A 50 años de la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo, que tiene una mirada protectiva de quienes producen la riqueza del país, la Argentina atraviesa una nueva coyuntura histórica que vuelve a poner en discusión la vigencia de los derechos humanos fundamentales y puntualmente el acceso a su tutela judicial efectiva.
Las críticas no son nuevas. Son similares a las que se realizaron en la última dictadura cívico-militar, el menemismo y luego el macrismo. Son las típicas críticas construidas en los estudios de abogados de las patronales.
La reciente reforma de la Ley Bases, de contenido regresivo para quienes viven de su trabajo, sigue esa tradición neoliberal. El resultado ya lo conocemos: agravará los indicadores sobre el trabajo registrado y solo generará mejores condiciones para la precarización laboral.
Contrariamente al discurso del gobierno del presidente Javier Milei, no generará ninguna mejora en los indicadores de empleo, de pobreza, o de desigualdad. ¿Por qué esta nueva reforma laboral -tan antigua como el Siglo XIX -sería diferente a las de 1976, los 90 o la que impulsó Mauricio Macri con el eufemismo de hablar de “colaboradores” para referirse a los trabajadores?
El 35% de los trabajadores es pobre según un informe de la UBA
La crisis económica que acecha a empresas y trabajadores sólo recrudece. Lo saben quienes viven de su trabajo, quienes se jubilaron después de trabajar toda una vida o quienes están desempleados. Para mantener las metas de inflación el gobierno insiste con políticas de ajuste que ahogan el consumo y dificultan seriamente el despegue de la actividad económica. Este es el motivo principal de la falta de generación de empleo, no las leyes laborales ni la falsa e inexistente “industria del juicio laboral”.
En este contexto, derechos fundamentales como el derecho al trabajo, el derecho de huelga, el derecho a acceder a la justicia para reclamar se ven puestos en peligro, cuestionados desde el gobierno y modificados para peor por normas que no respetan los mecanismos republicanos (como el DNU 70/23) y que desconocen la profusa normativa internacional a la que el Estado Argentino se ha suscripto (tratados internacionales, convenios de OIT, entre otros).
¿Por qué esta nueva reforma laboral -tan antigua como el Siglo XIX -sería diferente a las de 1976, los 90 o la que impulsó Mauricio Macri con el eufemismo de hablar de “colaboradores” para referirse a los trabajadores?"
Todo el proceso que permitió aprobar la reforma laboral mileista, que nació vieja, contrasta brutalmente con lo que fue la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo, en 1974. Aquella, fue el resultado de un debate extenso que atravesó a abogados laboralistas, sindicatos y, finalmente, al Congreso nacional. La Ley Bases se escribió en secreto, en los estudios de abogados de las grandes empresas, y se convirtió en ley como resultado de aprietes, presiones y entrega de puestos claves a legisladores, y la extorsión a gobernadores.
Ley Bases y el grillete a los trabajadores
En estos días, el derrotero que debe atravesar un trabajador cuyos derechos se incumplen es preocupante. Participar hoy de una huelga para reclamar por mejoras laborales lo expone a un despido con causa (y por ende sin indemnización), litigar en procura del reconocimiento de esos derechos violentados supone años y años de litigio con resultado incierto, producto de la deficitaria estructura judicial y, en el mejor de los casos, se puede llegar a hacer acreedor de sumas de dinero que no alcanzan siquiera para cubrir el monto original del resarcimiento.
Como ocurrió en otros períodos históricos, la lucha entre el capital y el trabajo volvió a tensarse y se expresa en la legislación que se construye como resultado de esa relación de fuerzas. Este momento no será, como tampoco lo fue antes, definitivo, pero los derechos fundamentales vuelven a ponerse en juego.
