La brutal agresión sobre los derechos laborales que inició el gobierno nacional con la extensión del plazo de trabajo a prueba y la legalización del negreo laboral, entre otras cosas, va a continuar con la utilización de la salud de quienes trabajan como variable de ajuste. Ajuste para las y los trabajadores, pero ampliación del margen de ganancia para las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), que no son otra cosa que sociedades anónimas que buscan la máxima rentabilidad. Eso sólo puede lograrse a costa de la salud de quienes trabajan.
Las políticas de ajuste del gobierno generaron muertes de trabajadores. Luego del anuncio del desguace de programas enteros dependientes del Ministerio de Justicia un trabajador murió de un infarto: en el edificio de Sarmiento 329 había un desfibrilador, pero no funcionaba. A pocos días del anuncio del cierre de la ex AFIP (actual ARCA), un trabajador intentó suicidarse. La angustia mata, el ajuste mata. Son daños que debería reparar la ART, porque tienen una vinculación con el trabajo.
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Sin embargo, el Sistema de Riesgos del Trabajo funciona a pedido de las ART, que son empresas y, como tales, sólo buscan el lucro. En este caso, para maximizar su ganancia deben bajar el costo que significa reparar la salud de quienes sufrieron accidentes o enfermedades laborales.
Entonces, el sistema se vuelve éticamente insostenible porque la ganancia de las ART se contrapone con la salud de quienes trabajan. Esta situación de privatización de la reparación del daño, que provoca la falta de condiciones laborales que respeten la vida y la seguridad de las y los trabajadores, genera un escenario ruin para quienes trabajan: no sólo están obligados a vender su fuerza de trabajo para sobrevivir, también deben poner en juego -en una suerte de ruleta rusa- su propia salud.
La salud del personal sanitario está en riesgo
El gobierno, que hasta ahora había dejado al margen de las reformas este provechoso (para las ART) sistema, se apresta a modificarlo para que quienes vayan a reclamar por su salud encuentren aún menos protección. Entre otras cosas, pretenden modificar el baremo (la tabla de cálculos) con el que se evalúan las patologías laborales. Es decir, van a modificar los criterios con los que se estima la indemnización que le corresponde a quien sufre una afección producto de un accidente o enfermedad laboral.
Hasta 2023, el promedio mensual era de 10 millones de trabajadoras y trabajadores cubiertos por el sistema de ART y menos del 6% (unos 600 mil) notificó algún accidente o enfermedad, aunque en realidad son muchos más los que sufren alguna afección relacionada directamente con su trabajo. De ese universo, apenas unos 118 mil trabajadores iniciaron algún tipo de reclamo judicial, según los datos que publica la Superintendencia de Riesgo de Trabajo.
Los cambios que piensan implementar van a reducir aún más las posibilidades de buscar una reparación por el daño causado en el lugar más débil de esa relación. Y, por si hay alguna dudas, ese lugar es el de quienes trabajan y ponen en juego su cuerpo, su propia salud y en algunos casos su vida, para asegurarse la subsistencia.
