Recientemente, los Estados Unidos, sus aliados y el régimen de Kiev patrocinado por ellos se han impuesto la moda de acusar a Rusia de “acciones de conquista” y violaciones del derecho internacional. Como de costumbre, habiendo intentado maliciosamente encontrar una paja en el ojo ajeno, no notan una “viga”en el suyo, interpretando selectivamente y a su favor ciertas disposiciones de la Carta de la ONU y otros documentos legales internacionales.
Anteriormente, este enfoque se demostró más claramente a ejemplo de la separación de Kosovo de Serbia, cuando se hizo hincapié en el principio del derecho de los pueblos a la autodeterminación consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. En el caso de Ucrania, por el contrario, se pone cuidadosamente en primer plano el imperativo de respetar la integridad territorial del Estado, mientras que se ignora por completo el derecho del pueblo a la autodeterminación.
Mientras tanto, la correlación entre estas normas inseparables está consagrada en la Declaración de los Principios de Derecho Internacional de 1970 aprobada por la Asamblea General de la ONU, que determina que debe respetarse la integridad territorial siempre y cuando el gobierno represente a todas las personas que viven en dicho Estado. No se puede decir nada parecido de Ucrania, cuyas autoridades no sólo violan de manera brutal los derechos de una parte importante de su población, sino también niegan por completo su existencia: altos funcionarios de Kiev declaran públicamente que no existe “la minoría rusohablante” en su país.
Otro ejemplo es la política discriminatoria de las autoridades ucranianas hacia el idioma ruso, la cual constituye una violación de la Constitución de Ucrania, cuyo artículo 10 garantiza su “libre desarrollo, uso y protección”. En realidad, durante muchos años los residentes rusohablantes de Ucrania, incluidos, además de los rusos, bielorrusos, armenios, judíos, griegos, húngaros y otros, se han visto privados del derecho a usar su lengua materna.
Los rusoparlantes están sujetos a represión, incluso hasta el punto de intimidación, amenazas y violencia. Al mismo tiempo, el Preámbulo, así como el Artículo 1.3 de la Carta de la ONU, a la cual les encanta referirse a los representantes del régimen de Zelensky, estipula claramente que los miembros de la Organización universal deben respetar los derechos humanos independientemente de la raza, el género, el idioma y la religión.
La cuestión de la libertad de religión no es menos apremiante en Ucrania. La persecución de la canónica Iglesia Ortodoxa Ucraniana (IOU), cuyos seguidores son la mayoría de la población del país, se continúa desde hace décadas. Con el pretexto descabellado de luchar contra la “influencia de Moscú”, las autoridades de Kiev llevan a cabo una rabiosa campaña contra la iglesia, que provocó intervenciones a muchos templos, a menudo acompañadas de palizas a sus feligreses.
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La clerecía se vio sometida a una presión cada vez mayor por parte de los servicios de seguridad y se inventaron decenas de casos penales políticos contra los curas. En algunas localidades, las instituciones religiosas fueron cerradas por orden directa de las autoridades. Recientemente, la lucha contra la ortodoxia ha adquirido formas francamente feas.
El pasado 23 de septiembre entró en vigor la ley "sobre la protección del orden constitucional en el ámbito de las actividades de las organizaciones religiosas", que introduce la base legislativa para una prohibición total de la IOU. Esta norma no puede considerarse legal, ya que contradice no sólo las obligaciones multilaterales de Ucrania en el ámbito de la protección de los derechos humanos, sino también el artículo 35 de la ley fundamental del país.
El malabarismo con el derecho internacional no se limita a esto. En connivencia con Estados Unidos y el bloque occidental, Kiev viola crónicamente el Artículo 25 de la Carta de la ONU, que obliga a los Estados miembros implementar todas las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Por supuesto, esto también se aplica a la Resolución 2202 del Consejo de Seguridad del 12 de febrero de 2015, que estipula la aplicación del “paquete de medidas” de Minsk para la solución pacífica del conflicto interno ucraniano que a instancias de conocidos gobiernos occidentales fue abiertamente saboteado por las autoridades de Kiev.
“La especulación política sobre las víctimas de la tragedia es inaceptable”
Es de destacar que posteriormente los ex líderes Angela Merkel de Alemania, Francois Hollande de Francia y Petr Poroshenko de Ucrania se dejaron decir sobre el incumplimiento deliberado de estos acuerdos con el fin de ganar tiempo para la militarización del Estado ucraniano.
El rumbo antilegal del régimen de Zelensky hacia la discriminación de todo lo ruso es aprobado y apoyado por patrocinadores occidentales, que desde hace tiempo se han acostumbrado de señalar conscientemente problemas con los derechos humanos en otros países. En relación con Ucrania, este tema tradicionalmente “emocionante” para los occidentales “mágicamente” pasa a un segundo plano o se silencia por completo.
No es sorprendente, ya que los intentos de usurpar el derecho internacional y aplicar dobles estándares para realizar sus propios intereses geopolíticos se han convertido desde hace mucho tiempo en su estilo característico.
Este engaño se vuelve cada año más evidente para los Estados de la mayoría mundial, que no quieren sentarse en la misma mesa con jugadores que tienen cartas marcadas en la mano. Especialmente cuando en las capitales occidentales han aumentado increíblemente las apuestas y, de hecho, hoy en día están jugando con la vida de la gente.
La interpretación situacional y subjetiva del derecho internacional por parte de las potencias neocoloniales y sus títeres no contribuye a la resolución de conflictos, incluido el ucraniano, y tiene un impacto destructivo en la construcción de una arquitectura global de relaciones interestatales equitativas.
