Recientes declaraciones de algunos diputados y políticos sobre el pasado parecen estar dominados por la ignorancia, la agresividad y el fanatismo. No insistiré en los deleznables crímenes y actos terroristas que cometieron organizaciones armadas irregulares, entre ellas: Montoneros, Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Movimiento Todos por la Patria (MTP). Pero sí en que la respuesta de la dictadura militar atentó contra el honor de las Fuerzas Armadas (FFAA). Jaime Malamud Goti definió lo expresado “como un ejercicio criminal del poder del Estado”. Invocando valores cristianos, concibieron un sistemático terrorismo de Estado, que aún hoy estremece y marginaron toda la fuerza del orden jurídico vigente. Olvidaron que cuando la religión se puso contra la vida, Jesús no tuvo inconveniente en ir contra la religión (Mateo 12, 9-14). En el Ejército, el mayor poder de decisión sin límites ni control lo tenían los generales Santiago Riveros, Luciano Menéndez, Genaro Díaz Bessone, Albano Harguindeguy, Carlos Suárez Mason, Leopoldo Galtieri y Jorge Videla. Ellos, y otros, deslizaron sus responsabilidades en jóvenes oficiales y suboficiales. Las víctimas del sistema fueron obreros, estudiantes, empleados, docentes, políticos, sindicalistas, periodistas, diplomáticos propios, religiosos, soldados, mujeres y niños y algunos deportistas y militares.
Tardíos cruzados castrenses recurrieron a: centros clandestinos de detención, secuestros, violaciones sexuales, saqueos de instalaciones, robo de propiedades, robos de bebés, secuestros, asesinatos, arrojar desde aviones vivos o muertos personas al mar, torturas y desapariciones forzadas de miles y miles de prisioneros, incluidos más de cien soldados conscriptos, blanqueados luego como desertores. Alain Rouquié, escribió: “…ello indignó a la opinión pública, incluso a quienes no tienen ninguna ternura con los subversivos”. Algunos casos: Riveros, no fue ajeno al secuestro de “Iris Pereyra Avellaneda quien sufrió torturas con picana eléctrica, golpes, estaqueamiento y simulacro de fusilamiento. Estuvo detenida en condiciones inhumanas, tales como inanición y desnudamiento, encapuchada y vendada. Testigos la bautizaron ‘la vieja’, siendo que tenía 38 años”. (Juzgado Federal Criminal y Correccional de San Martín, en la causa N° 4012). El cadáver de su hijo, Floreal Avellaneda, de 15 años de edad, apareció junto con otros cuerpos en la costa uruguaya del Río de la Plata, con las manos y pies atados con alambre, desnucado y con signos de haber sufrido horribles torturas, incluso empalado. Durante su gestión, de la morgue del Hospital Militar de Campo de Mayo, se robaron los cadáveres de dos miembros del ERP: Roberto Santucho y Benito Urteaga.
Menéndez, en Córdoba se jactaba de ser “el dueño de la vida y de la muerte (García, Prudencio, El drama de la autonomía militar, pág. 200). No vaciló en disponer horrendos crímenes, y operar con el conocido delincuente Aníbal Gordon, quien realizó actos mafiosos, robos y secuestros extorsivos.
Díaz Bessone, mentor del golpe de Estado de 1976, reconoció públicamente torturas, asesinatos y desapariciones forzadas: “¿Qué podíamos hacer con los prisioneros? ¿Meterlos en la cárcel? Después un gobierno constitucional los liberaría y retomarían las armas” (Robin, Marie-Monique, Escuadrones de la muerte…”, pág. 441).
Harguindeguy, expresó. “¡No me arrepiento de nada, ganamos la batalla militar! (…). Se atribuyó la especialidad de la represión contra los sacerdotes de la Teología de la Liberación y según su ayudante, tenía una lista de trescientos curas ‘subversivos’ (…). Su otra especialidad es la extorsión, especialmente con empresarios, algunos judíos”.(Robin, o.c., pág. 444/447). Él y Roberto Viola, conocían y nunca entregaron las listas de desaparecidos.
Suárez Mason, en dos guarniciones del Ejército, dijo: “Pasarán sobre mi cadáver antes de tocar a un subordinado mío por lo actuado en la lucha contra la subversión”. En 1984, huyó a Estados Unidos y evadió sus responsabilidades (algo similar hizo el asesino montonero Mario Firmenich). Fue destituido y dado de baja del Ejército. Lo detuvo Interpol en 1988 y fue deportado a la Argentina. Se le imputaron más de doscientos secuestros, treinta asesinatos y venta de bebés. También estuvo involucrado en los asesinatos del general chileno Carlos Prats, el expresidente de Bolivia, Juan José Torres y los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
Galtieri –y Cristino Nicolaides– quien en 1976 ordenó la masacre de Margarita Belén (Chaco) donde se fusilaron a 23 prisioneros detenidos invocando una falsa emboscada. Fue imputado en diez causas por violaciones a los DD.HH. Se jactó públicamente de haber asesinado a prisioneros. Por su comportamiento en Malvinas fue condenado a doce años de Reclusión (y destitución y baja). En su sepelio (enero 2003) el Ejército lo calificó como soldado ejemplar. Andrew Graham-Yooll, escribió: “… Los plenos honores militares brindados no se condicen con un verdadero Ejército del siglo XXl, decidido a superar las infidelidades del pasado” (La Nación, 19 enero 2003).
Videla, fue un general de escritorio, carente de liderazgo y firmeza en el ejercicio del mando, irresoluto, dubitativo y timorato. Hizo del epidérmico ritual su modelo de vida militar. Dejó hacer, simuló lo que sabía y no quería conocer, adoptando un misticismo hipócrita. Massera lo humillaba y algunos generales lo ignoraban. “Arrogante, ajeno a todo arrepentimiento, proclamó que la sociedad argentina le es deudora de un desagravio institucional, incluida la reposición de su grado y honores” (García, P, Ob. Cit. pág. 560).
Todo lo expresado, directa o indirectamente, me consta. Ni los delincuentes subversivos –ni todos los que ejercieron un poder criminal del Estado– realizaron la más mínima autocrítica. El Ejército la hizo en 1995. Es triste aceptar que algunos diputados y políticos reivindiquen a los generales citados –y a todos los responsables del drama argentino–, como patriotas y combatientes. Y peor aún como presos políticos, pues no hay ningún detenido sin orden judicial ni sometido a un proceso penal por sus ideas políticas y ser un peligro para la sociedad. Aceptar lo expresado afectaría el prestigio y la credibilidad argentina ante el mundo, y estaríamos –como Cuba, Nicaragua y Venezuela– ante la negación existencial del sistema republicano y el respeto por los derechos humanos.
*Exjefe del Ejército argentino. Veterano de la Guerra de Malvinas y exembajador en Colombia y Costa Rica.
