Destrucción de salarios y derechos laborales, represión y ataque a la industria nacional en beneficio de la timba financiera. Así podríamos sintetizar qué fue y qué hizo la última dictadura cívico-militar, que puso en el foco de su ataque a las y los trabajadores, porque casi el 70% de los 30 mil desaparecidos fueron delegados gremiales, integrantes de conducciones sindicales y obreros industriales.
Necesitaron atacar así, con esa virulencia, a la organización de la clase trabajadora para poder aplicar las políticas neoliberales que golpearon a un país en desarrollo como era esa Argentina con producción nacional, con lucha por salarios dignos y una pobreza que no superaba el 5 por ciento.
La dictadura intervino a casi todos los sindicatos y disolvió la CGT. Dictó una nueva Ley de Asociaciones Profesionales donde prohibió las federaciones, centrales y confederaciones. Los golpistas necesitaban atomizar lo máximo posible a las organizaciones gremiales de los trabajadores. Y necesitaban hacerlo porque vinieron, entre otras cosas, por nuestros salarios y el derecho a huelga, que es la herramienta que nos da la posibilidad de pelear para tener un sueldo digno.
Las transformaciones sociales de la última dictadura
Por eso, ilegalizaron la huelga imponiendo penas de 6 años de prisión para los que participaran y 10 años para los dirigentes que las organizaran. Es que la posibilidad de hacer huelga es lo que permite que nuestras familias accedan a las nueve necesidades que establecen la Constitución nacional y la Ley de Contrato de Trabajo: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión.
Así son las políticas neoliberales: le sacan a los trabajadores para darle a los patrones. Por eso, en el primer año de la última dictadura el salario real de los trabajadores cayó un 50% y fue necesario aumentar las horas de trabajo diario para poder cubrir la canasta familiar.
Ahora el gobierno de Javier Milei vuelve a repetir la receta: el conjunto de los trabajadores perdieron 31 billones de pesos que fueron a las cuentas bancarias de los patrones, según detalló el equipo de economistas del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE).
Esas políticas, que también promueven un vaciamiento de las universidades públicas y la licuación de las jubilaciones de quienes trabajaron toda su vida, sólo pueden pasar con represión. Por eso, atacan también a quienes pueden contar cómo la policía reprime las protestas y eso explica que el fotógrafo Pablo Grillo esté hoy peleando por su vida. Fue baleado con un cartucho de gas lacrimógeno disparado según las órdenes que dio la ministra Patricia Bullrich.
Estamos frente a un Gobierno que se sitúa al margen de la ley y en contra de la Constitución Nacional.
Este 24 de marzo, en un nuevo aniversario de ese golpe de Estado que vino a planificar la miseria de las y los trabajadores, ratificamos la lucha por un Salario Mínimo Vital y Móvil que nos permita vivir dignamente y reivindicamos el derecho a huelga como herramienta para lograrlo. Esa es la forma de fortalecer la democracia.
