Por tercera vez, Nicolás Maduro, aspira al sillón presidencial. A menos de un mes de los comicios, la candidata líder de la oposición, Maria Corina Machado, ha sido inhabilitada por el gobierno. En ese contexto, el Alto Comisionado, Volker Turk, presenta ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, su informe anual, actualizando datos sobre la represión, tras el cierre de su oficina en Caracas por el poder político el 15 de febrero pasado.
El informe observa la restricción del espacio cívico, pese a los acuerdos entre el gobierno y la "Plataforma Unitaria Democrática, en un proceso mediado por el Reino de Noruega", para proteger "los intereses vitales de la Nación" y "los Derechos Políticos y Garantías Electorales para todos". No obstante, vienen de ser detenidos "15 miembros de 5 partidos de oposición diferentes, así como la incursión de agentes de la Policía Nacional Bolivariana sin orden judicial, durante una reunión sindical, 11 de estas detenciones podrían equivaler a desapariciones forzadas".
El documento recuerda que el 22 de enero pasado, "el Gobierno lanzó el Plan Furia Bolivariana; un plan civil, militar y policial para enfrentar intentos terroristas y golpistas", que generó "denuncias de vandalismo por actores no identificados contra sedes de partidos de oposición en 7 estados diferentes, así como contra oficinas de organizaciones de la sociedad civil", una violación del "derecho a participar en los asuntos públicos", que obligan "respeto y protección de la vida, la integridad física, la libertad, la seguridad y la privacidad de la sociedad".
Al tiempo, el texto "alienta a las autoridades a adoptar medidas para garantizar que el proceso electoral sea plenamente transparente, inclusivo y participativo". Sin embargo, "el 26 de enero de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia confirmó la inhabilitación de 2 importantes figuras de la oposición para participar en procesos electorales", sumadas a "otras 5 personas inhabilitadas a partir del 16 de abril de 2024". El Alto Comisionado estima que estos hechos "incluyen limitación de las oportunidades para ejercer el derecho a la defensa". La ONU continúa recibiendo "información sobre injerencias del Tribunal Supremo en los partidos políticos".
Entre tanto perdura la denuncia sobre represalias contra el defensor de derechos humanos Javier Tarazona, "detenido desde 2021 acusado de incitación al odio, traición a la patria y terrorismo", cuya salud se deteriora. "Después de 3 reaperturas de juicio y aproximadamente 48 audiencias realizadas y aplazadas, desde la primera apertura de juicio el 16 de agosto de 2022 hasta el final" del presente informe, el 30 de abril de 2024, "su caso seguía pendiente de resolución".
Por cierto, la ONU "siguió documentando restricciones indebidas a la libertad de expresión", tomando nota de "10 nuevos casos de cierre de emisoras de radio", que serían 12 en total, considerando denuncias de la sociedad civil, no olvidando "21 otros casos", anteriores al 1 de mayo de 2023, cuando comenzara el periodo ahora examinado por Volker Turk. Se constata un telón de fondo de solicitudes para emitir que son rechazadas por los responsables del Estado, o respondidas con más "requisitos adicionales", que hacen imposible crear nuevas radios.
Paralelamente, unas "50 paginas web fueron bloqueadas sin notificación de suspensión por diferentes operadores de telecomunicaciones de propiedad pública y privada. Esto representa un aumento en comparación con el período del informe anterior, en el que se identificaron 44 bloqueos". La ONU reitera "que toda limitación de la libertad de expresión impuesta por el Estado debe cumplir las condiciones de legalidad, necesidad y proporcionalidad y finalidad legítima".
De momento, prosiguen los debates sobre "el proyecto de Ley de Control, Regularización, Actuación y Financiación de Organizaciones No Gubernamentales y Afines, presentado por primera vez a la Asamblea Nacional en enero de 2023", la cual genera, "creciente preocupación por las posibles restricciones al derecho a la libertad de asociación", que podrían "afectar la capacidad de la sociedad civil para llevar a cabo su labor y repercutir en la vida de los beneficiarios de la ayuda humanitaria prestada por estas organizaciones". La ONU "documentó" 15 ONG de derechos humanos afectadas por alegaciones de "restricciones a su registro" o dificultades para la aceptación de sus "actos jurídicos". De hecho, la ONU "compartió sus observaciones según las normas aplicables en la materia y alentó al gobierno a considerarlas".
Maduro busca reinventarse para dejar atrás su imagen de déspota
Volker Turk no olvidó de evocar la evolución del enjuiciamiento del gobierno de Nicolas Maduro por la Corte Penal Internacional (CPI). Puntualizó "la reanudación de la investigación de conformidad con el artículo 18 (2) del Estatuto de Roma sobre la situación en Venezuela". El Fiscal de la CPI definió "una serie de áreas prioritarias de la asistencia técnica a las autoridades venezolanas, en consonancia con la rendición de cuentas". Ambas partes acordaron la apertura de una Oficina de la CPI en Caracas, que permitirá "proseguir" la cooperación entre las partes y "la aplicación de los memorandos de entendimiento celebrados entre el gobierno y la Fiscalía".
Todo esto significa que la intervención de la CPI en Venezuela, aceptada voluntariamente por el gobierno, se rige por el "principio de complementariedad", cuyo significado es que el Estado concernido, demuestra no disponer ni la capacidad ni la voluntad de conducir él mismo las investigaciones, permitiendo que la CPI despliegue una oficina de la Fiscalía dentro del país con sus propios funcionarios, para llevar a cabo los actos de instrucción, como los interrogatorios de los imputados y testigos, que residan dentro de Venezuela, proyecto aún por implementarse.
Relacionadas con la actual campaña electoral, las últimas noticias revelan indicios susceptibles de incrementar los crímenes de lesa humanidad, ya existentes en el sumario de la CPI que remontan a 2017, y a las recomendaciones de 6 Estados de la región en 2018 que reclamaron una investigación internacional (Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú), sobre la base de un informe de expertos independientes mandatados por la OEA. Entre 2013 y 2023, la ONG venezolana "Provea", documentó 43.000 violaciones de la integridad personal, que incluyen 1.652 casos de tortura, y 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, junto a 10.085 presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuibles a policías y militares.
Sabiendo que la CPI investiga personas, no Estados, vienen de conocerse nuevos ejemplos de represión, que terminaran siendo computados en La Haya: 46 detenciones arbitrarias recientes por razones políticas, 18 en vinculación con el movimiento "Vente Venezuela", liderado por María Corina Machado, más otros relacionados con diversos partidos políticos asimismo de la oposición, además de 12 inhabilitaciones políticas (2 Alcaldes de Miranda, 8 Alcaldes de Trujillo, 2 Alcaldes de Nueva Esparta), y 2 destituciones de facto de Concejales Municipales de Tucupita.
Se añaden 7 cierres de acceso para impedir que los opositores María Corina Machado y Edmundo González, entraran a los estados de Apure, Amazonas, Cojedes, Falcon, Tachira, Mérida y Miranda, y 16 establecimientos cerrados o inspeccionados (hoteles y restaurantes en los estados de Lara, Miranda, Falcon, Zulia, Aragua, Guárico, Delta Amacuro, Cojedes y Táchira). Hasta el chofer del vehículo que llevó al candidato Edmundo Gonzalez Urrutia, para un acto de campaña fuera de Caracas le suspendieron la licencia de conducir, reteniéndole el vehículo.
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