¡El tratado es secreto, la sesión es secreta, sólo la vergüenza es pública!" diría, al divulgarse el texto del Tratado de la Triple Alianza por una indiscreción interesada de Inglaterra, el diario porteño La América, de Miguel Navarro Viola y Carlos Guido Spano.
Aunque pasaron 160 años de esa sesión, sabemos que el secretismo es una política de Estado que se ha llevado a cabo en la Argentina durante décadas. A pesar de los años, decisiones fundamentales que tienen que ver con la economía del país se sustraen al conocimiento público, afectando el principio republicano de la publicidad de los actos de gobierno.
Nuevamente y haciendo uso discrecional de los derechos de necesidad y urgencia, y violando las normas constitucionales se pretende realizar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sin explicitar en qué consisten los términos de éste, para que el Congreso lo apruebe sin saber los términos ni las condiciones establecidas.
Los incisos 4 y 7 del artículo 75 de la Constitución Nacional son claros en cuanto a la competencia del poder legislativo para negociar empréstitos y arreglar la deuda, aunque hace décadas se delegaron de facto esas facultades en el gobierno de turno, que siempre hizo lo que quiso respecto al endeudamiento externo.
Cuando se sancionó la ley 24.156 de administración financiera, se fijaron las pautas para la emisión de las obligaciones con el exterior, con excepción de las operaciones de crédito público que pudiere formalizar el Poder Ejecutivo, con organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional.
A la Argentina nunca le fue bien en los acuerdos que realizara con ese organismo que, en 1992, a los efectos de apoyar la política financiera del gobierno, exigió la venta de las empresas públicas, la modificación de la legislación laboral y la privatización del sistema jubilatorio, entre otras condiciones, y en los años siguientes monitoreó la política económica, hasta la cancelación de la deuda en el año 2005.
Durante la presidencia de Macri, se volvió a recurrir al FMI, solicitando un préstamo irresponsable, imposible de pagar en tres años, lo que era de perfecto conocimiento del organismo, que, a pesar de las advertencias de sus técnicos, decidió acordar con el gobierno. El destino de esos fondos, parte de los cuales se fugaron al exterior, como lo denunciara oportunamente el actual presidente Milei, no solucionó ninguno de los problemas para lo cual habían sido requeridos.
La enorme deuda generadora de intereses y condicionamientos varios se renegoció en el año 2022, después de largas tratativas donde decidiéndose cancelarla en 10 años. Simultáneamente el Congreso de la Nación sancionó la ley 27.612, que en su artículo 2° estableció:
“Dispónese que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.
Tal disposición terminaba con el manejo discrecional que se había hecho hasta entonces donde no había limitación alguna para endeudar a la Nación por parte del Poder Ejecutivo.
Como la sostenibilidad de la política económica depende de conseguir de manera desesperada, más de US$ 15.000 millones, resultaba necesario contar con la autorización legislativa, y eso lo informó Milei al inaugurar la sesiones del Congreso el 1 de marzo, pero como siempre ocurre con un gobierno al que le repugna el estado de derecho, se decidió dictar un decreto de necesidad y urgencia, para el acuerdo con el FMI, sin explicitar en el mismo los términos negociados con la institución.
Es decir que los habituales memorándum de entendimiento técnico y de políticas económicas que se firman, permanecerán secretos y los legisladores deberán aprobar a libro cerrado lo que se decida firmar.
Esta costumbre de los DNU, ya es habitual en un país al margen de la ley, y pareciera que a ningún funcionario ni a ningún legislador le importa que el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional diga que los DNU están justificados “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes” ¿Cuál es la circunstancia excepcional que hace imposible que se discuta la ley? ¿No sostiene el gobierno que las cuentas públicas han sido ordenadas como nunca, y el rumbo económico es exitoso?
