La pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y provocada por el SARS-CoV-2 generó una oportunidad para (re) pensar la normalidad en la que se vivía. También para presentarnos algunos desafíos frente a las medidas de aislamiento obligatorio tomadas por los diferentes gobiernos para evitar la propagación del virus. El ámbito político electoral no es la excepción y, por lo tanto, no escapa a esta coyuntura crítica. Una inquietud que subyace es la de cómo compatibilizar las garantías sanitarias –necesarias para llevar adelante una elección sin contagios masivos- con las garantías electorales, que nos aseguran el cumplimiento de los derechos políticos de votar, ser votados, asociarnos, hacer campañas electorales, etc.
Sin dudas, el mundo entero enfrenta el dilema de cómo avanzar en el desarrollo de los procesos electorales pendientes durante 2020 y 2021. En América Latina estaban previstas una serie de elecciones de distintos niveles y poderes de gobierno que se están viendo afectadas por el curso que está tomando la pandemia. Surinam se animó el pasado 25 de mayo para las elecciones parlamentarias. Las próximas en el calendario son República Dominicana (5 de julio) y Bolivia (6 de septiembre) para elegir presidente. En Costa Rica, México, Paraguay, Uruguay, Ecuador y Chile esperan elecciones regionales y municipales. Chile, además, debía llevar adelante un referéndum constitucional tras la crisis a fines de 2019.
Pero no sólo está la difícil tarea de organizar elecciones en escenarios críticos sino también la de garantizar la mayor participación electoral. Y aquí surge otro interrogante, ¿qué impactos diferenciados provoca el aislamiento obligatorio, el peso de las tareas de cuidado en el ámbito doméstico y la limitación para viajar o trasladarse entre varones y mujeres? En esta dirección, algunas respuestas se brindaron el jueves 11 de junio en el evento virtual titulado Garantías Electorales en tiempo de COVID-19: La igualdad y los derechos de las mujeres, donde se debatió sobre qué dificultades podrían encontrar las mujeres en los procesos electorales, en tanto votantes y candidatas (bit.ly/comisionmujeres).
En el evento virtual titulado Garantías Electorales en tiempo de COVID-19: La igualdad y los derechos de las mujeres, se debatió sobre qué dificultades podrían encontrar las mujeres en los procesos electorales, en tanto votantes y candidatas.
El evento, organizado por la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, IDEA Internacional y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, contó con la presencia de mujeres representantes de Argentina, México, Paraguay, Ecuador, Colombia y Brasil.
Todas las participantes, magistradas de los tribunales de justicia electoral de cada país, representantes de organismos electorales internacionales y especialistas en el tema, coincidieron en una cuestión básica: la pandemia ha socavado y profundizado las desigualdades estructurales. Las mujeres son víctimas en el mundo, pero sobre todo en la región. Por lo tanto, el mayor desafío en la materia para América Latina es el desarrollo de los comicios respetando las recomendaciones en cuanto a la salubridad, pero, sobre todo, que las elecciones programadas en este contexto no socaven los derechos políticos que las mujeres supieron conquistar en cada país, como la paridad en los países que la han sancionado o el cupo.
En este debate disertaron Alejandra Mora Mora, Directora Ejecutiva de CIM–OEA, María Elena Wapenka, Magistrada del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay, Mónica Soto, Magistrada del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, Yolima Carrillo, ex Presidenta del Consejo Nacional Electoral de Colombia, Alejandra Lázzaro, secretaria de Cámara de la Cámara Nacional Electoral en Argentina y profesora de la UBA, Doris Méndez, Magistrada del Consejo Nacional Electoral de Colombia y Vicepresidenta de AMEA, Adriana Favela, Consejera del Instituto Nacional Electoral de México y Presidenta de AMEA, Luz Haro, Secretaria Ejecutiva de la Red de Mujeres Rurales de Latinoamérica y el Caribe, Luciana Lóssio, ex Magistrada del Tribunal Superior Electoral de Brasil, y Pilar Tello, coordinadora de IDEA Internacional, sede Perú.
Lázzaro, quien representó a Argentina en el evento, partió de una premisa: “todo el conjunto de instituciones, reglas y procedimientos deben estar al servicio de ofrecer una garantía eficaz e igualitaria para el pleno ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía en su doble faz activa y pasiva, es decir, en su condición de electores/as y candidatos/as”. Además, señaló que los organismos electorales están mirando cómo se desarrollan los comicios en distintas partes del mundo como en Corea del Sur o las primarias en Estados Unidos. Sin embargo, llamó la atención en cuanto a las diferencias sustanciales entre esos países y los de la región, sobre todo en términos de violencia política hacia las mujeres, aclarando que la experiencia internacional puede ser una ayuda, pero no puede ser lo único determinante a la hora de tomar decisiones sobre los modos de desarrollo de los comicios.
Otra de las grandes coincidencias entre las participantes del evento fue el planteo sobre la necesidad de que los tribunales electorales de cada país juzguen con perspectiva de género.
Otra de las grandes coincidencias entre las participantes del evento fue el planteo sobre la necesidad de que los tribunales electorales de cada país juzguen con perspectiva de género. Las mujeres son víctimas de desigualdades estructurales que se traducen en actos de violencia política y, en este nuevo contexto, de violencia cibernética.
Alejandra Mora Mora sentenció que es clave identificar las nuevas barreras que se le presentan a las mujeres en la política con esta nueva normalidad y que una de ellas es el desarrollo de campañas electorales virtuales, donde existe una brecha en el manejo de este espacio y donde, al aumentar la exposición, la violencia cibernética está formando parte de esta realidad. Por eso, los tribunales electorales no deben hacer la vista gorda ante estas situaciones, además de respetar las medidas afirmativas de cada país y atender a las situaciones de vulnerabilidad que se les presentan.
Tanto la administración como la justicia electoral deben atender a la interseccionalidad, focalizando así a las mujeres de comunidades afro, indígenas, campesinas y rurales, porque ellas siempre estuvieron invisibilizadas, y agravada su situación con la pandemia. Yolima Carrillo declaró que es necesario que en todas las acciones que se vayan a emprender se tengan en cuenta las diferencias de quienes han padecido y continúan con doble discriminación: por ser mujeres y por ser parte de otra minoría.
Avanzar hacia la igualdad de género no es una tarea individual sino colectiva, que requiere del esfuerzo conjunto de todas las instituciones de la región. Nos debemos una profunda reflexión sobre elecciones inclusivas y medidas de accesibilidad para favorecer a los grupos más perjudicados. Que la pandemia se transforme en una oportunidad para trabajar en una “nueva” normalidad que se asiente en una democracia sin sesgos, sin estereotipos y sin violencias.
*Politóloga, investigadora del CONICET y profesora UBA.
**Politóloga, investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani y profesora UBA.
