Argentina negocia a ritmo acelerado un acuerdo con el FMI. En estas horas la operación se discute entre el Directorio del Fondo y el equipo de técnicos que vino analizando con el gobierno argentino los términos de la condicionalidad, que por supuesto nadie conoce.
Por ahora tiene el apoyo explícito del gobierno de EEUU, el accionista con poder de veto en el organismo internacional. Ahora Milei, tras conversación con Emmanuel Macron, logra el apoyo de Francia.
Los principales accionistas del FMI apoyan el nuevo préstamo, que amplía la exposición de Argentina ante el Fondo y profundiza la hipoteca de la Argentina. Con casi US$ 45.000 millones , el país es el mayor deudor del FMI, con el 28,3% de las acreencias, seguido por Ucrania con el 10,1%.
Sin guerra, curiosamente, la Argentina aumentará la exposición ante el organismo internacional, por lo que los principales accionistas intentan evitar la gran debacle y seguir sosteniendo ideológicamente a su socio político cultural, pero intentar evitar el colapso financiero de una cesación de pagos del país.
Todos quieren cobrar, especialmente el FMI. Resulta interesante confirmar también que existen otros actores globales comprometidos, que verían con satisfacción el sostén financiero del Fondo.
Remito al caso de China expuesta con el swap facilitado a la Argentina, que consolidó una relación económica financiera del gigante asiático con Buenos Aires, de una operación que atravesó a los gobiernos de cuño kirchnerista, macristas y ahora a Milei, quien perjuraba no tener interés en negociar con “comunistas”, hasta que fue necesario.
FMI: Nuevo acuerdo y más ajuste
El problema es que el costo de la renovación y la ampliación de los fondos afecta a las condiciones de vida de la mayoría social, especialmente los empobrecidos, porque el gobierno ratifica el privilegio con los acreedores y entonces augura más ajuste para cumplir con las cancelaciones de intereses, descontando la renovación de los vencimientos de capital.
Se reconoce que el capital se renueva “sine die”, y el flagelo de los intereses compite con el gasto social en derechos consagrados constitucionalmente, del modo que la deuda es una hipoteca que gerencia el gran capital mundial vía el FMI, con un crédito odioso en 2018, renegociado en 2022 y ahora en 2025.
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No se sabe la magnitud, pero el gobierno acelera cualquier alivio, ya que, si las reservas internacionales llegaban a US$ 32.903 millones al 7 de enero del 2025, el día 19 de marzo alcanzaron US$ 27.046 millones, reflejando una pérdida de US$ 5.857 millones en menos de tres meses.
Lo cierto es que luego de ese dato el BCRA continuó vendiendo divisas quedando por debajo de los US$ 27.000 millones, agravando la ausencia de dólares para contener el tipo de cambio, principal ancla inflacionario con la que apuesta políticamente el gobierno Milei en este año electoral.
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Como lo que manda es la política, el gobierno apura el acuerdo subordinado con el FMI, a cualquier costo y condicionalidad, con tal de sostener su principal activo, la baja del índice de precios, para intentar mantener todo lo posible el consenso social.
Las movilizaciones del 24 de marzo en todo el país es la contracara de la política oficial. No solo se trató de la recuperación de la memoria, sino de un crecimiento del descontento que avanza como protesta y busca cauce para constituirse en alternativa de política a la hegemónica oficialista y sus cómplices en los gobiernos provinciales, el poder legislativo y el judicial.
No se trata de volver hacia atrás, sino de transitar nuevos rumbos de la política para habilitar un nuevo tiempo de esperanza por cambios que resuelvan las necesidades que pueblan las demandas de los movilizados, sean jubiladas/os, trabajadores/as y múltiples reivindicaciones de organizaciones sociales, territoriales, ambientales y del conjunto social.
