El gobierno argentino es plenamente consciente del peligro que trae el juicio por la manera en que se renacionalizó YPF en 2012. Y descarta que lo perderá en segunda instancia, donde se encuentra ahora. Y que seguramente será rechazado también por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y que, en definitiva, tendrá que sentarse a negociar con los victoriosos fondos acreedores comandados por Burford Capital, una forma de pago. Pero, la estrategia, es que eso no ocurra en el 2025, y que el momento de sentarse a discutir sea bien entrado el 2026. La causa de esta cronología es simple: para ese año Argentina estaría navegando en un riesgo país por debajo de los 300 puntos básicos; y, obviamente, sería más fácil discutir algún tipo de plan de pagos vía colocación de deuda. No es un dato menor, dado que la deuda acumulada por este juicio casi ya perdido, es que suma unos U$S 16.000 millones de base; y, sumando los intereses, alcanzaría ya los 17.500 millones. O más.
Esta negociación legal en los tribunales de los Estados Unidos, es uno de los capítulos que deberá enfrentar el flamante secretario del Tesoro, Santiago Castro Videla, el reemplazante de Rodolfo Barra, quién llevó adelante el caso ante los tribunales de los Estados Unidos. Como se sabe, el funcionario que maneje esta oficina, es quién debe encargarse de los juicios del Estado dentro del país, y también los de afuera; donde Argentina tiene un récord mundial: los perdió prácticamente todos. Y el caso YPF no es la excepción.
Castro Videla tendrá ahora que enderezar una nave que viene torcida con la gestión Barra, con un avance importante de la jueza en primera instancia Loretta Preska; quién no sólo falló en contra del país en primera instancia, sino que además está mostrando un sospechoso interés en conocer bienes argentinos en los Estados Unidos para potenciales embargos a favor de Burford. El último movimiento se conoció hace 15 días, cuando mandó a consultar a los abogados que defienden e la Argentina donde está el oro del Banco Centra mudado al exterior por orden de Santiago Bausilli. El problema no es este oro, que seguramente está en custodia bajo garantía. El verdadero riesgo es que Preska autorice a avanzar sobre el 51% de las acciones que el estado tiene en la petrolera. Y que hoy por hoy representan unos 9.000 millones de dólares.
Mientras tanto, se sabe, Burford está dispuesto a negociar, en cuanto Argentina lo decida. Incluso ahora, algo que no se dará. Incluso aseguran desde el fondo, perdiendo dinero y sin cobrar la totalidad de los US$ 16 mil millones que la jueza del tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York dictaminó como pena. El año pasado el fondo ya le había enviado señales al ministerio de Economía de Luis “Toto” Caputo, sin tener respuestas formales ni informales, y refiriendo todo el asunto a los tribunales de Preska y a la gestión de Barra y la procuración del Tesoro.
Nada indica que la estrategia cambie. Aún ante la señal que si se abrían las negociaciones con el país, Burford Capital está dispuesto a suspender las acciones judiciales hoy en segunda instancia de la Justicia de los Estados Unidos,. Afirman cerca de Burford, que de esta manera, el país se ahorraría muchos millones de dólares (quizá miles) y que al final de la historia que parece marcada, no habrá que cumplir con el compromiso de una liquidación de aproximadamente US$ 18.500 millones; contabilizando el capital inicial de la demanda desfavorable para la Argentina y los intereses, punitorios, gastos y multas por haber extendido el juicio en la Justicia norteamericana.
El gobierno de Javier Milei tiene otros planes. Básicamente por cuestiones de dinero. Argentina hoy no tiene posibilidades de acceder al mercado de crédito voluntario para reforzar las reservas del Banco Central. Mucho menos para emitir bonos para pagarle a Burford. La única prioridad de la Argentina ahora es cumplir en julio con el pago de unos U$S 4.899 millones de los cupones de los Bonares y Globales de la deuda emitida en agosto del 2020 durante la reestructuración de deuda de Martín Guzmán, y que ya tuvo un primer y clave vencimiento en enero de este año.
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Si el gobierno debiera salir a buscar al mercado voluntario hoy la colocación de deuda para pagar U$S 16.000 millones, la tasa de interés sería, en el mejor de los casos, cerca al 9%. Esto es, casi 1.400 millones anuales. Imposible. Y, si se pudiera, ese dinero debería ir a reforzar las reservas, no a pagarle a Burford. Hay un argumento legal. Como la causa está en apelación en la Corte de Nueva York, y como aún quedaría luego la instancia de reclamar ante la Corte Suprema de EEUU; aún hay tiempo para ponerse a pensar en la negociación con BUrford y el resto de los acreedores. Probablemente hasta el segundo semestre del 2026. Y, para ese tiempo, si el riesgo país continúa bajando, el costo de la emisión de deuda sería sensiblemente menor al actual.
Mientras tanto el tiempo pasa y corre como un reloj de arena. Algo lento, pero implacable en su ritmo. En estos días Preska deberá decidir si acepta o no que las acciones del 51% de YPF en poder del Estado puedan ser embargadas como garantía futura de pago. Burford Capital ya reclamó la medida y ahora todo depende de la jueza. Si esto sucediera, y como el demandante quiere mantener buenas relaciones con su deudor, informará que no ejecutará esas acciones y que permitirá que la petrolera continúe con su operatoria. Y que aguardará al final del juicio para decidir qué hacer con esa acreencia.
Toda esta sofisticada ingeniería financiera, fue elaborada por un “lobo” de Wall Street, de sangre argentina y contratado especialmente por Burford para diseñar una salida aceptable y pagable para el gobierno nacional. Se trata de Gerardo “Gerry” Mato, un ex-HSBC especialista en deudas de países emergentes y operaciones de riesgo, que ya firmó contrato con Burford para sondear un acuerdo extrajudicial. Se sabe que Mato tienen muchos contactos en la City porteña, con los que ya habría tomado contacto. Además de haber llamado a algunos analistas políticos locales para conocer las posibilidades reales de negociación que habría con el Gobierno. Esto, además de un panorama general sobre la oposición.
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Burford había comprado el 70% de la causa y actualmente sostiene bajo su propiedad el 30%, habiendo incluido en la sociedad litigante a algunos anónimos inversores privados (unos diez fondos de inversión), el resto de la causa. El 40% que ya vendió lo fue colocando en diferentes momentos del avance del caso y a medida que se aproximaba el momento actual su precio iba en incremento otorgándole a Burford (un especialista en manejar los tiempos de la oferta y demanda de los casos que va litigando), ganancias extraordinarias.
La demanda se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías hoy en quiebra, abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que el expresidente Néstor Kirchner los hizo entrar como parte de la petrolera. El Grupo Petersen hoy está absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, situación que está judicialmente aclarada en la Justicia española y reconocida por el propio Burford, quien desistió de reclamarle a Petersen.
La causa se basa en el reclamo de Burford por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado.
