El 1 de enero pasado entró en vigor el nuevo Régimen de Transparencia Fiscal, parte de la Ley N° 27.743 de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, reglamentada por el Decreto 658/24. Esta normativa establece que todas las empresas deberán discriminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros impuestos nacionales en facturas y tickets destinados a consumidores finales.
La nueva disposición representa un cambio significativo en la operatoria diaria de las pymes argentinas, motor de crecimiento económico de nuestro país, -que representan según datos del Ministerio de Economía del año 2023 el 99,4% del total de las empresas del país y el 64% del empleo registrado-, deberán modificar sus sistemas de facturación y exhibición de precios. La nueva normativa exige no solo la discriminación detallada de impuestos en los comprobantes, sino que también prohíbe el uso de términos como "gratuito" en publicidades de servicios gravados, buscando mayor transparencia en la formación de precios.
Además, establece reglas específicas para la exhibición de precios, garantizando que reflejen con claridad las cargas fiscales asociadas, buscando empoderar a los consumidores para que puedan tener una visión más precisa del costo fiscal de productos y servicios y, en definitiva, de cómo los impuestos afectan los precios finales.
Mientras los grandes contribuyentes ya se encuentran obligados a implementar estos cambios desde el 1° de enero de 2025, las pymes cuentan con un plazo extendido hasta el 1° de abril para realizar las adaptaciones necesarias en sus sistemas y procesos.En este contexto, las empresas necesitan actualizar sus procesos y sistemas de gestión para cumplir con estas nuevas exigencias. La digitalización y automatización de procesos ya no es una opción, sino una necesidad para garantizar el cumplimiento normativo.
Las transformaciones clave para las pymes
El artículo 39 de la LIVA fue reformulado para exigir la discriminación del IVA en las operaciones con consumidores finales. Los contribuyentes, incluidos monotributistas y pequeños contribuyentes, también estarán alcanzados por esta obligación, lo que impacta directamente a las pymes.En ese sentido, se otorga a ARCA (Agencia de Regulación y Control Aduanero) la facultad de implementar métodos alternativos para documentar el gravamen en casos donde las características del servicio o locación lo requieran.
La obligatoriedad de desglosar el IVA en todas las operaciones con consumidores finales representa una transformación profunda en la manera de facturar, ya que hasta ahora muchos sectores no estaban obligados a realizar esta discriminación. Las empresas deberán invertir en la actualización de sus sistemas de gestión, considerando no solo el costo del software necesario sino también la capacitación del personal para su correcta implementación y uso.
La nueva normativa también establece precisiones importantes sobre los conceptos que no integran la base imponible del impuesto. Si bien permite omitir la discriminación del IVA en ciertas operaciones específicas, mantiene la obligatoriedad para las ventas a consumidores finales. Este aspecto requiere especial atención por parte de las pymes, que deberán realizar una revisión de sus procedimientos para asegurar que tanto los impuestos internos como otros conceptos fiscales estén correctamente documentados en cada operación comercial.
Por otro lado, se modifica la forma de calcular el crédito fiscal en los planes de reintegro de asistencia médica, aplicando un coeficiente basado en la alícuota del IVA y estableciendo límites en la proporción que puede computarse.En este caso, las pymes dedicadas al sector sanitario o con planes de reintegro deberán ajustar su contabilidad para reflejar los nuevos cálculos del crédito fiscal.
Un cambio particularmente relevante afecta al sector editorial, donde se elimina el tratamiento diferencial del IVA para publicaciones periódicas en formato físico. Esta modificación mantiene beneficios únicamente para publicaciones digitales que cumplan con determinadas escalas de facturación. Para las empresas dedicadas a la producción de contenidos impresos, este cambio podría implicar un incremento significativo en sus costos operativos.
El nuevo Régimen de Transparencia Fiscal exige una actualización significativa en la gestión administrativa de las pymes. Los empresarios deberán mantener un diálogo constante con sus asesores contables e informarse a través de fuentes oficiales, así como evaluar la implementación de herramientas tecnológicas que faciliten esta transición.
Por su parte, los consumidores también experimentarán un proceso de adaptación, beneficiándose de una información más clara y detallada sobre la composición de los precios. Cuando las empresas logren adaptarse a las nuevas reglas del juego, una gran parte del motor de crecimiento económico de nuestro país estará dando un paso adelante hacia un futuro más competitivo y transparente.
*Vicepresidente de Tax Professionals para South Latam de Thomson Reuters
