El debate sobre los derechos de exportación ha vuelto al centro de la escena: en las próximas semanas, la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados iniciará un proceso de debate con distintos actores del agro.
Después de 17 años de espera, se concreta la oportunidad de avanzar en un marco normativo que brinde previsibilidad y estabilidad a la agrobioindustria argentina.
Los derechos de exportación nacieron como una herramienta transitoria de recaudación y se han convertido en un mecanismo permanente que afecta la competitividad del agro.
Según FADA, Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, en promedio, los últimos cinco años, las cadenas agroindustriales aportan 7 de cada 10 dólares que ingresan al país por exportaciones, en tanto es uno de los pocos sectores, y el primero, en generar dólares genuinos, ya que aporta más de lo que demanda. A ello se adiciona que explica el 24% de la actividad económica (PBI) y contribuye con 1 de cada 4 pesos en concepto de impuestos, y ha aportado el 23% del empleo nacional privado.
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Esa exacción al agro, en lugar de fomentar la inversión y el crecimiento, han introducido un nivel de incertidumbre que dificulta la planificación productiva.
Para peor, su aplicación ha sido decidida de manera unilateral por el Poder Ejecutivo, sin la intervención del Congreso, lo que contradice principios constitucionales básicos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su fallo "Camaronera Patagónica" (2014), dejó en claro que los derechos de exportación son impuestos y, por lo tanto, deben ser establecidos y modificados por ley. Sin embargo, sucesivos gobiernos han preferido sostener este mecanismo por decreto, afectando la seguridad jurídica del agro.
Es hora de que el Congreso asuma su responsabilidad y establezca reglas claras para la política tributaria del agro. Brasil ha demostrado que es posible construir un marco normativo estable y previsible para la agrobioindustria. La ausencia de derechos de exportación ha sido un factor determinante en su crecimiento y en la consolidación de su liderazgo global en la producción de alimentos. Argentina no puede seguir postergando este debate.
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Reducir los derechos de exportación no es solo una cuestión de competitividad, sino de desarrollo económico. Un esquema impositivo previsible permitiría mejorar la rentabilidad del sector, atraer inversiones y generar empleo en el interior del país. A su vez, facilitaría una integración más efectiva en los mercados internacionales, en un contexto donde nuestros competidores han avanzado con políticas fiscales más racionales.
El Congreso tiene en sus manos una oportunidad histórica. No se trata solo de discutir una baja en los derechos de exportación, sino de sentar las bases de una política impositiva moderna y eficiente. Es momento de abandonar las decisiones fiscales arbitrarias y avanzar hacia un esquema tributario que impulse el crecimiento del país. La estabilidad normativa no es un lujo, es una necesidad.
Desde la Fundación Barbechando insistimos en la importancia de este debate. La competitividad del agro es clave para la economía argentina, y cualquier reforma debe realizarse en el ámbito que corresponde: el Congreso de la Nación. Es tiempo de darle al sector la previsibilidad que necesita para seguir siendo motor de desarrollo y generación de empleo.
(*) Presidenta de la Fundación Barbechando
