Si consideramos que una metrópolis es “un espacio territorial en el que convive una población que satisface sus necesidades cotidianas (trabajo, salud, educación, recreación) más allá del lugar donde se encuentra su vivienda, pero dentro de ese espacio territorial”, podemos decir que en Argentina tenemos por lo menos tres grandes ciudades que han alcanzado la categoría de metrópolis. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Rosario.
Obviamente hay una gran distancia entre la megalópolis que se ha creado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (15 millones de habitantes) y las dos restantes, pero el incremento de la población y la fuerte dispersión poblacional del Gran Rosario (1,3 millones de habitantes), construida a lo largo del Río Paraná, y la expansión territorial de la ciudad de Córdoba (más de un millón y medio de habitantes) hacia donde la naturaleza lo hacía más conveniente, ha hecho también de esas dos grandes ciudades el centro de típicos procesos de metropolización.
La planificación territorial y la idea de metropolización estuvo tempranamente incluida en los planes del desaparecido Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) que dispuso de una “Oficina Región Metropolitana” que elaboró en 1978 un detallado “Esquema Director Año 2000”, que incluía la creación de dos líneas ferroviarias, una paralela a la costa del Río de la Plata y del Paraná y otra en el mismo sentido pero a considerable distancia, enmarcando una zona que se imaginaba que debería contener grandes espacios verdes y que estaría cruzada por vías transversales que contribuirían a evitar la dispersión territorial.
Pensando la Ciudad de Buenos Aires del futuro
Sin embargo, la ausencia de un “sujeto político del urbanismo metropolitano”, como reclamaba el proyecto, no pudo impedir que el aumento poblacional posterior, particularmente del Gran Buenos Aires, terminara con los espacios verdes y con toda esperanza de una metropolización ordenada.
En Rosario la iniciativa regional ha tenido alcances muy amplios pero resultados más limitados. La existencia de 33 instalaciones portuarias a lo largo de casi 90 kilómetros sobre el río Paraná y la creciente ocupación de los territorios aledaños, generan problemas que dieron lugar a varias iniciativas en la materia. El alto impacto ambiental provocado por la actividad industrial, que se desarrolla en forma imbricada con la residencia en varios ejes de la región; la accesibilidad al río comprometida por la existencia de grandes enclaves productivos y por la presencia de asentamientos irregulares en la ribera del río; la carencia de infraestructuras y servicios, como la provisión de agua ; la ausencia de una política integral de transporte público y la grave saturación de rutas durante la época de cosecha a causa de la presencia del transporte de carga, llevaron a las autoridades políticas al convencimiento de que la transformación del espacio metropolitano hacía necesaria la coordinación de actores públicos y privados comprometidos con el desarrollo del territorio, con “el objetivo primordial de impulsar la conformación de nuevas modalidades de gestión para lograr el financiamiento y concreción de las propuestas consensuadas”.
De allí surgieron, primero, el “Plan Urbano Rosario 2007-2017", luego “Metropolitana” un detallado proyecto de planificación espacial para toda la región y, finalmente, la Municipalidad de esa ciudad, acuciada en el año 2011por una serie de problemas, entre los que se destacaba el surgimiento de la violencia vinculada al tráfico de drogas, promovió un Convenio Marco de Adhesión comprendiendo a dicha ciudad y a los 23 municipios y comunas de la región, que cubren al 40% de la población provincial, sobre la base de un conjunto de directrices de ordenamiento territorial.
Sin embargo, la falta de instrumentos institucionales impidió, una vez más, que estos proyectos llegaran a concretarse, aunque posiblemente favorecieron la instrumentación de más de una iniciativa específica o sectorial.
En el caso de Córdoba se creó en 2022, por iniciativa del entonces Intendente M. Llayrora, el Ente Metropolitano Córdoba, como “institución pública administrativa y autárquica” reuniendo a la capital de la Provincia y 16 municipios y comunas. Desde entonces han trabajado en común en la recolección y tratamiento de residuos sólidos urbanos y en diversas iniciativas culturales y deportivas destinadas a afirmar la identidad de la región. Recientemente han adoptado un amplio Plan de Acción de Largo Plazo.
