Releyendo debates de hace muchos años en el Congreso de la Nación, me llamó la atención, las abismales diferencias existentes en otras épocas, con lo que ocurre hoy en el Poder Legislativo. En tiempos donde los senadores y diputados no tenían la exorbitante cantidad de asesores que tienen hoy, podían verse notables expresiones de los conocimientos, de la cultura que tenían los que llegaban al Congreso, y la versación para ocuparse de temas que estudiaban con ahínco, hablando en las sesiones con solvencia, y no como ocurre ahora, donde salvo excepciones es común leer lo que se va a decir.
Pareciera que necesitan el libreto escrito por otros para poder expresarse, ya que las carencias que presentan ante un simple requerimiento periodístico, son puestas día a día en evidencia.
Un testimonio que me interesa destacar sobre tales diferencias, es el libro de Alfredo Palacios sobre las islas Malvinas. No fue un texto que escribiera en 1934 siendo senador, sino que recoge sus palabras en dos sesiones del Senado, fundamentando su proyecto de ley, para que se difundiera el libro de Paul Groussac Le Iles Malouines, destinado a que los argentinos conocieran la soberanía del país en esos lejanos territorios.
En dos admirables discursos Palacios hizo un completa síntesis de nuestros derechos, con el aporte de documentos y una rigurosa argumentación, sin tener ni remotamente los colaboradores que hoy tiene cualquier senador de la Nación, aunque sean notoriamente incapaces de articular un trabajo semejante.
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Hay muchos casos más que podrían citarse, pero este es un claro ejemplo de esa distancia que va de cómo estaba conformado el Poder Legislativo en otros tiempos, respecto de las habituales vulgaridades, y el desconocimiento que hoy se ve, sin contar las constantes expresiones de violencia que pueden llegar a observarse en algunos debates.
Recordaba esto al leer las expresiones públicas del senador por San Luis Bartolomé Abdala, quien mostrando la impunidad con la que se viola la ley, y la utilización personal de recursos públicos, manifestó que 13 de sus 15 asesores, pagados por el presupuesto público, cumplían funciones personales en su provincia, para su proyecto de ser Gobernador en las futuras elecciones.
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Al senador Abdala no le importa, que el pueblo argentino le pague asesores para su proyecto personal, y tampoco le importa violar de manera expresa la ley 24.600 que es el Estatuto y Escalafón para el Personal del Congreso de la Nación, donde se establece en su artículo 1° “El presente estatuto es aplicable a las personas físicas que en virtud de un acto administrativo emanado de autoridad competente, presten servicios remunerados en el ámbito del Poder Legislativo nacional.”
Casos como el de Abdala ejemplifican uno de los tantos males de los dirigentes políticos que ejercen la función legislativa y utilizan recursos no para la función para la cual fueron designados, sino para sus objetivos de promoción personal"
Dicha norma es muy clara y determina que los empleados del Congreso ya sean de planta permanente o transitoria, deben realizar sus tareas en el ámbito del Poder Legislativo, no en jurisdicciones extrañas, y mucho menos para los proyectos personales de un legislador.
Si el senador Abdala, tiene intenciones de ser gobernador de San Luis, que disponga de su peculio personal para afrontar los gastos que demande ese trabajo, pero que no viole la ley ni utilice fondos de toda la comunidad, para beneficiarse de manera ilícita.
Si se leen las exposiciones del senador Abdala, en debates en los que le ha tocado intervenir, podrá observarse el conjunto de precariedades que surgen de su actuación.
Habiendo quedado en evidencia las mismas, cuando se discutió la actualización de los haberes jubilatorios siendo una muestra acabada de sus calidades parlamentarias. Es por tal razón, que seguramente poco le interesa cumplir con la norma que establece cuáles deben ser las funciones de los asesores contratados por él, pero pagados por el Estado, tal como lo determina la ley que regula las funciones de los empleados del Poder Legislativo.
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La arbitrariedad del acto de disponer discrecionalmente de sus asesores, que están destinados a trabajar exclusivamente dentro del ámbito del Congreso de la Nación, muestra que no se trata de un comportamiento meramente irregular del senador Abdala, sino que configura un verdadero abuso de derecho, al que se suma el incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que no solo se trata de usar en su beneficio personal a empleados contratados para la función legislativa, sino de la expresa violación de la ley que está obligado a conocer.
Casos como el de Abdala ejemplifican uno de los tantos males que pueden observarse en los dirigentes políticos que ejercen la función legislativa, que utilizan recursos no para la función para la cual fueron designados, sino para sus objetivos de promoción personal o destinados a facilitar el armado de proyectos electorales futuros, en cada uno de los lugares de donde provienen.
Cabe recordar que ese gran jurista que fue Carlos Nino, en su libro Un país al margen de la ley, puso de relevancia estas actitudes comunes, donde muchas veces los encargados de la observancia de la ley, la violan con total impunidad. En el caso de Abdala, como senador, es parte del poder que legisla, y en razón de ello debería observar con más rigor el cumplimiento de las normas inherentes a la función que ejerce.
