Se cumplen 35 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Un tratado internacional que reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujetos de derechos y fue adoptada por la Asamblea de Naciones Unidas en el año 1989. En nuestro país se ratificó en el año 1990 y alcanzó rango constitucional en 1994.
Desde que la Convención nos trazara un camino en materia de derechos de chicas y chicos hasta la actualidad, las sociedades han experimentado cambios profundos. Indudablemente, el ser reconocidos como sujetos de derechos cambió el paradigma de la niñez en el mundo.
Sin embargo, estos cambios que se están produciendo en todos los ámbitos de la vida, a velocidades nunca experimentadas y con un grado de intensidad sin precedentes, nos plantean constantes interrogantes y nuevos desafíos en lo que hace a la plena efectivización de todos los derechos reconocidos en la Convención. Y ante esta nueva realidad es propicio entonces, plantearnos un balance.
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Niños y adolescentes son víctimas de nuevas vulnerabilidades: las apuestas on line, la hiperconectividad, el ciberbullying, la inteligencia artificial, el abuso en el ciberespacio, la violencia entre pares, la afectación en la salud mental, la trata y explotación de niños y la pobreza, entre otras; todas cuestiones que nos convocan de forma urgente a tomar medidas, reforzar las áreas o legislar donde aún hay un vacío legal. Nos obligan también a pensar soluciones distintas para los flagelos que niños y adolescentes vienen sufriendo hace años y no logramos erradicar.
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La disrupción es la nueva constante. Y ante estos procesos, la Convención se resignifica y adquiere plena vigencia. El comité de los Derechos del Niño, a través de sus observaciones generales, cumple un rol fundamental para la adecuada interpretación y aplicación de los derechos de la niñez en este mundo cambiante.
Los Gobiernos en todos sus niveles, la Justicia, las organizaciones de la sociedad civil, los sistemas de salud y educativos, los clubes y las familias debemos generar las estrategias necesarias para enfrentar las transformaciones y continuar protegiendo y promoviendo los derechos de los niños. Necesitamos ser una sociedad comprometida con sus niños, niñas y adolescentes.
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Es clave generar acciones y políticas públicas sostenidas que tengan como prioridad efectivizar los derechos consagrados en la Convención.
Escuchar a los niños, niñas y adolescentes es una experiencia sumamente enriquecedora; hacerlos parte de este proceso es claramente una obligación, pero aprender de ellos es el verdadero desafío. Su voz muchas veces es la que nos muestra el mundo que los rodea con sus peligros y también con lo positivo. Y este intercambio nos lleva a diseñar, pensar y mejorar la política pública.
Los desafíos están allí y las respuestas no las tiene una sola institución. La realidad nos convoca a hacerlo colectivamente, comunicándonos más, fortaleciendo la coordinación entre organismos gubernamentales y la sociedad civil. Allanando caminos y escuchando a niñas, niños y adolescentes, los verdaderos protagonistas, encontraremos muchas respuestas.
Reconocer lo que aún no hemos podido lograr, reflexionar, mirarnos, mirarlos, pensar creativamente, buscar caminos distintos para nuevas soluciones, son sin duda pasos fundamentales para garantizar el ejercicio pleno de derechos.
