El 30 de diciembre de 2024, el Tribunal de Impugnación de la provincia de Salta sobreseyó a Santos Clemente Vera, quien estuvo cerca de 11 años en prisión por ser considerado el autor del doble crimen de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Mounmi, hecho ocurrido en julio de 2011.
Aunque puede resultar un argumento técnico, los integrantes del mencionado Tribunal sostuvieron que la acción penal quedaba extinguida porque se habían excedido los plazos razonables para la investigación, y alargar esta última supondría una violación tanto de la seguridad jurídica como del debido proceso.
Aquí resulta oportuno señalar que no se trata de un caso aislado. Sirven de referencia para enmarcar la sinuosa peripecia judicial de Santos Clemente Vera otros procesos resonantes como los de Fernando Carrera –sobre el que se realizó un documental, El rati horror show– o el de Carlos Carrascosa –reflejado en la serie Carmel: ¿quién mató a María Marta?–.
Por lo tanto, una pregunta atendible al respecto podría ser: ¿cómo es posible que suceda algo así? O para decirlo sin eufemismos, ¿cuáles son las condiciones que permiten que la administración de justicia logre mantener encarcelada a una persona inocente durante tanto tiempo? Más allá de la perplejidad que ocasiona que situaciones así ocurran, ¿cómo analizar y explicar esta discrecionalidad judicial?
En un meticuloso trabajo sobre una causa similar, el jurista e investigador Fernando Gauna Alsina señaló que, entre otros factores, es necesario analizar cómo influyen los estatus y las jerarquías internas en el ámbito judicial, dado que sus integrantes les suelen adjudicar cierta infalibilidad a las intervenciones de los Tribunales superiores. Gauna Alsina tomó como objeto de estudio el caso en el que Juan Carlos Aguirre y su hijo Juan Manuel Aguirre Taboada estuvieron procesados penalmente durante dieciocho años por el homicidio de Ana Zerdán, pareja de Juan Carlos. También mencionó allí que las convenciones y los vínculos de cooperación entre los operadores jurídicos contribuyen a que se pasen por alto resoluciones incongruentes que no tienen respaldo en las pruebas ofrecidas. Y que todo esto, aunque discutible moralmente, favorece a una mayor previsibilidad en la dinámica laboral entre colegas que, si bien tienen funciones diferentes –como es el caso de la Defensa y la Fiscalía– terminan privilegiando en la práctica la estabilidad en sus relaciones cotidianas en detrimento de garantías jurídicas como, por ejemplo, la que exige que un proceso penal se lleve a cabo en un plazo razonable.
Randall Collins supo afirmar que “detrás de nuestros roles humanos seguimos haciendo lo mismo que otros animales: observar el entorno en busca de posibles amenazas y aliados”. Parafraseando a este sociólogo estadounidense, podríamos sugerir que, detrás de los roles judiciales, lo que también parece buscarse son aliados, sin embargo, esto último supone un riesgo adicional: que dichas alianzas judiciales, en ocasiones, se hacen a costa del padecimiento de personas inocentes que forman parte de causas penales.
*Investigador del Conicet/UNLP/Instituto de Cultura Jurídica.