Debemos señalar también que Mendoza, la cuarta aglomeración más grande del país si se incluye la ciudad capital y los departamentos vecinos, que reunen algo más de un millón de habitantes, creó en el 2016 un “Consejo de Coordinación de Políticas Públicas para el Área Metropolitana del Gran Mendoza”, cuya primera manifestación
importante ha sido la aprobación del Plan de Acción “Mendoza Sostenible”.
La ausencia de una mayor planificación y coordinación regional resulta particularmente llamativa en el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pues allí existen servicios públicos de alcance regional desde hace muchísimos años. Los servicios de distribución de energía existían desde antes de las privatizaciones (SEGBA), una empresa pública aseguraba la distribución de gas (Gas del Estado) y otra, la primera en haber sido creada, la provisión de agua potable y algunos servicios cloacales (Obras Sanitarias de la Nación).
A comienzos de los años noventa, la falta de inversión y el mal manejo de esas empresas públicas determinó su privatización y las empresas que de allí surgieron continuaron prestando servicios en toda la región metropolitana. A ellas se agregó una empresa de agua provincial que cubre buena parte de lo que no atiende la ahora reestatizada AySA.
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Además, existen otras tres empresas que atienden servicios indispensables a escala de la metrópolis. En orden de antigüedad cabe citar a la “Coordinación Ecológica Área Metropolitana sociedad del estado (CEAMSE)” creada en 1977 por un acuerdo entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, cuyos servicios de gestión integral de los residuos sólidos urbanos (RSU) cubren las necesidades de la Ciudad y de 45 municipios de la Provincia. El tratamiento se hace con las mejores tecnologías disponibles, sin riesgo de penetración de líquidos hacia las capas freáticas, rellenando zonas bajas o anegables e incluso dando lugar a la producción de gas. Como parte de su acción, el CEAMSE ha creado ocho complejos habitacionales en su zona de influencia y ha construido y administra el Camino del Buen Ayre, que une a través de 23 kilómetros a las autopistas del norte y del oeste de
la región.
El segundo es la “Corporación del Mercado Central”, entidad pública interestadual, creada en 1984 por un acuerdo entre la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, dirigida por un directorio integrado por las tres partes y que actualmente recibe y facilitar la distribución de más de cien mil toneladas mensuales de frutas, verduras y hortalizas.
El tercero es la “Coordinación Ecológica Área Metropolitana sociedad del estado (ACUMAR)” creada el 2006 por ley de la Nación y con la adhesión de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de llevar adelante (hasta ahora con éxito muy limitado) el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Riachuelo-Río Matanza, que abarca a 6 comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 14 municipios de la Provincia, donde viven algo más de 4 millones de personas.
En lo que se refiere al transporte, en cambio, la región enfrenta un cuadro de muy baja eficiencia, con poca coordinación entre diversos servicios que son propiedad o dependen de autoridades diversas. Para hacer frente a esa situación, en el 2012 se creó, por un Convenio Tripartito entre el Estado Nacional, la Provincia de Buenos aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la “Agencia Metropolitana del Transporte” como un “organismo consultivo, de coordinación y planificación en materia de transporte y su infraestructura....para el transporte y la movilidad automotor y ferroviaria, de superficie y subterráneo, de pasajeros y carga, urbano y suburbano”. Su extensión regional incluía a un buen número de partidos de la Provincia y sus objetivos y funciones abrían la puerta a un mecanismo de colaboración muy amplio. La realidad, a pesar de que el Convenio fue ratificado por
Ley de la Nación en 2014, poco cambió desde entonces.
El problema común a la creación de los sistemas regionales de administración a nivel de las metrópolis radica en la superposición existente entre las facultades y propiedades del Gobierno central, las de las provincias o regiones y las de los municipios. La cesión hacia un ente único priva a todas las instancias de poderes y, en muchos casos, de medios económicos con los que subvencionar o atender otros rubros del gasto público. De allí las dificultades encontradas por doquier en la creación de autoridades o entes metropolitanos y los frecuentes cambios que se observan, ya sea porque el sistema no funciona adecuadamente o porque un cambio en el signo político del gobierno de algunas de esas instancias lleva a una modificación de los principios básicos sobre los que se construyó el sistema regional.
¿Podremos en algún momento superar estas limitaciones y contar con un sistema integrado de planificación territorial y de ordenamiento de los servicios públicos que atienda las necesidades y aspiraciones de quienes viven en estas grandes aglomeraciones argentinas?
FP / Gi
