El gobierno ha anunciado una modificación en la estructura de la Cancillería trasladando las cuestiones internacionales relativas a los derechos humanos a una novedosa “Secretaría de Culto y Civilización” de la que dependerá una “Subsecretaría de Derechos Humanos y Civilización”. No se conocen las razones por las que Culto, una dependencia que se ocupaba de la relación con los distintos credos religiosos pase a desempeñar un papel en la acción diplomática del Estado en materia de derechos humanos, lo que no ocurre en ninguna parte. Tampoco se entiende bien a qué razones obedece el agregado del término “civilización” aunque el nuevo Secretario explicó que era porque Javier Milei se había convertido en un “faro de la civilización occidental”, lo que denota un espíritu de cruzada internacional. Si esto se relaciona además con las posiciones expresadas por el gobierno relativizando los crímenes del terrorismo de Estado o con sus expresiones o acciones en materia de discriminación por razones de género u orientación sexual hay motivos suficientes de preocupación.
Hasta ahora esos temas estaban a cargo de la Dirección General de Derechos Humanos de la Cancillería, creada en los albores de la democracia restaurada en 1983 que dependía de la Subsecretaría de Política Exterior del Ministerio, en el entendido de que la cuestión de los derechos humanos constituía uno de los ejes de la diplomacia de la Argentina democrática tras la noche dictatorial.
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A lo largo de cuatro décadas fue desde esa Dirección conocida como la DIGHU que se impulsaron las acciones que configuraron el perfil internacional de un país apegado al estado de derecho y dispuesto a adherir a los principales tratados en la materia, así como a efectuar una contribución sustancial para desarrollar y fortalecer la protección internacional de los derechos humanos.
Desde allí, durante la presidencia del Dr. Raúl Alfonsín se promovió la Convención sobre los Derechos del Niño y a instancias de las Abuelas de Plaza de Mayo se propuso en 1986 el actual artículo 8 de esa Convención sobre el derecho a la identidad. En ese tiempo la Argentina adhirió también a la Convención Americana de Derechos Humanos, a la Convención contra la Tortura y a los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que desde 1994 tienen rango constitucional.
Fue también la DIGHU la oficina de la Cancillería que asistió en 1985 a la Fiscalía del Dr. Julio Strassera y del Dr. Luis Moreno Ocampo en el Juicio a las Juntas Militares, aportando el material necesario de fuentes internacionales, así como asistiendo a los testigos extranjeros que participaron del juicio.
Durante la presidencia del Dr. Carlos Menem se continuó con esos lineamientos internacionales generales a pesar del retroceso que significaron los indultos y la Dirección fue muy activa en la participación de las soluciones amistosas de casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, destacándose entre otros el que habilitó la derogación del delito de calumnias e injurias o las reparaciones del Estado frente a las detenciones arbitrarias ocurridas durante la dictadura. Durante ese gobierno la Argentina tuvo también un rol protagónico en la elaboración del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional.
En 2001 durante la presidencia del Dr. Fernando De la Rúa, la Argentina presidió la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en la persona del Embajador Leandro Despouy que había sido Director de Derechos Humanos y uno de los principales artífices de los lineamientos internacionales en materia de derechos humanos iniciados en 1983.
Durante la presidencia del Dr. Néstor Kirchner nuestro país promovió conjuntamente con Francia y Japón la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, antiguo reclamo de los familiares de personas desaparecidas, que fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2006.
En ese año se creó también el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y fue la DIGHU y la Misión Argentina ante la ONU en Nueva York las que aportaron numerosos elementos en esa negociación para lograr consolidar un organismo internacional eficaz frente a los intentos de los estados autoritarios de esterilizar la función de ese Consejo para investigar la violación de los derechos humanos en el mundo. Otras iniciativas argentinas durante el gobierno de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, que tuvieron origen en esa Dirección fueron la acción por la abolición universal de la pena de muerte conjuntamente con Italia y Suiza o contra la violencia por razones de la orientación sexual con los Estados Unidos o logrando conjuntamente con Suiza una relatoría especial para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación en países que salen de guerras civiles o dictaduras.
Estas políticas se continuaron durante las presidencias del Ingeniero Mauricio Macri y del Dr. Alberto Fernández y en 2022 la trayectoria de la Argentina fue reconocida con la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la persona del ex Director de la DIGHU, el Embajador Federico Villegas Beltrán. Las manifestaciones del gobierno en la OEA contrarias a la inclusión en las resoluciones de párrafos sobre género o discriminación por razones de orientación sexual o de violencia contra mujeres y niñas y otras acciones similares en la ONU, en coincidencia con países de sesgo autoritario como Irán, Rusia, Mali o Nicaragua como ocurrió recientemente en la Comisión de la condición jurídica y social de la Mujer o la relativización que se hace permanentemente por distintas autoridades de los crímenes del terrorismo de estado no auguran precisamente una política acorde con la que se impulsó en estos últimos cuarenta años.
Tampoco promueve la generación de alianzas multilaterales fluidas en estos temas con los países europeos y latinoamericanos o con los Estados Unidos en caso de que triunfe la candidata demócrata. La Dirección General de Derechos Humanos de la Cancillería cumplió un rol relevante en la generación de la posición internacional de la Argentina democrática, lo que convirtió al país en referencia ineludible en derechos humanos para la comunidad internacional como puede testimoniar cualquier diplomático argentino que haya prestado funciones desde 1983 en Ginebra, Washington o Nueva York. Se trató de una política de Estado exitosa que hoy, con estas modificaciones y con las declaraciones y acciones del gobierno, se ha puesto lamentablemente en duda y tendrá además consecuencias en las relaciones con los países occidentales y democráticos con los que el gobierno dice compartir valores esenciales.
(*) El autor es ex Vicecanciller y ex Representante Permanente ante los Organismos Internacionales en Ginebra.
