En el vertiginoso y contradictorio mundo Milei se inscriben hechos, muchos de los cuales constituyen polos opuestos.
Desde la condescendencia, bienvenida, hacia la no hace mucho denostada República China, diálogos con opositores y gremialistas, anteriormente rechazados, simultáneamente en un acto reciente, los periodistas sin excepciones, recibieron una andanada acusatoria, agresión cuya generalización, en la mayoría de los casos, resulta profundamente injusta.
Es en este escenario que se solapan dos acontecimientos de enorme importancia: un verdadero triunfo del oficialismo, al lograr que el Congreso convierta en ley su iniciativa de boleta única de papel para las próximas elecciones, sepultando definitivamente una vía de posibles fraudes a la vez que economizando para las arcas públicas una muy importante suma, y simultáneamente, enfrentando, no sin razones, a la comunidad universitaria que tal como era de prever produjo un acto multitudinario, con sello opositor.
Movilización ésta que trascendió de su carácter original, para transformarse en ideológica y política, poblada no solo de la comunidad universitaria, sino de gremialistas, jubilados, pilotos aéreos, movimientos sociales y partidos políticos opositores.
A este respecto, cabe preguntarse si las actuales circunstancias son tan diversas a las vigentes en los recientes largos años de régimen K, donde los presentes reclamos y manifestaciones brillaron por su ausencia.
Esa simultaneidad ley de boleta única y conflicto universitario, impidió valorar en su justa dimensión la importancia del destierro de las boletas de papel por partido y puso casi con exclusividad en escena el reclamo universitario, plagado de lugares comunes, medias verdades y directamente falacias.
Los puntos principales de la nueva Ley de Boleta Única de Papel, que se usará en las Elecciones 2025
A este respecto, frente a la airada reclamación de mejores salarios para los docentes, cabe mencionar que una buena parte de ellos, a excepción de aquellos de dedicación exclusiva (una minoría) no dependen de una retribución casi simbólica por su rol profesoral. La mayoría son profesionales cuyo medio de vida es su actividad específica y que asumen su tarea docente como un honor y un deber hacia la universidad que los formó. No dependen del presupuesto universitario, como es alegado en los reclamos.
Más allá de la denunciada falta de transparencia en las rendiciones que deben hacer las universidades, caben algunas consideraciones fundamentales:
- La gratuidad indiscriminada debe superarse;
- Frente a los argumentos de promoción y equidad social que supone la carencia de aranceles, se contraponen variados mecanismos de financiación que protejan e incentiven la movilidad social, apoyando a los más necesitados, como, y a simple título de ejemplo:
- Eliminando la inconcebible gratuidad para estudiantes extranjeros;
- Constituyendo un amplio fondo de becas financiado directamente y también con aportes de los graduados de la universidad estatal;
- Préstamos con tasa subsidiada a devolver luego de la graduación;
- Apoyos empresarios privados.
Deberá encontrarse la convergencia hacia alternativas superadoras, más alla de soluciones voluntaristas, en el marco de la imperiosidad que el país preserve su equilibrio fiscal de una vez y para siempre.
Ni la politización de los reclamos, ni la impericia del Gobierno para enfrentar esta situación, constituyen vías idóneas para superar un problema ya ancestral.
Por el contrario, la inadecuada respuesta oficial constituye una vez más, “otro tiro en sus propios pies”.
Lamentablemente.