Parece que al gobierno le molestan los tiempos del Congreso y la discusión pública del acuerdo, y lo explicitó con toda claridad el ministro Caputo al decir “En el Congreso se podía demorar mucho”, debido a lo cual se recurre a los atajos de siempre. Se margina a uno de los tres poderes del Estado como si no tuvieran ninguna importancia, en esta especie de autocracia, donde lo único que tiene relevancia son las decisiones del gobierno, que no admite se discutan públicamente cuestiones que son fundamentales para el futuro económico, como viene ocurriendo desde el dictado del DNU 70/2023.
La mayor parte de los economistas, - participantes del “Club de la Deuda” como los llamaba ese notable magistrado que fue Salvador María Lozada-, justifican de todas las formas posibles la necesidad de un acuerdo con el FMI, recurriendo a las falacias conocidas, y al hecho de que no va a haber nuevo endeudamiento, porque el dinero va a ser utilizado para cancelar la deuda del Tesoro con el Banco Central, y eso será fundamental para seguir bajando la inflación.
Para ellos es lo mismo deuda externa que deuda intra-estado, y cambiar deuda en pesos por deuda en dólares, que además va a estar sujeta a los habituales condicionamientos y exigencias que hace el FMI en este tipo de operaciones.
A los cultivadores de la ciencia económica, tampoco les interesa en lo más mínimo el respeto a las normas legalespara la realización de este tipo de operaciones, y lo han demostrado en todos los análisis y consideraciones hechas durante décadas sobre el endeudamiento externo.
Para ellos la deuda tiene un status especial, donde el ordenamiento jurídico no rige, por eso no cuestionan el DNU que va a dictar Milei, ni la violación de la ley 27.612, ni el reírse de las normas constitucionales, abusando de un instrumento que solo se justificaría en casos de una grave emergencia, o una situación excepcional, que en este momento no existe, ya que para el gobierno la única excusa que utilizan es la demora del Congreso en aprobar normas que se someten a su tratamiento.
Habría que recordarle al gobierno que la Corte Suprema de Justicia fue clara al sostener: “cabe descartar de plano, como inequívoca premisa, los criterios de mera conveniencia del Poder Ejecutivo que, por ser siempre ajenos a circunstancias extremas de necesidad, no justifican nunca la decisión de su titular de imponer un derecho excepcional a la Nación en circunstancias que no lo son. El texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”. (Consumidores Argentinos c/ EN –PEN- Dto. 558/02 –ley 20.091 s/ amparo ley 16.986).
Lamentablemente a la oposición dialoguista, sometida a los gobernadores solo le interesa negociar con el presidente beneficios para sus provincias a cambio de aprobar lo que sea, aunque ello signifique violentar las normas legales, queya se ha hecho una costumbre en el último año.
En este momento se está negociando con gobernadores y legisladores de la UCR, que seguramente apoyarán el DNU para acordar con el FMI, lo que significa que esa institución vuelva a monitorear las cuentas públicas, afectando nuestra soberanía económica, como lo hizo en reiteradas oportunidad desde desde la dictadura militar hasta acá. Convendría recordarles que el presidente Hipólito Yrigoyenen 1918 repatrió el oro argentino depositado en Londres (14 millones de pesos oro), no tomó nuevos empréstitos, redujo la deuda externa en 225 millones de pesos oro y destinó un importe semejante a aumentar las reservas.
Nunca consintió en abdicar de la soberanía, como lo hacen muchos dirigentes radicales que se ve que no tienen la menor idea de la historia de su partido. En el caso del peronismo en sus distintas denominaciones, hay varios gobernadores que seguramente colaborarán con el gobierno para aprobar el DNU, sepultando en el olvido, que Perón nunca aceptó ser miembro del FMI, y canceló la deuda externa durante su primer presidencia.
Es indudable que cuando se piensa en los intereses partidarios y en los acuerdos secretos que se negocian, es inútil que los que participan de ellos piensen en la Argentina y su futuro.
*Director del Observatorio de la Deuda Pública
