un tercio luego de negociaciones dignas de “la casta” al otorgar favores por votos, al reclamar privilegios por votos. Siempre son los dos lados. Esto es la política bastarda. Oligárquica, degradada, corrupta, inescrupulosa. De espaldas a la ciudadanía.
Justamente, dentro del Congreso los bloques enfrentados muestran luego de estos seis meses de idas y venidas, sus mutuas vanidades e intereses. El bloque opositor de Unión por la Patria junto a Martín Lousteau -presidente de la UCR, único voto opositor dentro de su propio partido- han hecho gala de una pertinacia, nacida de impedir ferozmente la acción de gobierno y aprovechando, para sus propios intereses, la desesperación de una gran parte de la sociedad excluida de este “cambio cultural”. Y, sobre todo, económica y socialmente.
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Por su parte, el gobierno, con un nuevo jefe de gabinete, Guillermo Francos, premiado por lograr negociar políticamente como tradicionalmente acostumbró “la casta”: “dámela vos, pasámela a mí”. Se enfrentan, -como “muestra basta un botón”- por un lado, la senadora Juliana Di Tullio, declarando ante la barbarie violenta de una horda infiltrada en la manifestación, su exigencia del derecho constitucional a que “el pueblo pueda manifestar en paz sin que lo violenten”, omitiendo la obligación, también constitucional, del Estado de mantener el orden por el uso legítimo de la violencia. Por el otro, el escándalo suscitado por la senadora Lucila Crexller, quien negó haber recibido la embajada de la UNESCO a cambio de su voto positivo. Si esto no es “la casta”, la casta dónde está.
La política bastarda se replica en la plaza, entre una movilización azuzada por la oposición y ciudadanos que van a manifestar porque no están de acuerdo con la sanción de la ley. No la conocen, no la han leído, pero es un símbolo de lo que consideran significa más ajuste, más despidos, la imposibilidad de llegar a fin de mes, del recorte hogareño sin fin.
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“La ley para enfrentar el futuro de una nueva Argentina”, dicen desde el gobierno. Suena a una abstracción, a un futuro que nadie verá, alejado de la cotidianeidad que, más que acuciar, desespera.
Sin embargo, los violentos de siempre, que fueron a “pudrirla”, destruyen la legítima disidencia. Tiran piedras y botellas, rompen baldosas con mazas, arrojan molotovs, incendian tachos de basura y hasta autos. La policía y la gendarmería los detienen. Como pueden. Por un momento parece que no van a poder. Tiran gases, arriman camiones hidrantes, balas de goma. El ambiente es irrespirable. Pero los energúmenos “anónimos” van provistos con pañuelos, máscaras de gas y siguen y siguen. No paran. Fueron casi dos horas que parecía que iban a lograrlo, que iban a destruir el orden, mientras cantaban “la patria no se vende”. ¡Pobre patria! ¡Pobre democracia!
Una imagen vale más que mil palabras. Un señor mayor, desprevenido, iba en bicicleta pasando por el medio de los piedrazos y el fuego, entre la policía y los violentos. Como todos nosotros. En el medio e impotentes.
